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Lava Jato a la peruana: ¿qué pasa en el sistema de justicia?

Enviado el 22/04/2017

A diferencia de lo que pasa en Brasil, y a pesar de los esfuerzos prodigados por los titulares del sistema de justicia para investigar y procesar el caso Lava Jato, la historia de lo que acá acontece es muy distinta.

Pero podría ser peor. Y esto, porque quienes dirigen el Poder Judicial y el Ministerio Público no son quienes generan serias desconfianzas por su actuación en el cargo. En la Fiscalía de la Nación está el fiscal Pablo Sánchez, y no un Carlos Ramos, ex Fiscal de la Nación destituido por el caso Áncash, o un José Peláez Bardales, criticado por su actuación en el caso de la ayuda a una Corte de Estados Unidos respecto del caso Sánchez Paredes, o el proceso de las investigaciones fiscales que pudieran haber habido sobre funcionarios del gobierno aprista. En el Poder Judicial está Duberlí Rodríguez, quien no genera temas como el ex presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein.

No obstante, en otras instituciones el panorama no pinta nada bien. En la coordinación de la Procuraduría sigue al mando Julia Príncipe, a quien algunos siguen viendo como la heroína por las investigaciones a la ex primera dama Nadine Heredia, obviando, peligrosamente, que su cercanía al abogado Moisés Tambini del Valle cuestiona la garantía que ella debe significar en el cargo, respecto de las investigaciones sobre el ex presidente Alan García Pérez. Haber dicho que no existían siquiera indicios objetivos para considerarlo como investigado, teniendo al lado a la procuradora ad hoc que días antes había dicho prácticamente lo contrario, pintó de cuerpo entero al personaje y activó todos esos temores. Asimismo, nombrar a una procuradora ad hoc, en lugar de fortalecer a la procuraduría anticorrupción donde Amado Enco acaba de ser nombrado también hace cuestionar su criterio. Más aún, cuando en una entrevista se le consulta sobre los méritos o casos sobresalientes que vio en la nueva procuradora ad hoc del caso Lava Jato. Lo que recordó fue nada. Otra cosa: ¿qué tan efectiva fue su actuación como procuradora de lavado de activos? ¿Qué dicen las cifras sobre su desempeño? ¿Cuánto dinero logró efectivamente recuperar? ¿Fue sobresaliente tal cual como otras procuradurías, por ejemplo, la anticorrupción? A eso, se suma que la actual procuradora nombrada por la institución que encabeza Príncipe, ha indicado que no hay presupuesto para el trabajo de la oficina que dirige, y que al parecer no tiene órganos propios a nivel nacional donde también se investiga otros casos relacionado a Lava Jato.

La Comisión del Congreso de la República, más que un apoyo, es un obstáculo. Igual que en Brasil. La presidencia al mando de un investigado, que solo ha dejado el cargo ante el reciente escándalo del Callao. ¿Pero a quién se lo deja? A otra integrante de su partido político, partido que ha decidido no investigarse a pesar de que en la época del noventa también hubo licitaciones con sobrecostos de acuerdo a una investigación de IDL-Reporteros. El Frente Amplio como vicepresidente de la Comisión solicitó tomar la posta, lo que obviamente no fue tomado en cuenta por la mayoría fujimorista; y en sí, no se sabe bien si ello hubiera cambiado la historia en una Comisión cuyos integrantes (por ejemplo) más allá de aportar, presionaron indebidamente a la Fiscalía en búsqueda de información, lo que tuvo un tufillo de interferencia y aprovechamiento (lo que no quita, por supuesto, el deber fiscal de mostrar las gestiones que se puedan mostrar sobre cómo lleva adelante las investigaciones en Lavajato, algo que por cierto la Fiscalía brasileña sabe muy bien que sí se debe hacer).

