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Democracia contestataria

Enviado el 24/01/2018

Desde el 24 de diciembre del 2017 nuestro país padece un escenario social polarizado debido al indulto a Alberto Fujimori. Hemos regresado a la dinámica de las marchas y protestas en las calles por parte de miles de ciudadanos y ciudadanas que rechazan esa medida por ilegal y ofensiva. Y, según se ha anunciado, estas son el inicio de varias más para “hacer sentir el desacuerdo del pueblo”.

La reacción del gobierno desde el discurso ha sido de compromiso, asegurando que respetará y garantizará el derecho ciudadano a expresarse libremente, como establece la Constitución. Pero si observamos los hechos no ha tenido una actitud de real convencimiento. Por ejemplo, sí se han permitido las marchas pero acompañadas (que podríamos leer como vigiladas) por un cordón policial que ha actuado como un celoso guardián intolerante ante la mínima sospecha de “desorden público”.

Por otro lado, así como existen los que están en desacuerdo con el indulto, también están quienes lo apoyan. Tan vehementes como los primeros. Periodistas, políticos y algunos “notables” han agradecido la decisión presidencial de indultar al “mejor presidente de la historia peruana”. Y también han marchado bajo el lema de “la reconciliación” entre peruanos y peruanas. Así, nos han querido convencer a todos de las bondades del indulto gracias al cual, nos dicen, nos vamos a reconciliar.

Desde los años 90 la movilización ciudadana ha sido relevante y hasta determinante para enfrentar el gobierno de Fujimori y su asesor (léase socio/secuaz) Montesinos. Sin embargo, la protesta expresada en un conflicto social sigue considerándose como el aguafiestas de la supuesta armonía social. El griterío impertinente que remece las seguridades de aquellos que se sienten interpelados por esas manifestaciones públicas.  Al igual que en los 90 ha sido el rechazo a la corrupción el que ha activado a la calle.

Si antes fue Montesinos el mensajero corruptor, hoy ese rol le corresponde a la empresa Odebrecht. Y esto ha fortalecido el injusto dicho popular “todos roban”. Con lo cual la legitimidad de nuestro sistema democrático vuelve a estar seriamente cuestionada. Si la mayoría de las instituciones del Estado no son confiables el caso “lava jato” no ha refrescado la certeza de su debilidad permanente ante la corrupción.

Otra vez hemos descubierto la posibilidad de que se gobierna no necesariamente a favor de los intereses ciudadanos. Por ello se requiere una preocupación más intensa, lo que significa cuestionar, interpelar, preguntar y manifestarse hasta encontrar respuestas. Y cuando no hay quienes representen esas exigencias ciudadanas el recurso de la protesta social se convierte en un urgente y legítima necesidad.

En este sentido, el filósofo Philip Pettit propone una “democracia contestataria”. En ella, según afirma, «los ciudadanos se involucrarán con el gobierno a través de controles continuos. Ellos monitorearán o vigilarán el gobierno por medio de protestas respecto de prácticas o políticas que consideren objetables». Esto a diferencia de lo que él llama “democracia electoral” en donde solo en periodos electorales la gente manifiesta su opinión a través del voto.

La propuesta de Pettit es interesante si consideramos que la clase política peruana al estar en estado de coma moral es poco confiable, e incapaz de acoger o interpretar las demandas ciudadanas ante un gobierno que también está en cuidados intensivos. Además al no existir legítimos liderazgos políticos que representen a esos miles de peruanos y peruanas que desean expresar su enojo, una opinión, un desacuerdo, su escándalo ante situaciones consideradas inmorales, participar y manifestarse de forma contestataria es un recurso necesario. 

Además, lo interesante de la propuesta de Pettit es que pone a prueba las condiciones que permiten el derecho a reunión y de expresión señalados por la Constitución. Por ejemplo, señala que «en orden a que una democracia contestataria prospere, deben existir una serie de disposiciones constitucionales». Además, exige al Estado disponibilidad a responder a las demandas ya que la democracia contestataria requiere «transparencia y libertad de información del lado del gobierno e, idealmente, una voluntad hacia la consulta». Y esto a la par con la presión pública que se ejerce través de la prensa porque «tiene que haber libertad de expresión y medios de comunicación que sean independientes».

Y no queda allí, «los diferentes niveles de contestación incluyen la acción judicial, la solicitud de acción parlamentaria, la queja ante el defensor ciudadano [Ombudsman o defensor del Pueblo], las demostraciones públicas, así como iniciativas individuales que van desde escribir una carta en un diario hasta un acto de desobediencia civil». Estas condiciones interpelan a nuestras instituciones supuestamente garantes y supervisoras de que se respete y garantice el derecho ciudadano a la protesta. ¿Realmente están dispuestas a ser firmes cuando ilegalmente cercan plazas y calles obstaculizando el desplazamiento de los manifestantes? ¿O cuando la municipalidad apaga el alumbrado público durante cuando se reúnen para realizar sus mítines?

La ciudadanía está en su derecho de ser contestataria. La democracia peruana necesita ser contestataria. Teniendo en cuenta que corren tiempos tan peliagudos es cuando se necesita una ciudadanía pendiente e involucrada activamente, cuidando y demandando que se garantice nuestra convivencia en democracia.

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