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Carta abierta dirigida al Fiscal Luis Landa

Enviado el 30/08/2017

13 de agosto de 2017

Señor Fiscal Superior

Luis Landa

Presente.

De mi mayor consideración:

La denuncia judicial sobre esterilizaciones forzadas está hoy en sus manos. Han pasado más de dos décadas desde que se iniciara el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) en curso del cual miles de mujeres, sobre todo de procedencia rural, fueron esterilizadas sin su legítimo consentimiento y por ende en contra de su voluntad. Sin embargo, las mujeres que fueron discriminadas por el Estado, no cesan en su incansable búsqueda por la verdad, la justicia y la debida reparación. Incluso en los días que corren, a pesar de los numerosos y variados intentos por doblegar su incansable lucha sostenida contra viento y marea, cada vez son más las denuncias, los testimonios, las pruebas, el registro de las afectadas y las investigaciones. De ahí que el interés social por acercarse a la verdad frente a los intereses creados y sus falacias, se haya ampliado a tal punto que hoy es parte de la esfera pública.

En este sentido, creo mi deber ético, ciudadano y de sindéresis profesional presentarle a Usted mi testimonio. En el año 2014, publiqué gracias al Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del Perú el libro Memorias del Caso Peruano de Esterilización Forzada, único estudio académico enteramente dedicado al caso y que contiene una presentación (Theidon), un prólogo (Boesten), una introducción (Ballón) y artículos científicos de diversos expertos quienes sustentados arduamente sus argumentos y hallazgos (Ewig, Gianella, Citrioni y Tamayo). Asimismo, incluye testimonios de las afectadas, de sus familiares, de médicos y obstetras, así como entrevistas a especialistas de los derechos humanos que realicé como parte de mi trabajo de campo. Sobre el tema, he publicado desde el 2012 y de forma continua una serie de artículos publicados en diversas revistas académicas y presentados en ponencias del LASA. Formo parte del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) y actualmente he concluido el trabajo de campo en el marco de mis estudios doctorales en el Departamento de Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris. El estudio referido abarca un universo de más de 200 testimonios de afectados y entrevistas realizadas en Lima, Piura, Cusco, Ayacucho, San Martín, Ucayali y Loreto. 

Desde el año 2012, he recorrido los poblados de la costa, muchos caseríos de comunidades andinas y he viajado a través de los ríos de la Amazonía peruana, al encuentro de las y los afectados quienes estaban dispuestas a atestiguar sus dolorosas y desoladoras experiencias. Cuando comencé las investigaciones en el trabajo de campo, ya había muchas pruebas y estudios que afirmaban y demostraban el crimen, pero aún se hacía difícil concebir la magnitud y dimensión social de lo ocurrido. Como ciudadana peruana solidaria con la desgracia de las mujeres más indefensas y explotadas sin miramientos del país, no cabía otra actitud que confirmar fundadamente y denunciar las terribles secuelas psicológicas y riesgos mortales que corrían las víctimas a quienes se les había quitado el derecho humano básico de gestar vida a expensas de una inicua política de salud pública, causando así un trauma social cuya vergüenza y estigma es de tal magnitud que en muchos casos las víctimas sobre todo en el caso de los varones han preferido ocultar y callar. No obstante, como es tan contundente la evidencia de los hechos vejatorios, la autenticidad de los testimonios atraviesa hasta aquellos libros negacionistas que parecieran formar parte de una propaganda política cuyo fin sería ciertamente la esterilización de la memoria nacional.

Como era de suponer, a partir de los hallazgos recopilados a lo largo del amplio trabajo de campo realizado (2012-2016), se incrementó sustancialmente la investigación en curso. Por ejemplo, en el año 2012, al recopilar los testimonios de las mujeres que habitan los caseríos aledaños a la ciudad de Huancabamba, se confirmó que una de las consecuencias físicas causadas por las operaciones quirúrgicas fue nada menos que la imposibilidad de continuar transmitiendo el legado ancestral cultural del tejido en Kallwa (telar de cintura) que data de más de 5,000 años de antigüedad. Aparte de ello, tanto en los Andes como en la Amazonía se quebró el vínculo familiar debido a la grave pérdida de la libido y por ende de la satisfacción sexual lo que ocasionó, particularmente en las zonas andinas, el abandono del hogar. Las mujeres víctimas de las dolencias físicas y psicológicas se vieron impedidas de realizar tanto los quehaceres cotidianos del hogar como las tareas del campo, lo que ocasionó de inmediato la reducción a la miseria de cientos de hogares rurales. De esta manera, las mujeres perdieron su identidad de género y sus proyectos de vida se vieron arruinados.      

