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Solidaridad con Ronald Gamarra

Enviado el 29/03/2017

La libertad de expresión y opinión es sagrada. Y en ello no tiene nada que ver la religión. Por el contrario, es uno de los derechos civiles y políticos básicos y esenciales para solicitar, informar, denunciar o gritar las injusticias y presuntos delitos que se estén cometiendo. Más aún si es que los cometen funcionarios; y aún más, si esos funcionarios son los del sistema de justicia.

Tan sagrado es ese derecho, que tiene exclusivamente para su defensa un Relator Especial para la Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha sido catalogado como uno de los derechos “preferentes” que el Estado debe defender y promover… incluso si es que en su ejercicio al orador le sale algún calificativo fuerte.

Pero en el Perú, al parecer, este derecho no se defiende ni se promueve como debe ser. Y por el contrario, se vulnera constantemente, al ser cada vez más frecuente el aviso de que algún juez está a punto de sentenciar a quien osó ejercer su libertad para expresarse y opinar. Eso es lo que está pasando con Ronald Gamarra.

Preocupa aún más, cuando el posible sentenciado habló sobre temas que deben ser investigados a fondo. ¿Qué pasó realmente con la fiscal Chenguayén, que a la vez investigaba a Luz Marina Guzmán, entonces consejera del Consejo Nacional de la Magistratura, estaba siendo evaluada por esta institución y finalmente ratificada en el cargo con firma de su consejera investigada? La investigación en ciernes de la fiscal no era poca cosa: nada más y nada menos que una investigación sobre presunta falsificación de firmas para acceder a ese cargo en el sistema de justicia. Y la distancia entre el cierre de la investigación contra la consejera y la decisión de ratificar a la fiscal es de días, según informa Gamarra. El caso, además, era investigado y consta en el Informe de la Comisión Ancash entonces presidida por el congresista Mesías Guevara. Es decir, la preocupación de Gamarra no era una mentira.

Otra debió haber sido la historia. Ese expediente fiscal del caso debe ser conocido para que todos sepamos si, en efecto, la fiscal hizo bien en archivarlo con tanto documento que un diario de entonces mostró con firmas “extrañas”. Luz Marina Guzmán en su momento debió dar explicaciones claras sobre el caso, que explotó medioaño antes de estar en funciones. También, y sobre todo, debió inhibirse de participar y firmar la ratificación de la fiscal que la investigaba. Y si no quería, sus pares consejeros debieron exigírselo porque de acuerdo a lo denunciado la garantía formal de independencia en esa ratificación ya estaba quebrada. Como finalmente la consejera participó en ella, el CNM debió abrirle un proceso de vacancia, o en su defecto, el Congreso debió investigarla. El supuesto de ratificar, a quien te investigaba por un presunto hecho penal, es una de las acciones más burdas que un consejero del CNM puede realizar, y que merece la separación del cargo. O, una vez fuera de él, la investigación por infracción constitucional, tal como señala el artículo 99 y 100 de la Constitución. En el caso de la ex consejera Luz Guzmán, el Congreso aún está a tiempo para la investigación correspondiente.

En su lugar, quien entre otros alzó la voz por esos hechos, quedó denunciado y enfrenta un proceso penal que lo podría acabar en sentencia condenatoria del 35 juzgado penal de Lima por presunto delito de difamación agravada, este viernes 31 a las 08:00 de la mañana, en la sede judicial (Sede El Progreso), ubicada en el Jr. Miroquesada Nº 549, Cercado de Lima. Esa es otra forma de impunidad. Si eso le sucede a un abogado conocido como Ronald Gamarra, imagine qué le podría suceder a otras personas en otras partes del país.

Solidaridad absoluta con Ronald, ex procurador anticorrupción, defensor de los derechos humanos, y activista por los derechos de los niños y niñas. Su derecho a la libertad de expresión debe ser defendido de ser el caso, hasta en instancias internacionales.

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Comentario Destacado
E INDUDABLE QUE MENDOZA NUNCA HA APORTADO NADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NADIE ENTENDIO PORQUE EL CNM LO NOMBRO SI NO TENIA NI APTITUD ACADEMICA NI CAPACIDAD SOLVENTE PARA SER MAGISTRADO, SIN EMBARGO SE LE NOMBRÓ MAGISTRADO SUPREMO Y NUNCA A PODIDO REALIZAR UNA GESTION IMPERECEDERA, ES UN LASTRE QUE SE LE HAYA DESIGNADO MINISTRO DE JUSTICIA Leer más >>
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