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TC: Capítulo final

Enviado el 23/08/2017

Se acaba de nombrar en el Pleno del Congreso de la República a Augusto Ferrero Costa como nuevo integrante del Tribunal Constitucional. 100 votos a favor y 10 en contra. Y ha sido, descaradamente, mintiendo o diciendo medias verdades, que es lo mismo.

Víctor Andrés García Belaunde, Jorge Del Castillo, Javier Velásquez Quesquén, César  Villanueva, Vicente Zeballos, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta se han desgastado en diversos argumentos: que es una deuda que buscan zanjar con el país, que hace dos años debieron nombrar a un magistrado, que la ley no obliga a que un abogado que postule al cargo deba dejar el litigio un año antes a fin de evitar conflictos de interés, que si litiga mejor para que conozca la realidad que encontrará, que necesitan darle institucionalidad, que Augusto Ferrero se deberá inhibir si es que está ante algún caso que ha patrocinado, que solo han tenido conocimiento de 2 causas que ha litigado de entre las más de 9 mil que tramita el Tribunal Constitucional.

Error. Los congresistas nombrados han obviado interesadamente dos criterios en este discurso que han pretendido vender a la ciudadanía. Primero, el principio de apariencia de independencia de la función judicial: no solo hay que serlo, sino también y sobre todo parecerlo. ¿Cómo se garantiza ello con un abogado que litiga diversas causas ante el TC, incluso hasta este mes? ¿Cómo se garantiza eso con un abogado que no ha tenido problemas en ser algo así como “amigo de todos”, incluso cuando sus cercanías son a personajes y a políticos que han sido involucrados en diversas investigaciones? Alan García desde los 80 tiene pendientes con serias denuncias, pero no tuvo problemas en ser su embajador en el 2009, incluso post desastre de Bagua. Fue Embajador de la Comisión informante en el conflicto del Cenepa en 1995, cuando Alberto Fujimori había recién tres años atrás hecho el Golpe de Estado, pero tampoco le importó. Apoyó a Cipriani luego del plagio (delito) a Ratzinger, y no le importó, lo que es lógico porque el cardenal al parecer es muy amigo suyo, además de oficiante de la boda religiosa de una de sus hijas. Tampoco le importó aceptar juntarse con Castañeda Lossio para ser su vicepresidente a fines del 2010, a pesar que ya había explotado el escándalo Comunicore. Uno puede escoger a sus amistades y cercanías, ¿pero justo éstas? ¿Por qué? Ese criterio que los congresistas han tratado de explicar no se pueden soslayar, más aún cuando en el TC se ha visto varias veces la definición de un hábeas corpus que busca beneficiar a Fujimori de la pena justa de 25 años que tiene, más aun cuando el caso El Frontón podría ante una insistencia volver a ser analizado por el TC.

Y fuera de ello, más aún cuando ha patrocinado causas de las que, en efecto, solo conocemos 3 (y muy grandes). Pero ojo: solo conocemos 3, porque a pesar de haberse pedido no se ha informado cuáles son todos los casos que patrocina. Y eso es sustancial. “Se deberá inhibir”, dijo un congresista. Pues bien, esa inhibición no necesariamente es obligatoria porque se deja al juicio del propio magistrado cuestionado (¿ah, eso no lo dijeron, verdad?), y la ciudadanía tampoco podría exigirlo porque (nuevamente) no se ha dicho todas las causas que él o su estudio o los socios de su estudio patrocinan. Miguel Ángel Torres habló de la inhibición del profesor César Landa en el conflicto de la PUCP con el Arzobispado, pero no habló, de que “los magistrados Carlos Mesía y Ernesto Álvarez -conocidos profesores de la San Martín- no se inhibieron en las causas N° 1807-2007, N° 3148-2007, N° 5171-2007 y N° 3713-2008 que involucraban a la Universidad San Martín de Porres”, tal como en su momento IDL cuestionó en el 2012. Tampoco se acordó Torres en este Pleno, que Ferrero Costo asistió, en contra de los principios éticos, al almuerzo del 2012 que el entonces magistrado del TC Carlos Mesía organizó, a pesar de que este magistrado como los demás tenía en manos el caso constitucional entre el Arzobispado y la PUCP… Ferrero Costa era asesor al cardenal.

Tampoco hablaron los congresistas de que el derecho, ni el criterio del Parlamento, puede hacer caso omiso de un fenómeno cotidiano y central de la corrupción: las redes. Redes a las que la ley, como hemos visto, no logra debidamente detener o al menos obstaculizar. ¿La ley no da actualmente las garantías para evitar los conflictos de interés de los abogados? Eso no es impedimento para tomar criterios que prevean esos conflictos. ¿Que han existido magistrados del TC que fueron abogados? Pues bien, ¿tenían esos otros ex magistrados este tipo de cuestionamientos?, ¿es acaso 2017 igual a esos otros años?, ¿acaso con Lava Jato no hemos aprendido que los estándares de prevención de redes deben elevarse?

Para colmo de males, Javier Velásquez Quesquén dijo que incluso ese debate, el único que existía sobre la elección, no debió darse. La ciudadanía pide transparencia, y el Apra con las demás bancadas la han negado. Queremos un nuevo magistrado del TC, sí, pero no así.

Estamos en un serio problema. Esta “elección” ha confirmado, luego de la “elección” del Defensor del Pueblo y de los integrantes del BCR, que el copamiento es inminente, lento, pero seguro. Y que el fin del Tribunal Constitucional se avecina. Nada cambiará, aunque haya propuestas de transparencia y de medidas para garantizar la apariencia de la imparcialidad en el TC. Las repartijas, hoy en forma de imposición numérica, van ganado la batalla en un Congreso de aplastante mayoría fujimorista, seguida por representantes del Apra, de Acción Popular, de PPK… a menos que hagamos algo.El congresista Torres dijo que vienen a saldar deudas, ahora nos preguntamos a qué deudas exactamente el fujimorismo se refiere.

Comentarios (1)

Es gratamente impresionante

Es gratamente impresionante la claridad con la que Cruz Silva afronta todos los temas sobre los que comenta.

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