Sin embargo, desde el año 1996 en que se implementó por primera vez el nefasto «programa de salud» hasta la actualidad, las y los afectados han realizado un esfuerzo encomiable por superar las barreras lingüísticas, de discriminación cultural, de género, de clase, económicas y políticas que entorpecen y hasta impiden el reconocimiento público de la verdad de lo sucedido, la justicia de su causa y la consiguiente reparación del daño. Las víctimas han llegado a compartir sus testimonios y se han organizado en diversas asociaciones de afectadas a lo largo del territorio nacional y a pesar de su agobiante condición subalterna, algunas afectadas han conseguido representación legal a través de instituciones jurídico-legales. Gracias a su denodado esfuerzo se logró que el Estado peruano reconociera su responsabilidad ante la CIDH bajo el arreglo consensuado del caso de MMMCH en el año 2003. Como es bien conocido, desde entonces el Estado peruano ha incumplido ese convenio sobre todo en lo que respecta a la investigación que involucra a más de 300,000 afectadas y afectados. No obstante, la cifra de testimonios de esterilizaciones forzadas por la mencionada política de «salud pública» sobrepasa los 10,000 y no deja de ir en aumento.

De usted depende, en su calidad de defensor del pueblo, que las serias y bien fundadas investigaciones realizadas por el CLADEM, la Defensoría del Pueblo, el Congreso, la CIDH, el Ministerio público, el REVIESFO, así como aquellas efectuadas por la academia nacional e internacional y, desde luego, la prensa local e internacional, lleguen a obtener el reconocimiento y compensación pública de sus denuncias. Si bien es cierto que estas investigaciones mantienen diversos ángulos de enfoque –lo cual demuestra la complejidad de los hechos–, a la luz de sus constataciones se coincide en varios puntos innegables: el Programa se realizó gracias a una política de Estado en el marco del Conflicto Armado Interno que en el diseño no aseguró mecanismos para garantizar consentimiento libre; se implementó un sistema de metas y cuotas que priorizó la esterilización compulsiva incluso en lugares remotos de la Amazonía y los Andes donde nunca antes había llegado el Estado y donde no existía la demanda por métodos de planificación permanentes; se realizaron amenazas laborales, lo que derivó en el cumplimiento compulsivo y sistemático del programa; no hubo consentimiento personal legítimo con lo cual se violaron, sin duda, los derechos fundamentales tanto de miles de mujeres como de varones; hubo una indudable discriminación de género al priorizar la ligadura de trompas frente a la vasectomía; los establecimientos de salud donde se llevaron a cabo las operaciones quirúrgicas no cumplían con los requisitos necesarios y el personal médico no estaba capacitado lo que dejó en las afectadas graves secuelas e incluso ocasionó la muerte. 

El clamor nacional exige el reconocimiento de la verdad de lo acontecido, su justicia y restitución. Hace un año la ciudadanía se manifestó en una multitudinaria marcha en la que participaron, por primera vez en nuestra historia, todas las regiones del Perú en simultáneo. La marcha se dirigió al Palacio de Justicia porque las mujeres demandamos al Estado un sistema legal que velase por nuestros derechos. En ese contexto aún vigente hoy, el reclamo para lograr la justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas no se hizo esperar. Desde las diversas regiones, las mujeres exigían verdad, justicia y reparación para las afectadas. Así, este emblemático caso se presentó como una de las principales formas de violencia hacia la mujer peruana, y fue justamente por ello que Victoria Vigo, víctima de la esterilización forzada, portó el icónico estandarte: «Ni Una Menos: Tocan a Una Tocan a Todas». 

La posibilidad de transformar este estigma que todavía padece el pueblo peruano, está en sus manos. Ni las miles de víctimas ni la ciudadanía ni la historia social de nuestro país olvidarán ya sea la renuente decisión por hallar la verdad o su valiente y decidida voluntad por lograr la justicia de este caso de interés nacional. El derecho de las mujeres subalternas ante los poderes del Estado, está una vez más en juego hoy: por una parte, las innumerables pruebas, los inatacables testimonios de las víctimas, sus familiares, los médicos que participaron y una ciudadanía solidaria; del otro lado, la impunidad de una política estatal criminal que arremetió sobre todo contra el cuerpo y la vida misma de las mujeres indígenas. Frente a un sistema judicial que ha preferido archivar el caso en previas oportunidades, a las mujeres afectadas por las terribles secuelas de la esterilización forzada, les queda un atisbo de esperanza que hoy depende de su esforzado trabajo y buena voluntad: lograr la justa consideración del caso y su digna resolución.

Muy atentamente,

Alejandra Ballón Gutiérrez.

Nota: Texto completo de la carta.

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