Pasa el tiempo, y a pesar del trabajo avanzado por el actor principal de la investigación, es decir el Ministerio Público, las críticas surgen en son de aporte, y será bueno que sean escuchadas. El equipo encabezado por el fiscal Hamilton Castro debe reforzarse, la visión estratégica de cómo afrontar el mega caso también. La celeridad apremia porque el plazo para tomar lo más importante es este año o el siguiente; más aún si es que se sabe que a mediados de año, Brasil estará dando un buen paquete de información sobre los funcionarios coimeros peruanos (información que, por cierto, no será suficiente si es que siendo solo declaraciones no se cruzan con otros indicios probatorios –tal como ocurre con los dichos de Barata–).

Una de las cosas más importantes en Brasil, de acuerdo también con Sergio Moro, es la eficientísima coordinación entre Policía Federal, Procuraduría (allá se nombra así al Ministerio Público) y la Magistratura. Además, la confianza que existe en los funcionarios que ocupan esos puestos, producto de su eficiencia y separación de redes que en el pasado no hicieron posible lo que hoy sucede en el país vecino. Y por supuesto, el apoyo masivo de la población, que nutre los esfuerzos de los magistrados (movilización de tal magnitud que aquí en Perú no se ha manifestado, ni se sabe si sucederá).

Sobre la Magistratura, lamentablemente, en la última semana se acaba de manifestar un serio problema que puede poner en jaque lo avanzado. Un jaque que muchos desconocen.

El nuevo sistema judicial, creado por decreto legislativo, se encuentra enfrentado con el sistema ya existente que llevaba los casos de Lava Jato. El enfrentamiento se debe, entre diversos temas, por la competencia. Lava Jato es un caso donde además de los delitos de corrupción, se investiga el lavado de activos. Y si bien se ha señalado por decreto legislativo y por la última resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (131-2017-CE-PJ), que los casos de corrupción los ve el nuevo sistema, lo cierto es que los delitos de lavado de activos (el que se considera más grave por la pena que amerita –hasta 20 años aproximadamente–) por criterios que expone la ley (el Código Procesal Penal), lo ve la Sala Penal Nacional. Esto, ha provocado que en un hecho sin precedentes, los jueces que ya venían procesando Lava Jato no acaten la resolución administrativa. Y en efecto, razón en principio parece no faltarles: ¿cómo la competencia definida por una norma podría ser variada por un criterio de una resolución administrativa? Tal resolución, además, no ha sido unánimemente adoptada en el Consejo Ejecutivo: tres votos a favor, y dos en contra.

Lo anterior no es poca cosa, sobre todo si pensamos en el posible aprovechamiento de este problema, que harán los abogados de quienes buscan impunidad. El tema de la competencia debe resolverse pronto, promoviendo indefectiblemente el consenso entre los magistrados, sobre todo si ambos sistemas (que pueden confluir) buscan que se procesen debidamente los casos de Lava Jato. Es una deuda que tienen con el país que exige justicia ante los millones y millones en coima empresarial, y de funcionarios públicos.

No podemos dejar de mencionar, por supuesto, las serias preocupaciones sobre magistrados que integran hoy la Corte Suprema. Entre ellos, destaca César Hinostroza Pariachi, quien actualmente preside la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Elegido en diciembre del 2015 luego de un proceso largo de selección, en que se le negó justificadamente ser juez supremo hasta en 7 oportunidades, estuvo cuestionado por la no declaración de una casa en Miami cuando no había separado bienes conyugales, la motivación de sus decisiones en algunos casos, e incluso hasta un plagio descomunal de una obra. Hinostroza llega, e inmediatamente es nombrado como presidente de una sala. Actualmente se acaba de inhibir de participar en el pedido de nulidad que Alberto Kouri ha presentado contra su sentencia por corrupción. ¿Por qué? Según se ha señalado, porque su hermana fue contratada en la procuraduría del gobierno regional del Callao, cuando Moreno estaba ahí, y luego, como integrante del grupo de asesoría jurídica también. Vaya confianza, entonces, de que Hinostroza esté donde está.

Así está, a grandes rasgos, nuestro sistema de justicia. Lava Jato es enorme, y es la oportunidad de cambiar la historia de la corrupción en algo. Ética y moralmente no hay que desaprovechar esta oportunidad. Pero para eso hay que reordenar y reimpulsar los errores que el sistema de justicia está dejando pasar. Advertidos estamos.

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