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Asociaciones privadas de lo público

Enviado el 24/05/2017

Esta semana el gobierno perdió a su Ministro de Transportes y Comunicaciones,  Martín Vizcarra, quien optó por la renuncia a raíz del caso del aeropuerto de Chinchero. El hecho muestra una vez más las limitaciones políticas y técnicas del “gobierno de lujo” de Pedro Pablo Kuzcynski, que tras seis meses de insistir en la defensa de la adenda al contrato de Chinchero, acabó entregando la cabeza del funcionario público más importante después del Presidente de la República. La investigación a la que se someterá a Vizcarra será un nuevo capítulo de la puja entre el Poder Ejecutivo y un Congreso de la República dominado por el fujimorismo.

En este trance, la factura la paga el pueblo cusqueño. Lo ocurrido con Chinchero se suma a la cancelación del proyecto del Gasoducto Sur Peruano y la suspensión de la construcción del hospital Antonio Lorena. Por si fuera poco, el ex presidente regional Jorge Acurio ha sido detenido acusado de recibir un soborno de Odebrecht por la Obra de Mejoramiento de la Vía de Evitamiento en Cusco.

Los hechos ponen en cuestión varios aspectos de la relación entre el Estado y el sector privado encargado de la ejecución de proyectos de inversión. No se trata únicamente del modelo de las Asociaciones Público Privadas donde la suscripción de adendas funcionó como coartada para engrosar presupuestos y obtener beneficios cuestionables. Se trata también del rol jugado por los estudios de abogados encargados de franquear el paso a las coimas; se trata de los lobistas que 'gestionan' decisiones favorables a sus poderosos clientes, y sobre todo se trata de funcionarios públicos que creen que están en el Estado únicamente para otorgar y 'destrabar' concesiones. Lamentablemente, quienes mayoritariamente han ocupado y ocupan altos cargos en la administración pública actúan más como gestores de la inversión privada que como hacedores de políticas públicas. En esta "confusión", es la ciudadanía la que acaba pagando los costos.

En Noticias SER consideramos que la reconstrucción de la costa norte -para referirnos a una de las mayores demandas de esta hora- es una oportunidad para que el gobierno de señales claras de estar comprometido con un verdadero cambio en el modo en que se propicia la participación del capital privado y, en consecuencia, con un cambio de raíz en la administración pública, para que esta se conciba como defensora del interés público y no meramente como la alfombra por la que desfilan hacia la puerta grande los intereses privados, como ha ocurrido una vez más con el proyecto del aeropuerto de Chinchero

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