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PPK: más allá de las buenas (o malas) intenciones

Enviado el 28/07/2017

Foto: Andina

No cabe duda que los votantes de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se veían atraídos por la posibilidad de formar un gobierno tecnocrático con excelentes pergaminos para manejar una economía que estaba estancada, por culpa del entonces presidente Ollanta Humala, según se decía.

Las promesas de campaña

Con PPK aún de candidato, la coyuntura económica internacional afectaba el crecimiento dada la menor demanda de materias primas por parte de nuestros principales socios comerciales. Asimismo, en el plano interno, proyectos ligados a la minería e hidrocarburos se encontraban paralizados por conflictos sociales, principalmente por los altos niveles de impacto ambiental. Bajo ese escenario, PPK propuso, entre otras, las siguientes medidas: i) reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) en 3%, en 3 años, con el fin de aumentar la demanda interna; como respuesta, y para mantener la meta inflación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) debía mantener alta las tasas de referencia, sobre todo después de que la reserva federal norteamericana (FED) aumentara también las suyas; ii) la disminución de la tasa impositiva a las MYPEs buscando con ello aumentar los niveles de formalización; iii) la reactivación de los proyectos mineros; iv) el mantenimiento del déficit fiscal en torno al 3%; y, v) el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para evitar la evasión fiscal.

 La coyuntura

Este período de gobierno no ha sido para nada satisfactorio. La coyuntura internacional mejora lentamente, pero en el plano interno se han agregado factores que condicionan la política económica, especialmente aquellos ligados a los actos de corrupción de funcionarios públicos para favorecer a Odebrecht que ha llevado a la paralización de las obras que la empresa ejecutaba, como el Gasoducto Sur Peruano (GSP),  y la irrigaciones de Olmos en Lambayeque y Chavimochic III en La Libertad. A esto se sumó la paralización de la construcción del aeropuerto de Chinchero luego de denuncias que demostraban que el contrato y la adenda suscritos beneficiaban a la empresa privada Kuntur Wasi, en perjuicio del estado. La naturaleza puso su cuota con la llegada del Niño Costero que afectó con intensas lluvias, principalmente, en la zona norte del país, dejando a su paso 114 muertes y miles de damnificados. A esto hay que sumarle el ruido político generado por el fujimorismo que pareciera querer propiciar un estado de ingobernabilidad que les permita demostrar su fortaleza. A la fecha esta presión ha llevado a la caída de tres ministros: Martín Vizcarra de Transportes y Comunicaciones,  Jaime Saavedra de Educación, y Alfredo Thorne de Economía y Finanzas.

Odebrecht, que también alcanza la sombra del presidente; Chinchero, que expresa el carácter lobbysta del gobierno, y la poca acción política hacia los más necesitados, ha traído grandes problemas de credibilidad a la gestión; en este sentido, de acuerdo a la encuestadora GfK, el 71% de la población considera que el gobierno trabaja en favor de las grandes empresas, frente a un escaso 14% que percibe un trabajo a favor de los más humildes.

Por otro lado, encontramos la incapacidad del gobierno para aplacar las embestidas del fujimorismo, en parte gracias a una bancada poco cohesionada, e inclusive afín a las políticas y métodos de Fuerza Popular. La moneda de cambio, para “garantizar” la gobernabilidad, sería la liberación del reo Alberto Fujimori, que ha sido rechazada por las otras fuerzas políticas opositoras, un sector del propio partido de gobierno, los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la violencia fujimorista y una parte importante de la población (en marzo, la encuestadora GfK señalaba que únicamente el 22% aprobaba su excarcelación). Es importante mencionar que las leyes en el Perú no permiten dar ningún beneficio penitenciario a quienes hayan cometido delitos considerados de lesa humanidad, como el homicidio calificado y secuestro agravado, por los cuales Alberto Fujimori cumple una pena de 25 años.

En política económica

Para darnos una idea general, para el Banco Mundial (BM), en 2016, las expectativas de crecimiento para el 2017 se situaban en torno al 4,5%; sin embargo, el Ministerio de Economía revisó recientemente la proyección para este año, situándola en 2,8%.

Respecto a sus ofrecimientos de campaña, mediante el decreto legislativo Nro. 1347, del 6 de enero pasado, condicionó la entrada en vigencia de la disminución del IGV al 17% siempre que, al 31 de mayo, la recaudación anualizada del impuesto total neto de sus devoluciones internas alcance el 7,2%, del PBI. El 18 de julio pasado, el Ministro Zavala descartó la aplicación de la medida debido a la reducción en los niveles de recaudación, producto - en gran parte - del menor dinamismo económico interno.

