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El aeropuerto de Chinchero debe ser hecho como obra pública

Enviado el 24/05/2017

La decisión del gobierno nacional de cancelar el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero con Kuntur Wasi y la posterior salida de Martin Vizcarra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no ha sido suficiente para el fujimorismo, quienes están exigiendo que Vizcarra también deje la Vicepresidencia. De otro lado, las posibles protestas en el Cusco por la cancelación del contrato de concesión, aún están latentes. Si bien la ejecución del aeropuerto de Chinchero podría realizar como obra pública, pero aun el camino no está claro. Al respecto, Noticias SER conversó con Armando Villanueva, Congresista de Acción Popular por Cusco.

 

¿Cuál es su apreciación sobre la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tras haber dejado sin efecto el contrato con el consorcio Kuntur Wasi?   

Es el resultado de una situación insostenible, que determinó que antes de su renuncia el ahora ex Ministro de Transportes Martin Vizcarra, tuviera que anunciar, primero, la anulación de la adenda y luego la resolución del contrato con Kuntur Wasi, porque generaba una situación insostenible, teniendo en cuenta que a lo largo de estos meses había hecho defensa férrea y cerrada de la adenda.

¿Considera que la renuncia de Vizcarra es una victoria de Acción Popular, pero una derrota de Cusco?

No. La victoria que espera Acción Popular, es el inicio y la determinación de un modelo justo, transparente y sin corrupción para la construcción del aeropuerto en Chinchero. Y sobre todo la corrección de este tipo de contratos, que han sido la modalidad a través de la cual se han privatizado ingentes recursos, además de haber sobrevalorado obras en beneficio de ciertos sectores y que debe ameritar una revisión de un conjunto de Asociaciones Público-Privadas, y constatar los costos que significaron para el erario nacional.   

¿No cree que su bancada le ha hecho el juego al fujimorismo, como dice su correligionario Mesias Guevara?

Creo que ese tipo de declaraciones no tienen ningún sustento. No hay nada que comentar al respecto.

¿Tras dejarse sin efecto el contrato con Kuntur Wasi, no cree que se iniciarán protestas en el Cusco?

No veo esa reacción. Sé que hay muchas reacciones de congresistas y muchos defensores acérrimos de Kuntur Wasi y de la adenda, quienes están reaccionando enfáticamente. Y en estos momentos, lo que corresponde es ponerle cabeza fría y racionalidad a la situación. El aeropuerto de Chinchero debe ser hecho como obra pública, que es lo que nosotros sugerimos hace ocho meses, por la sencilla razón de que si el Ejecutivo había dispuesto subvencionar gastos del orden de 90% aproximadamente de la obra, no tenía sentido estar pensando en tener a un consorcio al lado, pues la pregunta era ¿cuál era el aporte de este consorcio? Si tampoco era financiero o de especialidad, porque el consorcio no es una empresa constructora precisamente. Eso ya lo habíamos sugerido antes. Me parece más racional esa postura y eso hay que viabilizar.

Considerando que el aeropuerto de Chinchero se debería ejecutar como obra pública ¿Cuándo debería empezar los trabajos?

Que se inicie inmediatamente con el movimiento de tierra, que no requiere mayor especialización y que puede ser realizado por empresas cusqueñas, por trabajadores cusqueños, dirigidas inclusive por el mismo Gobierno Regional de Cusco. Eso tiene que ser viabilizado, pero tendrá que ser una decisión que tome el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en concierto con el Gobierno Regional del Cusco. 

¿Cuál es su posición con respecto a las opiniones de algunos sectores que califican como un informe “netamente político” y “nada técnico” a las observaciones que hace la Contraloría a la adenda al contrato con Kuntur Wasi?

Si ubicamos la situación del Estado en relación al contrato de Chinchero y la adenda, es una situación muy difícil, porque el gobierno cometió un gravísimo error y expuso al Estado a la posibilidad de que el consorcio pudiera reclamarle una indemnización cuantiosa de cientos de millones de dólares. En esto, la Contraloría cumplió una labor importante, porque hizo una evaluación de la adenda y ha encontrado vacíos, así como mentiras dichas por el Ministro de Transportes que habrían sustentado la suscripción del adenda. Y que están referidas básicamente al acreedor permitido y a la propuesta de adenda que debía haber presentado éste para la suscripción de una adenda. El Ministro, en la interpelación misma, reconoció que el formulario, el anexo 14, que era un requisito para la tramitación y la admisión del acreedor admitido, no había sido presentado. Reconoció al mismo tiempo que no fue el acreedor permitido el que presentó  la propuesta de la adenda, sino el concesionario. Ese sólo reconocimiento, está implicando al Ministro en la comisión de un gravísimo error, porque no estaría cumpliendo con los requisitos establecidos, ni por la convocatoria a concurso del aeropuerto de Chincheros y tampoco en el cumplimiento de procedimientos reconocidos por la ley de APP, que establece que sólo se podrá firmar una adenda antes de los tres años, siempre que el acreedor permitido haga una propuesta de modificación del contrato. Este solo hecho, ya estaba anunciado que había cometido un error, quizá, en el reconocimiento de ese error es que el ministro adoptó la decisión de renunciar.

Entonces, ¿no cabe la posibilidad que el Consorcio Kuntur Wasi recurra a alguna instancia para poder solicitar una indemnización al Estado por la resolución del contrato?

Siempre será posible, pero personalmente veo muy debilitada esa posibilidad, por que lo que argumenta la Contraloria le ha quitado piso al consorcio. La Contraloría diceque la adend a es ilegal, entonces nos encontramos frente a un contrato que ha sido incumplido, que tiene vicios y vacíos, que pudieron constituirse como elementos suficientes para su nulidad. Por ejemplo, la obra debió iniciarse a fines del 2015, eso quiere decir que la empresa habría incumplido en presentar el cierre financiero antes del inicio de la obra, porque lo presentó el 2016, pero con intereses muy altos. Quería hacernos pagar su insolvencia. Eso fue rechazado el 25 de noviembre por el Ministerio de Transportes Comunicaciones, que es representante titular del concedente en nombre del Estado. Estamos ante esa circunstancia, si se ha incumplido tiene muy pocas probabilidades de tener éxito y el Estado podrá hacerse acreedor de las garantías presentadas por el consorcio.  

 

 

 

 

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