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País corrupto

Enviado el 22/02/2017

En las últimas semanas las denuncias y detenciones por actos de corrupción han remecido la opinión pública nacional e internacional. Nuevamente están implicados altos funcionarios del Estado, incluyendo ex presidentes; pero lo que ha reabierto el debate es que estas autoridades gobernaron bajo un régimen de libertades democráticas y que actuaban supuestamente vigilados por las instituciones de control, las cuales no funcionaron adecuadamente en la década de los años 1990.

No es la primera y, lamentablemente, es bastante seguro que no será la última vez que seremos testigos de estos acontecimientos. La opinión de muchos peruanos es que somos un país corrupto desde siempre y que todos actuamos de la misma manera. La manida frase ‘roba pero hace obra’ pronto puede convertirse en un lema de campaña, sincerando la propaganda política y seguramente permitirá que algún político irreprochablemente sincero se haga del poder. Atribuir este problema a una crisis de los valores familiares o sociales, es una propuesta desgastada. Desde la época de Sócrates, sino antes, la sociedad está en crisis de valores y la idea de la disminución de valores en la familia es tan antigua como la propia familia.

Buscar argumentos a favor o en contra de la corrupción en nuestro pasado es una respuesta peligrosa. En primer lugar, porque la naturaleza de los estados de la época colonial y del tiempo republicano no son de la mismas características de nuestro presente. Esto no significa que, analizados en términos de sus propias lógicas, no se encuentre corrupción; por el contrario, los actos de corrupción son bastante frecuentes como lo han demostrado diversos autores, de los cuales Alfonso Quiroz es el más citado por la complejidad y amplitud de su libro. En segundo lugar, tampoco es que solo la historia del Perú muestra esta larga relación con este problema. Ni America Latina es el único escenario de estas prácticas; tanto Estados Unidos como Europa tienen una historia relacionada con este tema. Basta leer las noticias de los últimos tiempos para encontrar actos de corrupción en las altas esferas del poder.

Esto no significa que si todos tienen el mal, y nosotros también, no existe un problema real para resolver, sino que es inherente al manejo del poder en todas partes del mundo. Llegamos al punto de inicio: todos los políticos son corruptos. Sin embargo, desde mi punto de vista, también hay otros aspectos a considerar que quizá son característicos de sociedades como la peruana, que no han logrado desarrollar estados que funcionen con cierto grado de eficiencia y una opinión pública con alguna influencia en el gobierno y la política. La opinión de una gran cantidad de peruanos que considera que apropiarse de fondos públicos, con tal de dejar alguna obra, es algo válido, no proviene de la ignorancia. Pienso que un aspecto importante es que esa mayoría de peruanos considera que el dinero que pasa al bolsillo de los corruptos no proviene de los ciudadanos representados en este conjunto. Es decir, muchos peruanos, quizá una mayoría, no consideran que robar los recursos públicos sea un delito en contra de la población porque el Estado no les dará más de lo que siempre les ofrece, en muchos casos, casi nada. ¿Qué servicios les da el Estado? ¿Qué calidad de educación o salud? ¿Qué prevención para evitar los desastres naturales se mermará con el robo?

Décadas de crisis, aproximadamente de 1975 al 2000, disminuyeron nuestras expectativas de lo que debe ser un estado eficiente. Y, además, se impuso el discurso que esas deficiencias deberían ser resueltas por medio de la inversión privada en salud, educación e infraestructura. Si el Estado no lesdevuelve adecuadamente a la mayoría lo que se percibe por impuestos que se cobran a la ciudadanía,  y si ella no siente que los recursos se destinan a mejorar su vida cotidiana, difícilmente le indignará la corrupción. Y mientras se considere que los problemas más urgentes de la población, como seguridad ante los desastres naturales y los problemas urbanos, educación y salud decentes, no son prioritarios o se les deje solo en manos de la iniciativa privada, la gran mayoría de los peruanos seguirá percibiendo que beneficiarse personalmente con los recursos públicos no los afecta en su vida cotidiana.

Por otro lado, parte del problema es la cultura de no cumplir las leyes y reglamentos e imponer lo práctico frente al engorroso cumplimiento de las normas. Esto proviene, sin duda, de la demostración cotidiana de que violar el ordenamiento no trae consecuencias mayores o que finalmente las propias autoridades encargadas de cumplirlas no lo hacen o se benefician de su condición. Por ejemplo, son una práctica cotidiana los casos de las unidades de patrullaje y serenazgo que se saltan la luz roja o se estacionan en lugares prohibidos. Esto trae como consecuencia que los actos de corrupción se encuentren validados desde el ejercicio del poder, pero al mismo tiempo, deslegitima a las autoridades. Así, cuando algún policía de tránsito intenta sancionar al conductor de una unidad de transporte que se pasó la luz roja, si es temprano por la mañana, digamos las 8 am y se encuentra atestada de pasajeros, la reacción de los ciudadanos no es de indignación contra el chofer; por el contrario, es de molestia contra el policía, a quien culpan de la demora exigiéndole que deje pasar por alto una conducta que en otras condiciones podría ser fatal.

Por último, la corrupción tiene diversos matices. Hay una forma que aquí en el Perú, felizmente, aún no está tan desarrollada, pero que en otros lugares es más frecuente como en México. Se trata de la corrupción para que ‘funcione’ el sistema. Por ejemplo, para sacar una simple partida de nacimiento hay que cumplir con una serie de requisitos, ante los cuales el funcionario encargado siempre saca alguno más, obviamente desconocido por el solicitante, el mismo que se elimina rápidamente con un incentivo económico para el empleado.  Este tipo de situación se facilita por la ausencia de una reglamentación clara e información homogenizada para los trámites, situación que en el Perú existe, pero no es tan grave como en otros lugares de América Latina. Esta situación afecta a los más pobres, quienes invierten gran cantidad de recursos para que el estado funcione o les haga valer sus derechos. La otra posibilidad es la corrupción para evadir las normas y saltarse procedimientos, es la que más usualmente vemos en los medios de comunicación asociadas con las empresas y los funcionarios de todo nivel y de todos los poderes que se encargan de usar discrecionalmente las normas con el objeto de favorecer a personas o empresas.

Más allá de todo intento de análisis o descripción, el hecho concreto es que la corrupción es un problema cada vez más agudo por nuestra incapacidad de sancionarla eficazmente, sea bajo un gobierno autoritario o uno democrático. 

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