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El Contralor debe irse a su casa

Enviado el 31/05/2017

La sucesión de escándalos y denuncias en los que permanece sumergida nuestra política tiene un nuevo capítulo con las denuncias periodísticas contra el Contralor General de la República Edgar Alarcón, por un negocio de compra de autos de lujo en el que estaría involucrado él y su familia.

El mandato del cargo -cautelar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos- exige que la persona a quien se le confíe, sea un funcionario cuyo comportamiento ético esté libre de toda sospecha. Vistas las denuncias, Alarcón no cumple este elemental requisito y por ello más de uno ha reclamado su renuncia.

De otro lado, la defensa del Contralor Alarcón que intentan los voceros de la bancada fujimorista llama mucho la atención, en particular por el recuerdo de la posición crítica e incluso contraria de ese sector a su nombramiento, propuesto por el entonces presidente Ollanta Humala. No se ha cumplido aún un año desde que el fujimorismo abandonara -antes de la votación- la sesión de la Comisión Permanente en la que Alarcón fue elegido. Visto a la distancia, cabe preguntarse si no se trató de una maniobra para disimular los posibles vínculos entre Alarcón y el fujimorismo.

Ahora bien, no hay que dejar de lado que las denuncias contra el Contralor aparecen justo luego de que se hiciera público su informe sobre la adenda al contrato entre el consorcio Kuntur Wasi y el gobierno peruano para la construcción del Aeropuerto de Chinchero. El informe, al señalar responsabilidad legal contra diez funcionarios públicos, provocó la renuncia del vicepresidente Martín Vizcarra al cargo de ministro de transportes y comunicaciones. No obstante, la intención que hayan tenido los denunciantes, no resta certeza al hecho de que la Contraloría General de la República no está en buenas manos.

En Noticias SER consideramos que frente a las graves denuncias en su contra, lo mejor que podría hacer el Contralor Edgar Alarcón es presentar su renuncia y someterse a todas las investigaciones que sean necesarias. Si bien todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ni la Contraloría General de la República ni la lucha contra la corrupción que ahoga al Estado Peruano, pueden ser lideradas por alguien con tan serios cuestionamientos éticos. 

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