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Elecciones Municipales 2018: ¿democracia sin base?

Enviado el 27/09/2017

En mayo de este año, cientos de vecinos de Barranco protestaron contra un proyecto que hubiera reducido el ya reducido espacio de sus playas. Lo hicieron vecinos sin la dirección de ningún partido. No es que no hubieran políticos, pero estos eran unos más. Al final, ante la insistencia, lograron paralizar la obra. Como los vecinos de Puente Piedra, que se enfrentaron enérgicamente contra el peaje y lograron suspender dichos cobros. O los vecinos de Lince, que defendieron su derecho a disfrutar del Parque Castilla.

Podríamos seguir con otros ejemplos en los que los vecinos se han organizado en torno a una causa. Muchos de los que aspiran a presentarse en las elecciones de esos distritos participan de aquellos espacios e iniciativas vecinales, a fin de ganarse la legitimidad entre las bases. Fue el caso de Somos Perú, que surgió de liderazgos municipales, encabezados por Alberto Andrade, quien llegó a ser alcalde de Lima.

Pues bien, la Comisión de Constitución ha aprobado un dictamen que prohíbe a los movimientos de iniciativa local o vecinal o “partidos locales” o “provinciales” postular en las elecciones municipales. Los únicos que podrían hacerlo serían los partidos políticos nacionales. No importa si no han liderado o estado al lado de los vecinos; no importa si estos no sienten que los representan para sus causas barriales. Sólo ellos podrán representarlos en el 2018. 

¿Y por qué? ¿Es acaso lo usual en democracias sólidas de la región o en Europa o en los Estados Unidos? No, al contrario. De hecho, sería bueno que expliquen los congresistas en qué países se inspiraron para fundamentar tamaño dictamen. ¿Acaso Brasil, uno de los pocos que restringe dicha participación a los “partidos nacionales”? Si fuera así, habría que aclarar que la inscripción de un partido político nacional es mucho más fácil en Brasil que en el Perú (se requiere apenas el 0.5% de los votos para la Cámara de Diputados, en al menos un tercio de los Estados). Por eso hay tantos partidos en ese país.

En todo caso, hasta la fecha, los congresistas no nos dan una explicación pública. Si tomamos en cuenta que lo que legislan es sobre sí mismos (la competencia política), el silencio y la falta de argumentación ante la ciudadanía, genera suspicacias.

Esta iniciativa va contra un sustento básico de la democracia: las asociaciones locales, de vecinos. Es el primer nivel de la “cosa pública”.

La participación ciudadana surgió precisamente en la esfera de la polis, en el cara a cara. En el desarrollo de la ciudadanía, se ha considerado tan esencial, “de primer piso”, que en países como el Perú, a las mujeres se les otorgó el derecho al voto y a ser elegidas como autoridades municipales (1933) bastante antes de que se les permitiera hacerlo a nivel de elecciones generales (1955), como ciudadanas con pleno derecho. En efecto, la Constitución de 1933, en su artículo 204, señalaba que "las mujeres con derecho a voto municipal pueden ser elegidas para formar parte de los Concejos Municipales”. El problema fue que, entre dictaduras y golpes de estado, no hubo elecciones municipales hasta tres décadas después. Bajo esa misma lógica, también los extranjeros residentes pueden sufragar en muchos países a ese nivel municipal.

Problema mayor, con la restricción que establece dicho dictamen es el caso de los municipios con mayoría indígena. Es evidente que en la mayoría de ellos no hay una identificación con los partidos políticos nacionales, que no tienen en casi todos los casos el pretendido alcance nacional, como señala la ley. ¿Estarán obligados a buscar un “vientre de alquiler” partidario nacional para presentarse a sus municipios? ¿En localidades donde probablemente ningún partido ha ganado nunca una elección? El efecto de este dictamen será regalar a los llamados partidos nacionales “etiquetas de triunfo”.

Llama aún más la atención que se curse este dictamen en circunstancias en que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas no se siente reconocida en los partidos políticos del Congreso nacional. De acuerdo a una última encuesta de GFK, si hubiera que ir a elecciones del Congreso, el 73% de la ciudadanía preferiría votar por opciones distintas a las existentes. Pero probablemente no podrán, pues la legislación electoral restringe enormemente el ingreso a nuevos partidos nacionales. Y, con el nuevo dictamen, a estos partidos nacionales con los que la mayoría de ciudadanos no se siente representada, se le pretende dar la exclusiva de la competencia política a nivel vecinal. Detrás de estas decisiones parece haber una argumentación antojadiza: “fortalecer a la democracia” sería igual a “fortalecer a estos partidos, garantizándoles la exclusividad”. Quienes admiten esta lógica son los representantes de esos mismos partidos, en el Congreso.

En vez de fortalecer nuestra democracia, este dictamen socavará aún más sus bases. Además de vulnerar la participación de los vecinos de nuestras ciudades, desde Lima a los poblados más pequeños, con mayor gravedad en los casos de las municipios indígenas.

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