En cuanto a la reducción de la carga impositiva para las MYPEs, medida que tenía como intensión ser un incentivo para la formalización de las mismas, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, señaló – en julio pasado – durante una entrevista a un medio local que la tasa de formalidad había crecido 1,8%, pasando de 26,5% al inicio del mandato a 28,3% , lo cual resulta insuficiente si tomamos en cuenta la meta planteada por el propio gobierno de lograr que el 60% de los trabajadores pasen a la formalidad en el 2021. Por otro lado, de acuerdo al ex superintendente de la SUNAT, Luis Arias Minaya, las reformas impulsadas no habrían generado un aumento de las empresas formales, sino una migración del Régimen General del Impuesto a la Renta al Régimen MYPE tributario. Este hecho ha significado también menores niveles de recaudación. Si a ello le sumamos factores como los beneficios a los afectados por los desastres naturales, entre otros, la presión tributaria habría disminuido hasta alcanzar el 13%, contrario a lo planteado desde el Ejecutivo, que esperaba que sus políticas significaran un aumento en la presión de 3 puntos, pasando de 14% a 17%.

Por otro lado, para la lucha contra la evasión tributaria, la SUNAT ha realizado intervenciones de control en los rubros con mayores registros de evasión por pago de IGV, los cuales son: “Restaurantes y Hospedajes” con un 88% de evasión (S/. 54 millones); “Agropecuario”, con 81% (S/. 50 millones); “Comercio”, con 30% (S/. 140 millones); “Construcción”, con el 63% (S/. 175 millones); “Pesca” con 20% (S/. 5 millones); y, “Transporte” con 17% (S/. 39 millones), lo que totaliza S/. 463 millones que dejan de ingresar al fisco.

Finalmente, sumado a los proyectos paralizados por el efecto Odebrecht, no se han podido “destrabar” (palabra frecuentemente utilizada por el Ejecutivo) los proyectos mieros frenados por los conflictos sociales que vienen de la administración anterior, como el caso de Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como se puede observar, el escenario económico no es bueno. Sumado a lo ya descrito, debemos apuntar la pérdida de empleo formal. En este sentido, el economista Pedro Francke ha manifestado, aun contra lo señalado por el ex ministro Thorne que defendía un aumento de 148 mil empleos, que la pérdida de empleo formal, sustentada en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) llega a 55 mil empleos, sólo en Lima, por lo que se podría hacer una estimación nacional, conservadora, de 100 mil empleos, si tomamos en cuenta, por ejemplo, los efectos del fenómeno El Niño. Las cifras del Ejecutivo se refieren a empleos – posiblemente temporales – en el rubro comercio, con un gran porcentaje de subempleo.

En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo a los reportes del INEI, en el primer trimestre se reportó un crecimiento de +2,1% respecto al mismo período del año anterior. Desglosando los datos, vemos que en gran parte se explicó por el aumento de la exportación de productos tradicionales (pesqueros, agrícolas, mineros, hidrocarburos y gas) y un mayor consumo privado, +2,2. Entre los sectores que crecieron encontramos al pesquero, con +37,7% y el sector extractivo con +4,1%. En contraste, la inversión pública del gobierno central se contrajo un -26% y la de gobiernos regionales en -4,3%. Asimismo, la inversión bruta fija disminuyó en -4,8% por la contracción de sectores como construcción -5,3%, maquinaria y equipo, -4,2%. Para el último mes reportado, mayo, el comportamiento es similar, el PBI  creció un +3,39%, desagregando el mismo, el impulso viene dado otra vez por el sector pesquero con +280% y la industria de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, con +870,56%. Se estima que sin el rubro pesca, el crecimiento del PBI hubiese sido negativo por la contracción de sectores como construcción -3,91% y agropecuario, -2,15%.

Para completar el panorama, el sector salud estuvo marcado por los efectos del Niño Costero. En este sentido, el Ministerio de Salud (MINSA) no estuvo exento de críticas por la gestión dada a la problemática, donde la ministra llegó a declarar que se “estaba creando un psicosocial” refiriéndose al caso del dengue, lo que fue rechazado por las autoridades regionales y la población de las zonas afectadas. Asimismo, los médicos del MINSA se encuentran en huelga demandando mayor presupuesto en el sector que permita hacer frente a sus demandas salariales, al desabastecimiento de medicinas, equipos e insumos, además de mejoras en infraestructura.

