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En la memoria del mundo

Enviado el 23/11/2016

Las voces y las historias de las víctimas de la violencia política en el Perú han sido recientemente reconocidas como parte de la “memoria del mundo”. Este bello nombre corresponde a un programa auspiciado por la UNESCO, organismo internacional que, el pasado lunes 14 de noviembre, en una ceremonia realizada en el Lugar de la Memoria, certificó la incorporación de los acervos documentarios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y del Registro Único de Víctimas (RUV), este último a cargo del Consejo de Reparaciones (CR), dentro del mencionado Programa.

El Programa Memoria del Mundo busca preservar y proteger el patrimonio documental existente en el planeta, facilitar el acceso universal al mismo y crear conciencia mundial sobre la importancia de las tareas archivísticas. La lista de archivos incluidos en este registro mundial es amplia y diversa, e incluye joyas como la Carta Magna (Inglaterra), la Declaración de los Derechos del Hombre y de Ciudadano (Francia), los escritos de Simón Bolívar (Venezuela), o el diario de Ana Frank (Países Bajos).

Algunos países han logrado el registro de archivos relacionados con procesos de violación masiva de derechos humanos que quedaron reflejados en colecciones documentales como los archivos del ghetto de Varsovia (Polonia), los archivos de derechos humanos (Chile) o los Archivos del Terror (Paraguay). En esa línea se inscribe el reconocimiento a los acervos documentales de la CVR y del RUV.

Esta distinción es muy importante porque otorga reconocimiento y protección internacional a dos importantes esfuerzos realizados en el Perú, los cuales han recopilado las historias de miles de peruanos y peruanas que sufrieron en carne propia el embate del terror. La CVR basó su extensa investigación sobre el período de violencia en más de 18 mil testimonios. El RUV está basado en un número aún mucho mayor de declaraciones recogidas en todo el país. La incorporación en el Programa Memoria del Mundo valida la labor realizada en la última década y media.

En la memoria institucional del Consejo de Reparaciones, publicada el año 2013, escribimos lo siguiente sobre el valor testimonial del RUV:

“… este registro, además de un instrumento para identificar a los beneficiarios de los programas de reparación, constituye también un ejercicio nacional de memoria. Las historias recogidas, en un volumen nunca antes conocido, le brinda al Estado y al país en su conjunto, la oportunidad de elaborar un listado de todos los nombres, muchos de los cuales sin este esfuerzo quedarían sumidos en el olvido.

El RUV es un instrumento oficial, por tanto le pertenece a la comunidad nacional. Es el conjunto de la sociedad nacional la que se compromete, mediante este registro, a guardar memoria permanente de los nombres en él inscritos – y de las historias que vienen detrás de los mismos. Este esfuerzo completa desde el Estado las memorias individuales, familiares y comunales, y los relatos institucionales sobre el tiempo del conflicto. El RUV se convierte así en un receptáculo de todas esas memorias, al ubicar juntos a todos los nombres de quienes sufrieron en diversas formas durante ese trágico período de la historia nacional” (Consejo de Reparaciones, Todos los nombres. Memoria institucional del Consejo de Reparaciones, pp. 93-94).

El reconocimiento otorgado hace unos días es producto de un largo proceso. La idea original – es justo reconocerlo – provino de la siempre activa Rosario Narváez (APRODEH) quien buscaba la manera de postular el acervo documentario de la CVR al programa Memoria del Mundo. Me tocó presentar la idea al Consejo de Reparaciones, en ese entonces presidido por Sofía Macher.

El Ministro de Cultura Jorge Nieto y la Viceministra de Derechos Humanos Gisella Vignolo recibieron en nombre del Estado un esfuerzo que comprometió a muchos. Esta última hizo una mención a Pilar Coll, enorme defensora de los derechos humanos desde todas las instancias en las que estuvo comprometida. El Ministro Nieto, en su intervención durante la ceremonia, señaló que el desafío abierto para el país es lograr la convivencia democrática de los distintos relatos construidos sobre el período de violencia política y lograr, al mismo tiempo, que el respeto a los derechos humanos sea una tarea común para todos los ciudadanos de nuestro país.

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