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Esperan mayor intervención del Estado en conflicto entre la famillia Chaupe y Minera Yanacocha

Enviado el 22/02/2017
Por: 
Ronald Ordóñez

Son varios los incidentes ocurridos últimamente entre la empresa minera Yanacocha y la familia Chaupe Acuña, quienes se encuentran en una disputa legal para definir la propiedad del predio Tragadero Grande en las inmediaciones del proyecto minero Conga. Ambas partes y defendiendo su posición, han dado cuenta de los hechos registrados, aunque lo que queda claro es que la situación podría en algún momento tornarse más difícil y con consecuencias mayores.

Una de las personas que se pronunció al respecto a raíz de uno de los últimos incidentes, fue la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello. Durante su visita a Cajamarca señaló que esperaba que el conflicto pueda encontrar una salida dialogada o que por lo menos, la convivencia entre la familia y empresa pueda desarrollarse en paz: “Si no interferimos como Estado, esta situación va a terminar con una persona presa o en el hospital y eso sería el fracaso”, dijo, dejando en claro que se  trabajará en tal sentido.

En opinión del Comisionado de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Henry Alcántara Salazar, corresponde al Estado jugar un papel mayor en esta situación, partiendo de garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Mientras no se tenga una decisión final al nivel judicial, cada una de las partes va a seguir considerando que todavía tienen la razón y se pueden generar más enfrentamientos. En tal sentido, es el Estado desde donde se debe buscar garantizar el cumplimiento a cabalidad de lo estipulado por las medidas cautelares”, apuntó, reconociendo que la visita de la ministra de Justicia ha sido beneficiosa en este sentido.

Por su parte, el sociólogo y analista Pedro Sánchez Legrás, manifestó que la disputa se ha convertido en un tema político y público, por lo que es necesario que se generen otro tipo de mecanismos que eviten desenlaces que atenten contra los derechos humanos, proponiendo para tal fin, la creación de una comisión especial: “Siendo un tema público, me parece que lo mejor es constituir una comisión que quizá pueda estar bajo responsabilidad de la Defensoría del Pueblo de modo que vele y evite que el conflicto continúe. Podría estar integrada por el Estado y sector privado. Así se podría  evitar que se produzcan nuevos enfrentamientos y que llegue a mayores.”, indicó.

Finalmente, el coordinador colegiado de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Cajamarca, Roy León Rabanal, sugirió que se acelere la búsqueda de una solución a nivel judicial, además de que en el marco del cumplimiento de las medidas cautelares, Yanacocha pueda en cierta forma restringir sus acciones en la zona en litigio para evitar futuros enfrentamientos: “Si, se tendría que acelerar la definición del proceso, pero el Estado debe de asegurar que la convivencia se mantenga sin más problemas hasta que se pueda resolver por la vía legal. De otro lado, la empresa debería de limitar su accionar porque se pueden desarrollar más situaciones de enfrentamientos, si bien es cierto, tienen sus intereses, pero se están generando una mala imagen en la población”, señaló.

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