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El exceso de la palabra

Enviado el 29/04/2015

Dos términos se unen para calificar a un sujeto que lleva años intentando comunicarse con el Estado. Uno está arraigado en nuestra historia reciente y emerge cada vez que hay problemas, y el otro apunta, supuestamente, hacia el desarrollo futuro: Terrorista antiminero. Del pasado hacia el ansiado futuro, casi lineal y evolutivo, por decir lo menos. En las últimas semanas, son ya varias las ocasiones en que esta expresión ha aparecido en los medios. ¿Hacia dónde apunta la denominación? ¿Terrorista contra qué? ¿Contra el Estado o contra la empresa minera, que en la mayoría de los casos, corresponde a alguna gran compañía transnacional? ¿Terrorista por qué?

En un brillante estudio, Cecilia Méndez daba cuenta sobre el ejercicio de nombrar. Recogiendo el argumento de Michel Foucault sobre cómo nombrar o designar incorpora y configura una relación de poder, Méndez se ocupa del caso “iquichano” como designación de otredad –aquel que habitaba en una remota puna, en el norte ayacuchano. Este término salta a la luz en el debate público en torno a los hechos que sucedieron en Uchuraccay el 26 de enero de 1983,  que significaron la muerte de ocho periodistas y un guía, y que en los años siguientes produjeron más muertes en la localidad. Los uchuraccaínos, en el informe elaborado por la Comisión Vargas Llosa, fueron presentados como descendientes de los “iquichanos”, un pueblo guerrero, salvaje y lejano. Se les negó simultaneidad temporal –algo estudiado por Johannes Fabian como parte intrínseca de las relaciones coloniales de poder—, pues fueron  presentados como habitando un tiempo pasado. Lo interesante en el argumento de Méndez es que también los propios pobladores usan la denominación “iquichano” para beneficio propio.

La historia sobre los sucesos ocurridos en Uchuraccay, como lo mostró Ponciano del Pino y lo evidencian estudios recientes (Nelson Pereyra), es mucho más compleja. Para comenzar, la creación del nombre; para seguir, la larga historia de comisiones que mostraban una vieja relación con la ciudad y el Estado, y los lastres de la guerra interna con presencia de senderistas y militares en la zona. No era ni blanco ni negro sino una capa multiforme de grises. Esta fue, quizás, una de las primeras veces que se utilizó el vocablo “terrorista”. El caso también significó un cambio en las imágenes que se publicaron en las portadas de los medios nacionales. Fue una de las primeras veces que estas mostraban muerte, destrucción y desolación en los diarios.  La muerte comienza a asolar en las portadas de diarios. Se hablaba sobre ella, se especulaba sobre cómo se habrían enterrado los cuerpos. La palabra fue de la mano de la imagen. Terrorista implicaba destrucción, muerte y mucho dolor.

Los términos no tienen significados fijos, tampoco únicos. Estos se transforman. Durante los años del conflicto armado interno, terrorista fue utilizado casi como sinónimo de militantes de los grupos alzados en armas. Es decir, un senderista era y es un terrorista, un emerretista era y es un terrorista. Pero el vocablo es más problemático y su complejidad se asocia también con nuestros tiempos recientes. La guerra en Irak puso en evidencia que el terrorismo no solo es de “allá”, sino que también proviene del propio Estado. Y eso también nos cayó de refilón, pues también tuvimos nuestras organizaciones paramilitares que desde el Estado sembraron destrucción y muerte (léase Grupo Colina).

Ahora bien, con el panorama un poco más complejo volvemos al nuevo uso del vocablo. ¿Quién es un “terrorista antiminero”? ¿Cuál es su delito? ¿Desde dónde se formula este nuevo término, quiénes lo enuncian y a quiénes se describe con este? Un Estado que defiende la libre empresa a ultranza no se percata de que esta “libre empresa” viene acompañada de un descentramiento o de una fragmentación de la soberanía del propio Estado-Nación que reclama. Ya Judith Butler ha señalado cómo la identidad política se ha vuelto una categoría muerta.

El ágora era el espacio para el debate de las ideas –era el “topos simbólico de la conversación democrática”, según Arendt (citado en Agiers). En este momento contemporáneo, hemos visto cómo emergen otros espacios y lugares pero desde dónde lo político queda restringido a la no-confrontación, al no-debate. La performatividad del sujeto debe restringirse a ser sujeto de deseo o, mejor dicho, postal de museo o de turismo vivencial, ya que se busca más bien la imposición de criterios políticos homogéneos y hegemónicos. ¿Qué hay más neoliberal que reclamar como “bienestar” los intereses de una empresa transnacional y no los derechos de quienes habitan en ese territorio, y que señalar a tus paisanos bajo categorías que buscan más bien, denigrarlos? No hay un respeto por la autonomía del sujeto. No hay un reconocimiento hacia su capacidad de pensar y sentir distinto. Tampoco hay un reconocimiento a sus derechos como individuos y ciudadanos del mismo Estado. El exceso de la palabra conduce también a una negación a pensar en el otro como un individuo con derechos iguales. ¿Para qué o para quiénes es la libertad de actuar? ¿Dónde queda la política como confrontación y antagonismo? ¿Quién socava la libertad de quién?  

Estamos en un momento clave de nuestra historia contemporánea. ¿Hacia dónde nos encaminamos como Estado? Ya ocurrió la fragmentación de nuestra soberanía. Los argumentos a favor de la nueva denominación defienden intereses transnacionales. Ya se desestabilizaron nuestras identidades políticas (si alguna vez las hubo). Además, la denominación “terrorista anti-minero” viene acompañada de un pedido de mayor seguridad, mayor represión y mayor ejercicio de poder desde el Estado. No vienen dichos términos acompañados de pedidos de mayores espacios de diálogo ni de entendimiento. El exceso de la palabra viene cargado de un imaginario de Estado en el que la libertad del sujeto y su autonomía política están en juego. 

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