Noticias SER
Logo SER

La consulta previa en el sector minero

Enviado el 26/10/2016

En “La consulta previa en el Perú: avances y retos”, junto a Cynthia Sanborn y Verónica Hurtado realizamos un balance de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios - Ley 29785. A cinco años de su promulgación, concluimos que su implementación constituye un avance significativo a nivel institucional y de su posicionamiento en la sociedad. Resaltamos además los desafíos de su aplicación para la construcción de un Estado intercultural y como instrumento de diálogo legítimo, sobre todo ante los pueblos indígenas. A la fecha, se registran 24 procesos de consulta con acuerdos alcanzados, y 7 en curso.

El caso de la consulta previa en el sector minero resulta interesante pues recibe el mayor saldo de inversión extranjera y sus impactos están asociados a la emergencia de conflictos sociales. Segundo, por la renuencia de algunos representantes empresariales para reconocer la consulta previa como un derecho considerándola como más “tramitología” y “traba” a la inversión. Finalmente, por su tardía aplicación por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se inició luego de un informe de Ojo Público que denunció la aprobación sin consulta de proyectos mineros en territorios habitados por pueblos indígenas.

Desde septiembre del 2015, 8 procesos de consulta sobre resoluciones de aprobación de inicio de actividades de exploración (7) y explotación (1) han sido conducidos por el MINEM con diez comunidades campesinas quechuas de Áncash, Apurímac, Ayacucho y Cusco. Tras estas primeras experiencias, planteamos algunas reflexiones.

En primer lugar, la aplicación de la consulta previa constituye un cambio de esquema en la relación entre Estado y pueblos indígenas, en los ámbitos de influencia de proyectos mineros. Esto, en un contexto donde las empresas han ido asumiendo una mayor participación en los espacios donde operan, por ejemplo, mediante estrategias de relaciones comunitarias que pueden incluir la provisión de bienes y servicios públicos que, en algunos casos, podrían desincentivar la construcción de capacidad política de los gobiernos subnacionales como su legitimidad ante la población (Perla 2010). Respecto a la elaboración de EIA, son las mismas empresas las que determinan los parámetros con los que se relacionarán con la población local (Bebbington et al 2013) en tanto los mecanismos de participación ciudadana, que son parte de los instrumentos de evaluación ambiental, son organizados por las empresas y las consultoras contratadas para tal fin. Esta ausencia de capacidad del Estado para regular la relación empresa-población ha sido asociada a la emergencia de conflictos sociales como el del proyecto Conga.

La consulta previa, en cambio, es conducida por la entidad estatal promotora de la medida administrativa a ser consultada aun cuando el Reglamento establece que la participación de terceros como las empresas mineras se puede dar en calidad de invitados. Por ello, la consulta previa debe ser vista por el Estado como una oportunidad para fortalecer su presencia y legitimidad ante los pueblos indígenas en espacios de extracción minera, más aún los contextos de asimetría de poder que caracterizan las relaciones entre comunidades y empresas mineras.

En segundo lugar, si bien la construcción de institucionalidad en torno a este derecho -gracias a los esfuerzos del Viceministerio de Interculturalidad (VI)- es importante para garantizar su continuidad, esta debe entenderse en términos políticos, es decir, en función al balance de poder entre actores con intereses distintos. Un punto crítico para el sector minero es el momento en que se debe implementar la consulta, existiendo posiciones a favor de una consulta previa al otorgamiento de concesiones por parte de INGEMMET, y otras a favor de incorporarla en los estudios ambientales por su capacidad de modificar aspectos críticos del proyecto como lo recomienda la Defensoría del Pueblo; aunque ha primado la del MINEM, que norma la consulta previa al inicio de actividades de exploración y explotación.

