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El desborde de la formalización minera

Enviado el 25/05/2016

Sobre la relación de la minería ilegal y el crimen organizado

El Congreso de la República podría adelantarse en cumplir la promesa de Keiko Fujimori: anular los decretos 1105 y 1100, que regulan la formalización de la minería artesanal, así como la interdicción de la minería ilegal. Esperemos que el proyecto de ley 5139 no prospere y se atienda la observación hecha por diversas instancias del gobierno y la sociedad civil.

Lo que se requiere no es la derogatoria de estas leyes, pero sí su modificación y ampliación. En primer lugar el Estado debiera reconocer que ha fracasado en tal proceso; aunque no debemos dejar de reconocer lo avanzado, sino, por el contrario, replantear la propuesta en base a lo aprendido. Una de estas lecciones es que la institucionalización de una política no sólo depende de aspectos legales, técnicos y de gestión. Hay otros factores, como el de un profundo conocimiento de las condiciones por las que surge y se reproduce dicha  realidad, así como de la necesaria  legitimidad que debe tener cualquier propuesta, que debe estar enmarcada en una visión integral del país.

Hay mucho por decir al respecto. A continuación dos puntos de aproximación:

1.-Una nueva tipología que considere la complejidad de la minería artesanal

La minería en el Perú está constituida por 4 estratos: 1) gran minería; 2) mediana minería; 3) pequeña minería; y 4) minería artesanal.

En el caso de la minería artesanal, se trata de actividades de pequeña escala, destinadas a la subsistencia. Sólo se pueden utilizar métodos manuales, equipos básicos, por lo que requiere del uso intensivo de mano de obra. Está prohibido: el uso de dragas o artefactos similares; maquinarias, equipos e insumos como cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras, camiones cisterna de combustible o agua; quimbaletes, molinos ni pozas de cianuración; motobombas y otros equipos. Sin embargo, la ley entra en contradicción cuando establece que los mineros artesanales pueden extraer hasta 25 TM/día o 200 m3/día, así como procesar el mineral en plantas de beneficio. Ambas cosas no son posibles con equipos rudimentarios, menos si deben cumplir con las exigencias de control ambiental.

Por su parte, el minero artesanal informal es aquel que ha iniciado un proceso de formalización, cuya fecha límite es Diciembre del 2016. Mientras vayan cumpliendo con los requisitos podrán seguir operando, de lo contrario pasan a la condición de ilegalidad.

Los mineros ilegales son quienes no cumplen con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales para realizar la actividad, operan en zonas prohibidas, y usan equipo y maquinaria que no corresponde. La estrategia de interdicción se aplica a ellos: represión y sanción inmediata; por ejemplo, decomiso de insumos, maquinarias, equipos; destrucción de maquinarias como dragas, cargadores frontales, retroexcavadoras, quimbaletes, molinos, pozas de cianuración, entre otros.

Estas definiciones no permiten abordar la diversidad de características de las operaciones que se dan. En algunos casos, se trata de minería aluvial, que se da en la Amazonía; en otros casos de minería filoneana, que se da en los Andes. Por la cantidad de extracción y sistema de procesamiento, algunas estarían ubicadas entre la mediana y pequeña minería. En otros casos están las mujeres seleccionadoras de mineral, las denominadas “pallaqueras” (30,000 a nivel nacional), que demandan ser reconocidas y ser sujetas de formalización bajo dicha identidad.

Respecto a lo que se considera minería artesanal ilegal, también encontramos situaciones que requieren de un tratamiento diferenciado. No es lo mismo un minero considerado sujeto o en vías de formalización, que por no poder cumplir con los requisitos administrativos o técnicos, ha sido pasado a la condición de ilegal, como si hubiera cometido un delito. Entre las dificultades para su formalización está el no haber conseguido un contrato con el titular de la concesión o con el titular del terreno superficial. Otras limitaciones son la elaboración y aprobación de instrumentos técnicos. De los 2,627 IGAC (instrumento de gestión ambiental correctivo) presentados, sólo 153 han sido aprobados. Éstos deberán cumplir con un expediente técnico cuyo visto bueno significará su certificación de minero formal. A Enero de este año sólo hay 1,041 beneficiarios.

