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El paro magisterial en Apurímac

Enviado el 23/08/2017

El paro del magisterio lleva 41 días en Apurímac. Como pocas veces este paro ha recibido el apoyo masivo del conjunto de sectores sociales de la región y el país. Las legítimas demandas por mejoras salariales hicieron que el grueso de actores sociales respalde esta medida al punto que las APAFAS, de casi todas las provincias, se han movilizado apoyándola. En el caso de Abancay, el viernes último, cerca de tres mil padres y madres de familia recorrieron las calles de la ciudad, y muchos otros acompañaron a las delegaciones que viajaron a Lima para sumarse a las movilizaciones. Más aún, en las comunidades campesinas, muchos padres de familia muestran su enojo no con el magisterio, sino con el gobierno de PPK por su demora en atender las demandas de los docentes.

A la luz de este respaldo de los mismos padres y madres, senderizar el paro y las demandas magisteriales, como lo hizo –y viene haciendo- el Ministerio del Interior con eco de diversos medios de comunicación, no solo es inoportuno y estigmatizante, sino también revela una lectura limitada y parcial de la medida de lucha que iniciaron los docentes por la reivindicación de sus derechos largamente postergados, y peor aún, ha impedido resolver la larga crisis como hemos visto estos días.

Si bien es cierto que a lo largo de estos últimos años el Estado avanzó en mejorar los salarios del profesorado, resulta claro que ello ha sido clamorosamente insuficiente, pues además existen otros derechos no atendidos que han venido reivindicándose en paros anteriores y que tienen que ver con el pago del 30% por preparación de clases, por sepelio y luto y por años de servicio. Derechos no atendidos a plenitud pese a contar con marcos normativos y un boom económico ensalzado por los gobiernos y elites del país a lo largo de este periodo democrático.

En este contexto donde se ha impuesto la lógica del mercado, es importante señalar y recordar que el gran y primer responsable de esta crítica situación es el mismo Estado, que desde hace más de medio siglo, dejo a la deriva el sistema educativo, lo que se agravó más en el decenio fujimorista al convertir este derecho en mercancía y negocio. En ese sentido, la responsabilidad del Estado, por atender y mejorar la problemática del sistema educativo, no pasa solo por reivindicar y atender los legítimos y justos derechos laborales de los docentes. Tampoco solo por construir infraestructura como hoy se hizo en las zonas más alejadas de la región –a comparación al periodo anterior al Conflicto Armado Interno- o por regalar laptops o bicicletas como lo hicieron Toledo, Humala y el ex gobernador regional Elías Segovia. Menos aún por esas apuestas retrogradas y elitizantes propias de la republica aristocrática impulsadas por Alan García con sus famosos colegios emblemáticos.

En realidad, la responsabilidad del Estado pasa por continuar dotándole, pues hay esfuerzos en ese camino, de una propuesta de solución integral a la problemática del sistema educativo. Ello implica asignar salarios dignos, infraestructura adecuada, alimentación para los más pobres, pero también mejorar sustantivamente enfoques, contenidos, metodologías y currículos educativos a partir de capacitaciones y evaluaciones permanentes de los docentes. Incluso con sanciones positivas, como aquellas que terminaron con los “profesores de miércoles” que abandonaban sus responsabilidades como docentes en las zonas rurales.

Ahora bien, si por un lado el Estado es quien debe ser el primer responsable en impulsar o potenciar esta apuesta, los docentes, en su diversidad gremial y política, también tienen su cuota de responsabilidad en esta tarea. Ello les obliga no solo a exigir legítimamente sus derechos laborales, sino también a plantear propuestas que posibiliten la mejora sustantiva de nuestro sistema educativo. En ese sentido, más allá de la fragmentación que revela el gremio magisterial en esta coyuntura, es vital que empiecen a plantearse, después del paro y en sus regiones, desafíos educativos que vayan más allá de la reivindicación salarial. Su aporte en esta línea es fundamental si queremos alentar una seria y sostenida reforma educativa regional y nacional. Igualmente, en el plano individual es vital una auto-evaluación crítica de los docentes. Conversando con los estudiantes secundarios no es poco común escuchar quejas sobre el aún vigente carácter autoritario, memorístico y vertical que muchos docentes implementan en sus clases. Incluso hay muchas referencias sobre docentes que priorizan otros trabajos –por lograr mayores ingresos económicos-, apoyándose así, incluso para pagar los estudios de sus hijos en colegios privados.

A la luz de los hechos acontecidos en el marco del paro nacional, consideramos sin embargo que existen importantes avances logrados en esta compleja y difícil apuesta reivindicativa. Por lo cual nos parece que las tareas pendientes a resolver entre el magisterio y el Minedu, como es el caso de las evaluaciones y despidos, deben ser materia de debate en el marco de una Mesa Técnica de trabajo serio y responsable que debería conformarse no solo en Lima, sino también con y en las regiones y sus respectivos gobiernos. Muchos padres y madres de familia que apoyan el paro así lo empiezan a ver ya que después de las muchas semanas que viene durando el paro, los logros conquistados y la reticencia a firmar los mismos por los dirigentes, los lleva a ver como “tercos y caprichosos”, un efecto que podría derivar en descredito y desconfianza.   

Finalmente cabe precisar que si bien no nos sumamos al coro de senderizar el debate sobre la lucha magisterial, tampoco debemos caer en la ingenuidad de negar que personajes vinculados al neo-senderismo como son Conare y Movadef, hayan tenido niveles de infiltración en este paro como en otras luchas. No obstante como ya lo explicitamos, la reivindicación de los legítimos derechos de los docentes han estado a la base de este paro histórico, que como también dijimos, debe alentar en el magisterio y docentes apuestas mayores por conquistar un sistema educativo digno, moderno, intercultural y democrático de cara a nuestro bicentenario. 

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