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Contra la educación: SL y el fujimorismo

Enviado el 21/12/2016

Sobre como petardear las reformas educativas… y la democracia.

La educación y la democracia siguen en riesgo. Después de décadas de abandono por fin el Estado central viene trabajando una importante reforma educativa, que si bien tiene carencias, es fundamental reconocer que es un esfuerzo sustantivo que todos los sectores políticos y sociales debemos alentarla y mejorarla. Pero este no es el caso. El fujimorismo, la fuerza política más importante del país en el parlamento, junto al APRA, se oponen a ella. La boicotean y quieren tirársela abajo. No discutiendo el fondo de aciertos o desaciertos de la reforma, sino desvirtuándola con mentiras y diatribas que, incluso, se tradujo en la censura del ministro Saavedra.

Para Apurímac boicotear una reforma educativa no es un hecho nuevo. Durante el segundo quinquenio de la década pasada sectores de la sociedad civil y el gobierno regional impulsaron la implementación de una importante Reforma Educativa Regional. Sin embargo, no fue el fujimorismo, sino grupos neo-senderistas como Conare[1] y Movadef, insertados en el SUTEP, y sectores extremistas de Patria Roja, que paralizaron la reforma más importante impulsada en el Apurímac pos-violencia. A propósito de lo que viene sucediendo en Lima, en las líneas que siguen buscamos dar cuenta de cómo, por qué y cuáles fueron las consecuencias de haber paralizado la reforma educativa apurimeña.

La educación, derecho democratizado a la deriva

Empezamos recordando que la educación fue un derecho conquistado. Hasta bien entrado el siglo pasado era solo privilegio de minorías que ostentaban el poder durante la República Aristocrática. Sin embargo, desde mediados de ese siglo -de la mano de otros procesos- la educación se masifica y democratiza incluyendo en su seno a sectores tradicionalmente excluidos. No obstante, como señalo la CVR, está democratización no fue acompañada por políticas que garanticen un óptimo desarrollo del sistema educativo acorde a las necesidades de entonces. Por el contrario, la descuido al punto de afirmar elementos autoritarios y antidemocráticos que fueron en detrimento del reconocimiento, la tolerancia y la diversidad, favoreciéndose incluso, la emergencia y expansión de la propuesta totalitaria de Sendero Luminoso (SL) durante el CAI.

Luego, en el Perú de Fujimori y la imposición del libre mercado, la educación sufre un nuevo revés. Deja de ser un derecho y se convierte en mercancía y negocio. Con un Estado relegado, el fujimorismo auspició entonces, dos cosas: la proliferación de centros educativos primarios, secundarios y universitarios privados en todo el país, sumando a la comunidad educativa estatal en su etapa más oscura en términos de calidad, e igualmente, auspiciando la emergencia y posterior consolidación de una elite económica a partir de convertir el derecho a la educación en negocio. De este modo, la educación que en un momento tuvo un rol incluyente y democratizador, paso a convertirse en un instrumento usado por SL para expandir su propuesta violentista, y luego con el fujimorismo, en un medio exclusivamente para el lucro, dejándose a su suerte y a la deriva la educación nacional en la cual Apurímac era uno de los más desfavorecidos.

La reforma educativa regional.

Es en el marco de apuestas por revertir este contexto educativo que -primero en 2005 y luego en 2008- nace y se reimpulsa la reforma educativa por actores de la sociedad civil, la cooperación internacional, un equipo de docentes calificados de la DREA y el Gobierno Regional de David Salazar. Bajo una visión educativa al 2021, la reforma planteaba importantes objetivos: alentar la construcción de una región de “todas las sangres” bajo un sombrero identitario apurimeño; la generalización del quechua; una educación de calidad y calidez; una educación intercultural e inclusiva con protagonismo estudiantil y un sistema regional de bibliotecas, etc. Sin embargo también fue una reforma con vacíos y por tanto sujeta a críticas. Su precaria incorporación de las recomendaciones de la CVR para trabajar nuestra memoria colectiva como sociedad pos violencia o haber logrado solo un parcial respaldo social fueron dos de estas.

No obstante los vacíos, la reforma era una importante apuesta a llevar adelante. Primero porque fue un proceso, que si bien luego recibió apoyo de actores de Lima, no nació impuesto desde el poder central sino desde una región históricamente postergada y foco de políticas educativas monoculturales. Segundo, porque pese al parcial respaldo social logrado, busco ser una reforma participativa que recogió aportes de diversos actores involucrados, incluido padres y madres de las siete provincias. Y tercero, porque busco alentar, bajo un enfoque arguediano, la pluralidad y diversidad cultural regional a fin de construir una región en la que, como una suerte de corolario del largo proceso de reivindicación histórica y democrática por el derecho a la educación, los tradicionalmente excluidos sean parte fundamental de ella.

Neo-senderistas contra la reforma.

Pero la reforma regional también tuvo enemigos. Primero Conare -y luego Movadef- fueron los abanderados de la apuesta anti-reforma educativa apurimeña como hoy lo son el fujimorismo y el APRA a nivel nacional. En efecto, cuando la reforma venia encaminada hacia el 2008-2009 con el respaldo de diversos sectores sociales, fue el cambio en la composición de poder del SUTEP, cuando la reforma empezó su caída. Ese año, Patria Roja, que históricamente ocupaba el poder dirigente dentro del SUTEP Apurímac, comenzó a ser desplazado progresivamente de la dirigencia de todas las provincias por el entonces emergente grupo neo-senderista, Conare, que acababa de surgir de después de las disputas internas dentro del magisterio de Lima y Ayacucho.

