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Una carretera puede significar desarrollo o destrucción

Enviado el 24/01/2018
Por: 
Ronald Ordoñez

El 22 de enero se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30723 que “declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali”. La ley es firmada por el presidente del Congreso, Luis Gallareta, al concluirse el plazo para que pueda ser observada  o promulgada por el presidente Kuczynski, quien hizo caso omiso a los cuestionamientos surgidos por los impactos en las áreas naturales protegidas y en los pueblos indígenas. Al respecto, Noticias SER conversó con Carlos Soria, abogado experto en derecho ambiental que se suma a las voces en contra de esta iniciativa.

¿Cuáles es su opinión respecto a la aprobación de esta norma que tiene impactos en los pueblos indígenas y en las áreas naturales protegidas de la zona?

Es desde el punto de vista técnico legal una estupidez. No tiene ningún sentido declarar de prioridad e interés nacional una ley que no asigna recursos o que no genera mecanismos para que se implemente, parecería un esfuerzo inútil, pero en realidad el problema es mucho más complejo. No importa tanto lo que diga el texto de la ley sino que es una jugada política pues el gobierno central probablemente no va a destinar recursos o no priorizará los proyectos de carreteras. Esta ley está hecha para justificar el accionar de gobiernos regionales y locales, respaldando políticamente a proyectos generalmente sin estudios de impacto ambiental y en contra de la voluntad de los ministerios. Es una jugada política desde el fujimorismo para respaldar proyectos que no tienen ningún sentido, pues son carreteras que ya se están haciendo a punta de trochas. El argumento es que se trata de sacar los productos de la zona hacia el mercado y de conectar con la sociedad nacional y llegar el desarrollo, pero no es cierto.

Entonces, al ser una norma promovida por el fujimorismo ¿qué intereses cree que podrían estar detrás?

El respaldar carreteras que se hacen de manera ilegal. Son intereses que ya están. Tenemos al gobernador (Luis) Otzuka en Madre de Dios que ha estado construyendo una carretera hacia el Manu con dos proyectos pero ¿para qué son? Un argumento es que permite la salida de los productos y la gente bien intencionada piensa en productos agrícolas, pero no. Son productos como madera, oro ilegal o coca, es decir, más complejos y que no tienen que ver con el poblador local sino con inversiones de mediana y gran escala, sin planes de manejo  ni cuidado ambiental y poniendo en riesgo a pueblos indígenas, especialmente en aislamiento o contacto inicial. Lo otro es que así como los productos salen, también van a entrar insumos para el narcotráfico o prostitución.

¿Por qué cree que PPK no observó el proyecto de ley a pesar de las advertencias de sus propios funcionarios, incluso cuando existía un informe del Viceministerio de Interculturalidad que advertía los peligros?

Es que ya no queda gobierno. El gobierno de PPK duró pocos meses negociando con el fujimorismo y no ha tenido control, está arrinconado. Recordemos que Mercedes Aráoz es una lobbysta como tanta gente irresponsable a quienes le importa poco las consecuencias ambientales y sociales de sus acciones. Tienen la idea vaga de que no hay que detener el desarrollo y piensan en la carretera como desarrollo, pero una carretera puede significar desarrollo o destrucción dependiendo de dónde estás. ¿Qué tiene de especial Puerto Esperanza que no tengan otros sitios?, pues la caoba. Es la ciudad más cercana a 4 millones y medio de hectáreas de árboles de caoba que están en peligro de extinción en el país, con una cuota restringida de extracción y que ha subido de valor en el mercado mundial. Esa es la razón y por eso el gobierno no las puede parar, porque políticamente es complicado pelearse con la ejecución de carreteras, además no tiene fuerza para encarar al fujimorismo y finalmente hay grandes intereses económicos detrás. Cuando el congresista Tubino impulsa carreteras de este tipo como en el caso de la ley N° 30574, está pensando en el negocio que pueda hacer con los madereros y traficantes de tierras.

Entonces ¿hay un lobby maderero en favor de la norma?

Siempre lo hay. Los madereros están a favor de normas que permitan acceder a nuevas tierras y aunque no hubiera la norma, igual van a llegar porque no hay ningún control.

¿La norma estaría violando el derecho a la consulta previa? 

Sí. Es obvio que afecta la calidad ambiental de los territorios y de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En ese sentido requiere consulta previa, pero hay que fijarse en la ley N° 30574 que es en realidad la primera pieza del dominó de promover las carreteras, que se aprobó el año pasado gracias a una componenda política en la Comisión de Ambiente y que ahora tiene como consecuencia esta nueva ley. El informe favorable de la Comisión de Ambiente permitió darle luz verde al fujimorismo para mover este tipo de proyectos y así hemos tenido durante el año como cuatro proyectos alrededor de este tema que requieren la consulta. Hay que consultar todo lo que pueda afectar a pueblos indígenas, pero tenemos a salvajes fujimoristas que se pasan por el forro la legislación nacional.

 Y se incumplen compromisos internacionales.

Claro, afecta los compromisos internacionales del Perú. Por un lado a convenios referidos a áreas protegidas y pueblos indígenas, pero también los compromisos en la Cumbre de París o en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Afecta la posibilidad de lograr financiamiento verde para lo que ahora se llama infraestructura verde.

¿Qué medidas se pueden tomar con la ley publicada?

Lo que en realidad necesitamos es control en campo. Esto ya está escrito en la Evaluación Ambiental Estratégica de la Interoceánica Sur. Hay que tener control integrado del Estado en las carreteras. El Estado ha tratado de hacer este control integrado en Interoceánica Sur en Madre de Dios y creo que le ha costado mucho porque no coordina entre sí. Desde los inversionistas hay interés que el Estado siga neutralizado, débil, amarrado a su escritorio y no piense en cómo salir a campo. Estar en campo tiene que ver con tomar control de carreteras, de ríos, áreas protegidas, de sitios de pueblos indígenas, exigir los planes de manejo y generar bienestar.

En base a lo anterior ¿qué aspectos deben pensarse para el desarrollo de las poblaciones que necesitan conexión?

El sistema económico mundial nos lleva a repetir babas, a pensar que todo se trata de grandes exportaciones o producciones y no, lo que necesitamos es generar productos de alto valor y tratar de llegar lo más directamente al consumidor final. Ejecutar un plan de manejo con los pueblos indígenas. Necesitamos el contacto entre este mercado mundial y la población local, apostando por la población, pero hay un montón de esos proyectos que están desperdiciados. Tenemos productos de alto valor que le interesa al mercado mundial, como jamón serrano de carne de monte, aceite esencial de palo rosa, semillas de metohuayo o el propio turismo. 

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