De las 72,920 declaraciones de compromiso, (primer paso para ser considerado sujeto en vías de formalización) sólo siguen en el proceso 14,000 mineros, cuyo plazo terminará en diciembre del 2016. Muchos de ellos, quieren formalizarse y pueden cumplir con las condiciones para hacerlo, pero o no han concluido los trámites o ya quedaron fuera del proceso. Esta situación no es la misma de aquellos cuya ilegalidad es funcional a la existencia y reproducción de un complejo de actividades relacionadas con el crimen organizado, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la violencia y la destrucción del medio ambiente y la vida. Se trata de dos casos de ilegalidad, que suponen abordajes diferenciados; sin embargo, el foco suele ponerse en los primeros. Los límites entre la informalidad e ilegalidad no están claros y el riesgo es tratar a todos como delincuentes. Tras este desorden se ampara y beneficia una actividad altamente peligrosa, cuyas consecuencias sociales y políticas puede afectar seriamente el curso de nuestro país.

2. La minería ilegal y el crimen organizado

El crimen organizado se relaciona con actividades como la minería ilegal del oro, la tala ilegal, la producción y tráfico de drogas.

Quienes se dedican al tráfico de drogas han encontrado en la minería y el comercio ilegal del oro un medio eficaz y de menor riesgo para blanquear o lavar su dinero. Es así que en nuestro país el 28% del oro extraído es obtenido de manera ilegal. Su comercialización suma cerca de US$2,6 mil millones al año. Esto implica impactos a todo nivel y dimensión, como los ambientales, sociales, económicos, como la evasión de impuestos, y también el peligro de que se consolide un círculo de violencia como ocurre con el narcotráfico.

Hay esfuerzos de intervención al respecto, pero limitados a la interdicción y punición, que se centra en la parte inferior de la cadena de suministro, como si la dinámica de tal actividad se diera sólo en la zona de extracción y de procesamiento del oro. Por ello urge la identificación e intervención del circuito del oro ilegal en toda la cadena de producción, comercialización (acopiadores, exportadores, importadores extranjeros), hasta el consumidor final, en cuyo centro está el crimen organizado. Esto implica quitarse la venda de los ojos, y la decisión política para abordar su relación con redes de corrupción enquistados en poderes del estado a todo nivel; así como con las mafias ligadas al lavado de otros activos, como el contrabando de insumos químicos, explosivos; y la red de trata de niñas.

Además, en la cadena de comercialización del oro ilegal, están involucradas algunas medianas y grandes mineras que se benefician de la informalidad cuando hacen pasar el oro ilegal como producción propia. Desde antes de salir el plan de formalización, estas empresas establecieron contratos con los mineros artesanales para que pudieran operar en sus concesiones con la condición de venderles el oro al precio de su conveniencia. Lo paradójico es que ahora los mineros artesanales deben cumplir con formalizar un contrato con quienes fueron parte del problema y soportar que la penalidad recaiga sólo en ellos.

Por último, en este desborde, está la minería ilegal y su relación con el narcofinanciamiento de autoridades públicas, que habría avanzado, ya que de acuerdo a informaciones periodísticas, habría 8 gobernadores regionales que ganaron en el 2014, y 21 congresistas recién electos, tendrían algún tipo de vínculos con esta actividad.

Lo que preocupa es que todo esto se sabe, el gobierno tiene identificados desde pozas de maceración en operaciones mineras, medianas y pequeñas, hasta aquellas que lavan activos, y financian millonarias campañas electorales. Frente a ello el plan de formalización de la minería artesanal queda desbordado. Esta complejidad de la minería ilegal implica una política integral del estado que intervenga a los eslabones más duros de la cadena y no sólo a los más visibles y vulnerables.

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