Ciertamente cabe señalar que si bien formalmente el SUTEP fue involucrado en la reforma, las tensiones internas entre y dentro de Patria Roja, la facción Huaynalaya, los docentes sindicalizados de Acción Popular, APRA y un número importante de apartidarios, no favorecieron el involucramiento pleno del gremio con dicho proceso. De hecho, sectores radicalizados de Patria Roja se opusieron a ella porque según su mirada la reforma era impuesta por el FMI y sus instrumentos las ONG y el Gobierno Regional de turno. En este escenario de faccionalismos concentrado en las ciudades, y de debilidad que descuido el trabajo de bases en provincias y distritos, Conare impulsa sus propios congresos regionales que en los siguientes años le permitió imponerse en el magisterio a partir del fuerte respaldo que tenía sobre todo desde los docentes de diversas zonas rurales.

Así, la crítica hecha por los radicales de Patria Roja fue reemplazada por la crítica más violenta, efectista, y en cierto modo más “orgánica”, del nuevo SUTEP-Conare contra la reforma. De hecho, sin desparpajo se inició una campaña intensa de desinformación e incluso se empezó a reivindicar el nefasto “pensamiento Gonzalo” a través de pronunciamientos virulentos con clara jerga senderista o de documentos anónimos amenazantes contra quienes lideraban la reforma: “enemigos, mercenarios e hipotecadores de la educación apurimeña” o “No hay cáncer revisionista que dure cien años, ni sindicato sutepista que lo resista, por eso barrerlos para siempre”[2] se leía en ellos. Poco a poco, sin mayor respuesta de la sociedad civil para defender el proceso, la misma fue quedando paralizada. 

 

El nuevo gobierno regional y el neo-senderismo.

El golpe definitivo que termino con la reforma, no obstante, fue el cambio en el poder regional que pasó de un gobierno de centro izquierda liderado por David Salazar de Llapanchik al gobierno de derecha de Elías Segovía de Poder Popular Andino. En efecto, el nuevo gobierno centrado en aprovechar el boom minero, abandonó diversos procesos sociales que estaban en marcha, entre ellas la reforma educativa. El desinterés de Segovia, que el 2006 postuló con el fujimorismo al poder regional, significó la nulidad de cualquier posibilidad por reimpulsar la ya golpeada reforma.

Pero Segovia al no advertir la importancia de la reforma, tampoco advirtió la importante presencia que había adquirido Conare en la región como actor político. Fue así que a lo largo de su gobierno este grupo se constituyó en un duro obstáculo a superar. La organización de varios paros entre el 2011 y 2013 -que duraron entre uno y dos meses y llevo a muchas familias con posibilidades económicas al traslado de sus hijos a colegios privados-; la destitución recurrente de funcionarios de la DREA y UGELEs provinciales, reemplazados por sus simpatizantes o incluso por militantes de Patria Roja; y sobre todo el haber aprobado una ordenanza que reconocía el pago del 30% a los docentes por preparación de clases, puso al gobierno de Segovia en un nivel alto de ingobernabilidad.

La posterior Mesa Técnicas de trabajo que se impulsó a nivel regional, incluso la firma de convenio macro regional entre Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno con respaldo del gobierno central denominado “Declaración por la Educación, la Reforma Magisterial, el interés de los niños y la defensa de la Democracia”, apenas fueron manotazos de ahogado que nunca se tradujeron en acciones concretas por mejorar la educación en la región Apurimac.

Los nefastos legados contra la democracia.

Es preciso señalar que Sendero Luminoso y Conare al igual que el fujimorismo (y el APRA como su furgón de cola) nunca tuvieron un proyecto o siquiera una propuesta educativa para la región o el país. Como en Apurímac, hoy a nivel nacional la ultraderecha busca traerse abajo los avances de la reforma educativa escolar y universitaria. En ese afán ya censuraron al ministro que gozaba de mayor respaldo. Pero no es solo la educación lo que buscan afectar estos sectores políticos. En realidad, más consciente que inconscientemente, buscan afectar la precaria gobernabilidad y la democracia.

En el caso de Apurímac el objetivo de Conare estaba centrado en recomponerse como fuerza política (que lo logro en gran medida) para luego tentar el gobierno regional que nunca se produjo, debido entre otras razones, a las tensiones internas desde el 2014; a la no implementación de la ordenanza que reconocía el pago de 30%; y a la ofensiva del gobierno central en negarles inscripción oficial. Todos estos, factores que en última instancia debilitaron a Conare y Movadef hasta la actualidad. Ni que decir de los objetivos del fujimorismo a nivel nacional. Además de defender sus intereses y consorcios educativos económicos, buscan copar lugares claves del Estado con el fin de lograr impunidad para los casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, como el que involucra a Alberto Fujimori. Y para lograr ello, como ha dicho Keiko Fujimori después de la reunión que tuvo con PPK y Cipriani, el fujimorismo tiene “formas muy diferentes de hacer política”. Formas que como todos los días vemos, no se diferencian del neo-senderismo que paralizó la reforma educativa en Apurímac y petardeó la democracia en la región.    

Nota: Queremos expresar nuestra solidaridad y pésame con los familiares de los 13 efectivos policiales muertos en el accidente camino a Antabamba en Apurímac. Esta penosa perdida enluta a toda la comunidad policial, al Perú en su conjunto, pero en particular a Apurímac pues fueron sus hijos la casi totalidad de fallecidos en este accidente.   

    

Enver Quinteros Peralta.

APRODEH.

21 de diciembre de 2016.

 




[1]
                     Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución Clasista del Sutep.

[2]                     Pronunciamiento Sutep Andahuaylas, Abril 2010, y oficio múltiple Sutep Andahuaylas del 9 de setiembre 2010.   

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