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¿El gobierno de la formalización?

Enviado el 26/07/2016

La realidad de la precariedad laboral es un rasgo estructural de la sociedad peruana, aunque este sol de informalidad haya querido ser tapado por más de 25 años con el dedo del “heroísmo individual y emprendedor”. El de PPK parece ser el primer régimen de corte neoliberal dispuesto a tomar al toro por las astas. Si el de Humala fue el gobierno de “la gran transformación”, el entrante promete ser “el gobierno de la formalización”.

Las declaraciones de Alfredo Thorne en Canal N parecen indicar que existe una visión menos estrecha respecto de lo que se necesita hacer para abordar la informalidad. La mención a la necesidad de reducir la evasión tributaria e incrementar la recaudación dan la impresión de que el tema de la informalidad no pasa solo por las “altas barreras de acceso a la formalidad” sino además por la capacidad de monitoreo y eficiencia del Estado para recaudar los impuestos.  Sin embargo, la visión del gobierno entrante parece quedarse solo allí y no aborda cuestiones estructurales o las pone en segunda prioridad. Quizás la más importante tiene que ver con la necesidad de diversificar la economía.

Más que políticas de formalización lo que necesitamos son políticas sectoriales, definidas a partir de procesos de ordenamiento territorial que identifiquen las ventajas comparativas y competitivas de las regiones y macroregiones. El desarrollo de políticas sectoriales, en los sectores forestal, agrícola, de biotecnología, de energías renovables o de cualquier otro sector intensivo en el uso de tecnología, conocimiento y mano de obra pasa porque superemos dos miedos nacionales: aquel que dice que “salvo la extracción de materias primas todo es ilusión” y otro que asume que la intervención estatal es menos óptima para el desarrollo económico.

De entrada, este gobierno deberá abordar la informalidad en uno de los sectores más complejos, el de la minería. Allí se necesita una política clara de ordenamiento territorial que ayude a definir y financiar las actividades económicas más óptimas para las condiciones sociales y ecológicas de regiones con tanto potencial como Madre de Dios. La intervención del Estado a través de programas de asistencia técnica y financiera será fundamental para sostener el desarrollo de pequeña minería allí donde los procesos de ordenamiento territorial así lo determinen. Ahí se necesita entonces dejar de pensar en una política de formalización de la pequeña minería, y pasar a definir una política de pequeña minería, que incluya entre aspectos el referido a la formalización.

Más que el “destrabe de grandes inversiones” lo que urge en nuestro país es el destrabe del ordenamiento territorial y del desarrollo concertado que el lobby del sector extractivo se ha encargado de encadenar por más de 15 años.

 

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