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Drogas: El fracaso de los tratados

Enviado el 23/11/2011

Jérôme Mangelinckx

Al igual que el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, cuyos principios fundamentales son la no-proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear restringiendo la posesión de armas de este tipo a cinco de los 188 Estados parte del tratado (EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y China), ¿se ignorarán las convenciones internacionales de fiscalización del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas?

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes limita la producción, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de opiáceos, marihuana y cocaína para fines médicos y científicos únicamente. En 1971, y frente a la aparición de nuevas drogas sintéticas, médicas y alucinógenas, se firmó el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas Así mismo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) criminaliza la posesión de drogas para el consumo propio e inmediato.

La implementación de dichas convenciones queda a criterio de cada país. Sin embargo, éstas establecen una obligación jurídicamente vinculante en virtud de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969). Hasta la fecha, 184 países se adhieren a las convenciones debido en gran parte, a la presión de varios países del Hemisferio Norte. Así, algunos países utilizan los Tratados para implementar políticas más severas, como en el caso de Rusia y Ucrania cuyas políticas se enfocaron en la reducción de la oferta y en la criminalización de los usuarios de drogas. El resultado ha sido el fuerte crecimiento del VIH debido al uso de sustancias inyectadas.

¿Cuáles serían las consecuencias que sufriría un país en caso de frustrar las convenciones internacionales? En general, estos países sufren graves sanciones de tipo económico, recortes en la ayuda humanitaria así como daños a su reputación a nivel internacional e integridad ética en un contexto maniqueo de guerra contra las drogas. Cabe preguntarse ¿en qué medida un cambio radical en la legislación peruana en materia de drogas afectaría el TLC con Estados Unidos u otros países?

Son varios los países que experimentaron con nuevas políticas contra el tráfico ilícito de drogas y reducción de daños y riesgos. Así, Alemania y Suiza implementaron programas de sustitución e intercambio de jeringas y agujas. Los Países Bajos y Noruega establecieron módulos seguros de consumo de drogas. Suiza desarrolló programas de prescripción médica de heroína y metadona. Los Países Bajos autorizaron la venta en establecimientos con licencia. Y Portugal adoptó políticas de descriminalización de la drogas.

Distintos países han apostado por un cambio profundo de política sin sufrir consecuencias  drásticas de parte de la comunidad internacional. Sin embargo, ese margen de libertad discrecional en el diseño y la implementación de políticas soberanas en materia de drogas y lucha contra el tráfico ilícito, es muy estrecho en América del Sur y el Hemisferio Sur en general.

Recordemos que las convenciones internacionales de fiscalización del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no lograron poner fin a la producción mundial de drogas ni mucho menos contener su consumo. Algunas voces ya se han alzado pidiendo poner fin a la fracasada guerra contra las drogas. Por ende, es imprescindible revisar y reformar los tratados basándose en políticas enmarcadas en políticas de salud pública ya que son más eficientes en términos económicos que las de fiscalización y criminalización.

Es tiempo de cambiar el discurso de la llamada “guerra contra las drogas”. Alentemos a los gobiernos a experimentar con las políticas de drogas a fin de descriminalizar su consumo enfocándose en salud pública, derechos humanos, seguridad y reducción de daños.

A modo de conclusión, vale la pena mencionar los esfuerzos del Beckley Foundation (1) que promueve una nueva Convención enfocada en cambios políticos basados en conocimientos empíricos y no en ideologías maniqueas, una diferenciación entre drogas y patrones de uso, estrategias de reducción de daños, una flexibilidad y sensibilidad cultural, así como los principios de derechos humanos y proporcionalidad.

Nota

(1) http://www.beckleyfoundation.org/
 

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