En cuanto al sector educación, durante la campaña, el presidente ofreció un aumento base de S/. 2.000 (aproximadamente USD 600), algo que no ha sido cumplido, aunque sí ha habido un compromiso del Ministerio de Educación (MINEDU), con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), de incrementar el sueldo base a S/. 1.780 a partir de agosto, y un segundo tramo, a partir de marzo de 2018 que cumpla con el ofrecimiento de campaña. Sin embargo, estos acuerdos han sido rechazados por algunos sindicatos regionales del sur del país, los cuales se encuentran en huelga indefinida solicitando – entre otros puntos – que el aumento a S/. 2.000 sea realizado el presente año, y que existan subidas anuales escalonadas hasta llegar a S/. 4.050 el 2021. En la región Cusco, donde la huelga ha tomado mayor relevancia, no pudo llegarse a acuerdos entre ambos actores, lo que llevó a cerrar la mesa de diálogo, motivo por el cual los maestros continúan con la medida de fuerza.

Medidas a implementar

La pregunta entonces es: ¿qué hacer? La respuesta es: aplicar medidas contra cíclicas que nos lleven a aumentar la demanda interna y el PBI. Ello implica, por un lado, aumentar el gasto público, es decir, inyectar recursos del Estado a la economía. El gobierno había estimado un aumento del 15% para el presente año, sin embargo, durante los primeros seis meses se ha contraído en 12,2%. Suponiendo correcta la estimación hecha por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el segundo semestre se espera un incremento del 19,3%, lo que implica que, a final de año, la inversión pública crecerá un 7%, la mitad de lo señalado por el MEF. En este sentido, el gobierno debería abrir la “canilla” presupuestal a los gobiernos municipales para la ejecución de las obras aprobadas en su momento por el hoy extinto Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Uno de los inconvenientes principales es el límite de déficit fiscal (aprobado en 2,5%), por lo que se ha presentado un proyecto de ley que permita un déficit de 3% para el 2017, de 2,3% a 3,5% en 2018, de 2% a 2,9% en 2019 y de 1,5% a 2,1% en 2020, para terminar en el 2021 con el 1% establecido por la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Si suponemos – como hemos señalado – una caída en los ingresos fiscales, el gasto público posible también se vea afectado, limitando con ello el impacto esperado.

Asimismo, el BCRP debería plantear una disminución mayor de la tasa de interés de referencia interbancaria (TIRI), lo que permitiría reducir la tasa de interés activa de los bancos, y con ello impulsar una mayor demanda crediticia, lo que llevaría a impulsar el consumo y la inversión. El BCRP ha disminuido la tasa en dos oportunidades el presente año, ubicándose en 3,75%. En este sentido, Julio Velarde, presidente de la entidad, no descarta que se den nuevas rebajas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el Perú el BCRP tiene como finalidad exclusiva mantener el rango de meta inflación, que se encuentra entre 1% y 3%. En este punto encontramos contradicciones que deben ser resueltas; una política fiscal expansiva puede poner en riesgo el cumplimiento de la meta inflación, lo que supondría una actuación del BCRP con políticas monetarias restrictivas. El objetivo debe centrarse en reactivar la demanda interna, y el crecimiento del PBI, por lo que el BCRP debería evaluar la posibilidad de aumentar su rango meta mientras se aplican medidas de reactivación económica.

En el mediano plazo es importante establecer medidas para aumentar la recaudación tributaria: i) continuar con las políticas contra la evasión fiscal; ii) eliminar las exoneraciones tributarias. En este sentido, una investigación de ojo-público.com estima en más de S/. 90.000 millones lo dejado de recaudar en la última década; ii) impulsar el decreto legislativo 1121, donde se introducía la Norma XVI que facultaba a la SUNAT a revisar los ejercicios fiscales de las grande empresas, también de los últimos cuatro ejercicios. Se debe recordar que ese decreto fue suspendido en 2014 después de un fuerte lobby empresarial. Medidas antielusivas han sido recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo al cual Perú aspira a ser parte.

En el largo plazo, lo más importante es el cambio de la matriz productiva y el aumento de la competitividad, lo que debería incluir importantes apoyos económicos a las industrias con alto valor agregado e intensivas en mano de obra. El Perú, en definitiva, debe dejar de ser un país exportador de materias primas. Para lograr esto no existen atajos, es necesario priorizar la inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación.

Aún restan 4 años de gobierno, y se tiene las cartas echadas, es hora de tomar medidas.  

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