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Chuschi: Alarma por desinformación

Enviado el 27/06/2012

Félix Palomino

El ocultamiento y el silencio como una práctica habitual en el inicio de las actividades mineras, parece ser la madre del cordero de muchos de los conflictos sociales que hoy se desarrollan en el departamento de Ayacucho. Reflexionar sobre la forma como se establece el primer contacto entre los representantes de la empresa minera, el Estado y las comunidades campesinas posesionarias de los territorios demandados, es vital para el diseño de procesos viables de diálogo y negociación.

En el distrito de Chuschi, la empresa minera Río Plata no sólo ha exacerbado los ánimos de las comunidades vecinas (que se diferencian, hoy en día, entre pro mineros y anti mineros); sino que tambien, viene generando un clima de sozobra en la población huamanguina frente a la información difundida sobre la posible contaminación del agua de consumo humano, al tener sus actividades en la cabecera de la cuenca del Cachi.

Paños fríos se han puesto desde el Gobierno Regional con la promoción de la ordenanza regional (1)  que establece de interés público regional la conservación de las veinticinco cabeceras de cuenca ubicadas en el departamento, entre ellas la del río Cachi. Un mensaje que ha tranquilizado a la población. Al menos por el momento, ya que la norma no establece impedimento alguno para desarrollar actividades extractivas en estas zonas.

A esto se suma que, de acuerdo a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ayacucho, la empresa Río Plata cuenta con una concesión de 900 hectáreas, ubicadas en el distrito de Chuschi, y dos petitorios de 600 hectáreas cada uno (Dorita 2 y Dorita 3), ubicados en el distrito vecino de Vinchos. Esto muestra la ampliación progresiva y acelerada de las concesiones mineras en el territorio regional, la misma que ha pasado de 421 mil hectareas aproximandamente en el año 2002 a 1 millón 307 mil hectáreas en el 2010. Es decir, se ha triplicado el número de hectareas concesionadas para actividades mineras en solo ocho años .

Asimismo, se ha incrementado la conflictividad al interior de las comunidades campesinas del ámbito del proyecto de la minera Río Plata, cuyos espacios territoriales están en proceso de petición o concesión a la actividad extractiva, y entre estas, por los beneficios directos ofrecidos y otorgados por la empresa. Beneficios que son percibidos como desiguales al existir diferencias, en los pagos por servidumbre y compensación y en las cupos de trabajo, entre comunidades que pertenecen al mismo ámbito de intervención de la empresa minera.

Esta suma de hechos han generado cierta alarma en la población. Los silencios de una empresa que a la fecha no se pronuncia sobre el tema unido a un Estado desarticulado, que le cuesta poner en funcionamiento mecanismos rápidos de comunicación, y a un gobierno regional, que comete constantes errores en su intervención en los conflictos medioambientales y carece de decisión para concretar la institucionalización de mecanismos de gestión y prevención de conflictos, agravan el escenario al alimentar la desconfianza de la población. 

En este contexto, la prevención y gestión de los conflictos es fundamental y debe realizarse con el concurso de los actores claves: la empresa, el Estado (en sus tres niveles: nacional, regional y local), y la sociedad civil. Y donde el diálogo en condiciones de igualdad, debe ser el inicio y no el colofón de una serie de desaciertos anteriores.

Nota:

1)    http://www.noticiasser.pe/13/06/2012/ayacucho/ayacucho-declaran-de-inter...

Nota del editor:

En el cuarto párrafo dice: " ... concesión de 900 hectáreas, ubicadas en el distrito de Chuschi ..."

Debe decir: "...concesión de 900 hectáreas, ubicadas en el distrito de Vinchos ..."

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