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La sentencia de Caso Cabitos 83 es histórica

Enviado el 23/08/2017
Por: 
Omar Rosel

Después de 34 años de espera, los familiares de las victimas que fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas al interior del cuartel Los Cabitos (Ayacucho), en el año 1983, por fin encontraron justicia, porque la Sala Penal Nacional, el pasado 18 de agosto, emitió sentencia condenatoria contra quienes participaron de estos crímenes de lesa humanidad; aunque la fiscalía, así como la defensa legal de los familiares de las víctimas han observado la sentencia, por ello han planteado recurso de nulidad contra varios aspectos de la sentencia. Noticias SER conversó sobre este fallo judicial con Gloria Cano, abogada de las víctimas y Directora Ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

¿Cómo calificaría la sentencia emitida por la Sala Pena Nacional en el caso Cabitos 83?

La sentencia del Cabo Cabitos 83 es histórica, porque confirmó lo que ocurrió en Ayacucho en 1983. Asimismo, es la primera sentencia de este tipo que se emite respecto al periodo más duro de la violencia que se vivió en Ayacucho durante el tiempo de Fernando Belaúnde Terry. Sin duda, es una sentencia histórica.

¿Qué se ha logrado comprobar con la sentencia del Caso Cabitos 83?

La sentencia confirma que en Ayacucho la respuesta del Estado a la violencia subversiva no estuvo a la altura de un gobierno democrático, sino, por el contrario, dejó en manos de las Fuerzas Armadas desarrollar acciones previamente aprobadas desde el Consejo de Defensa Nacional, desde donde se autorizaba a Clemente Noel la aplicación de un plan antisubversivo que trajo la destrucción y el arrasamiento, con un alto costo en la vida de los ayacuchanos. La sentencia también señala las acciones dispuestas por el Comando Político Militar en el cuartel Los Cabitos, desde donde no solo se impartieron ordenes, sino que se convirtió en un centro de tortura clandestina, desaparición y eliminación de personas de presuntamente subversivas. Y donde además, no sólo se contentaron en tortúralos, sino que intentaron destruir todas las pruebas, creando este horno de incineración para cremar los cuerpos de las personas que eran ejecutadas.

¿Los familiares de las víctimas de Cabitos 83 quedaron conformes con la sentencia?

La sentencia nos parece buena porque establece la verdad de lo que ocurrió en los años de violencia, sin embargo, hay aspectos de la sentencia con los que no estamos conformes y es con respecto a la determinación de responsabilidades. Si bien se condena a dos personas, entre ellos al quien fue el Jefe de Inteligencia de la Casa Rosada por las detenciones y tortura, y la muerte de las víctimas, pero se determina que no tiene responsabilidad con respecto a la desaparición forzada, por cuanto ellos argumentan de que él dejó de ser militar en 1987, por lo tanto, no tendría responsabilidad penal. Si bien es cierto que esto no alteraría mucho la sentencia, sería simbólico.

Sobre Roberto Saldaña Vásquez, ¿no hubo pruebas suficientes como para condenarlo?

En el caso de Saldaña Vázquez, se ha probado fehacientemente que él fue jefe del Estado Mayor y que era uno de los principales asesores del General Clemente Noel. En este tema, la sala estuvo dividida en la absolución de dos contra uno y nosotros estamos de acuerdo con el argumento de la minoría donde se argumenta que se llegó a probar la responsabilidad de esa persona, por ello nosotros vamos a apelar. Otro aspecto de la sentencia en la cual no estamos de acuerdo, es que la Sala ha determinado que de los 34 desaparecidos que se encontró, la fiscalía ha considerado a 24 de la relación de víctimas, señalando que no se ha probado suficientemente y que hay escasez probatoria, con respecto a su detención y desaparición. En estos casos, las desapariciones sucedieron durante la noche para no dejar testigos y solamente queda la palabra del familiar y además se tiene un Estado que ha demorado 34 años para juzgar y, no puede exigir que las personas y testigos estén vivos para que atestigüen dentro del proceso penal. Por ello estamos presentando un recurso impugnatorio para que la Suprema defina.

¿Hay diferencias entre lo planteado por la Fiscal Superior Penal Nacional y ustedes con respecto al recurso de nulidad contra varios aspectos de la sentencia?

 

En el único aspecto que nosotros no hemos presentado el recurso de nulidad y la fiscalía si, es sobre la reserva del proceso contra las personas que han adquirido una enfermedad que tenía que ver con discapacidad mental por la edad que tienen. Y se trata de Carlos Briceño Zevallos, ex comandante general del Ejército, y del coronel (r) Carlos Millones D’estéfano que presentaron sus documentos del hospital Militar donde se señalaba que tenían parkinson, alzheimer y demencia senil, diagnóstico que fue confirmado por medicina legal del Ministerio Público. Para nosotros la Sala Penal tenía dos caminos: el que planteaba la defensa era cortar las secuelas del proceso y el segundo camino era reservarlo, porque puede suceder como en el caso de Pinochet que, luego del archivamiento del proceso, al día siguiente por milagro aparecía caminando y haciendo su vida normal. Por eso es que la Sala determinó la reserva del proceso para que en caso hubiera alguna expresión de que los procesados vuelvan a dar signos de actividad normal, inmediatamente deban responder en el proceso judicial.

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