Otras posturas expresan su preferencia a limitar la consulta previa a la fase de explotación e incluso prescindir de ella, como planteaba un proyecto de ley presentado por la congresista de “Fuerza Popular” Úrsula Letona que suscitó respuestas de rechazo entre ONG y organizaciones de pueblos indígenas, incluso de aquellas que no avalaron el Reglamento. La defensa de la consulta previa y su legitimidad, entonces, dependerán de que el VI gane poder de negociación frente a otros sectores con interés en acelerar la promoción de inversiones, tenga aliados en la sociedad civil, y; en particular, con las organizaciones de pueblos indígenas y los partidos políticos.

Tercero. A pesar de los esfuerzos de capacitación a servidores públicos por parte del VI, las entidades estatales encargadas de conducir los procesos de consulta, no suelen concentrar capacidades para el diálogo intercultural. En tal sentido, las acciones de vigilancia que realizan las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos indígenas en calidad de observadoras son fundamentales para mejorar los procesos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo a través de sus acciones de seguimiento ha realizado un conjunto de observaciones al MINEM para mejorar la metodología de diálogo con los pueblos indígenas (la falta de material didáctico adecuado y el empleo de lenguaje técnico) y evitar que los acuerdos a los que se llega representen obligaciones del Estado más que compromisos para que las actividades mineras no afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Respecto a los acuerdos alcanzados, se necesita realizar un seguimiento de su implementación para lograr que la consulta se perciba como un instrumento efectivo y no se repita la historia de algunas mesas de desarrollo con acuerdos que no se llegan a implementar. Al respecto, el anuncio del Ministro de Cultura Jorge Nieto respecto a la creación de una unidad para monitorear los compromisos pendientes entre Estado y comunidades resulta positivo y requerirá la incorporación de las organizaciones de pueblos indígenas.

Finalmente, las declaraciones de algunos representantes y ex representantes de la SNMPE todavía reflejan el carácter reactivo del gremio a la implementación de la consulta previa. Declaraciones que la identifican como una “traba más” o que desvirtúan su sentido asociándola a los talleres de participación ciudadana de los EIA o a la firma de un acuerdo previo resultan ilustrativas de la resistencia de los representantes más mediáticos del sector. De otro lado, un comunicado del Consejo Internacional de Minería y Metales –ICMM exhortando a la SNMPE a asumir la defensa del derecho a la consulta previa, libre e informada nos da cuenta de la importancia de la existencia de redes transnacionales que en ciertos momentos pueden servir de aliados mediáticos y de presión a ONG vinculadas a la defensa de pueblos indígenas. La implementación de nuevos procesos servirá de evidencia para conocer el nivel de heterogeneidad entre las compañías mineras con respecto a su postura frente a la consulta.

En suma, a pesar de sus dificultades, los avances en la implementación de la consulta previa sientan bases importantes para que el actual gobierno asuma la tarea de implementar de manera efectiva y transparente el diálogo intercultural en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Las reflexiones formuladas permiten vislumbrar desafíos a nivel institucional y político; donde el sector minero es un frente fundamental para este gobierno.
 

Comentarios (1)

Existe todo un caso de

Existe todo un caso de Colusion en el proyecto Puerto multiproposito de terminales portuarios chancay. Sobre la consulta previa solo llevaron gente comprada por dicha empresa y gente de construccion civil que actuan como sus chacales cada vez q el pueblo protestava, ahi tb estaban metidos los polis q ya cayeron en los monos d quepepampa. Han pasado por alto muchas cosas. Incluso esta la empresa Volcan tan cuestionada.....

Enviar un comentario nuevo

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Etiquetas HTML permitidas: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Más información sobre opciones de formato

CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de mensajes basura.
CAPTCHA de imagen
Escriba los caracteres que se muestran en la imagen.
Artículos Anteriores
Tania Lucía Ramírez
Aportes
    Comentario Destacado
    Muy claro Jefrey, lo lamentable es que amplios sectores de la sociedad ayacuchana no muestra organizacion alguna, cosa que si hacen los que se benefician de la corrupcion. Entonces "a robar que el mundo se va a acabar" parece ser el modelo de la conducta social actual y futura Leer más >>
    El Video de la semana
    Haykapikaman Suyasun Programa Radial (Huanta)
    Enlaces
    texto