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Masombrío

Enviado el 31/08/2016
Por: 
Leoncio Aguilar Puma

Es sorprendente la falta de muñeca del ministro del Interior. Viniendo de un provinciano novato como Martín Vizcarra, hubiera pasado, pero, de un hombre de la formación y experiencia como Carlos Basombrío, que conoce el Ministerio, que ha transitado por sus pasillos y sótanos, por las mazmorras policiales y sabe de las miasmas que emanan, es imperdonable. No está en cuestión ni las buenas intenciones de este hombre honrado –que lo es- ni las ideas y planes que ha llevado al gobierno, que dicho sea de paso, fueron las mejores de todos los planes que entraron en competencia en las pasadas elecciones.

Veamos: no se había sentado aún en su sillón, sin conciencia de la fuerza real de su equipo y de que estaba entrando en territorio comanche, en donde los “enfrentamientos entre códigos, grupos y entre policías corruptos y honestos, han marcado la historia y las leyendas de la institución” (Gorriti), cuando el 17 de julio anunció que había demasiados generales en la policía y que enviaría a dos tercios a su casa. Fue una innecesaria y ciega declaración de guerra, como si los aludidos fueran mancos. Gente curtida en enfrentamientos y celadas, algunos ni deben haberse inmutado, mientras otros le pusieron la cruz y empezaron a conspirar. Se inició, entonces, la consabida sacada de manteca que antecede al cambio de un gobierno, como filtrar informaciones sobre las responsabilidades en las compras de los patrulleros y otros sucesos.

Basombrío, apenas fue nombrado ministro, fue informado por el  ex general Luis Montoya de un asunto delicado que tenía enfrentados a grupos de oficiales, desde que el comandante Moreno Panta había presentado denuncia -en enero del 2015- por la muerte  de su hermano -también policía- en un extraño operativo policial ocurrido a fines del 2012 en Puente Piedra.

Por esos días, alguien filtró el informe de la Inspectoría policial sobre el caso. Vino, entonces, el explosivo titular de La República del domingo 24 de julio y la revelación de una investigación que involucraba a 96 agentes acusados de ejecutar sin juicio previo a 27 supuestos delincuentes, aunque la nota no concluía categóricamente que se trataba de un escuadrón de la muerte y no se mencionaba al general Álvarez.  El efecto inmediato fue que el ministro Pérez Guadalupe, en una de sus últimas decisiones, ordenó que el asunto pasara de manos policiales a la Inspectoría del Ministerio.

El 27 de julio en El Comercio, Cecilia Valenzuela, que ya sabemos para dónde patea, escribió que no se trataba de un escuadrón de la muerte sino de “una estructura delictiva organizada para sostener en el poder a altos funcionarios de este gobierno y a los altos oficiales que los secundaron” y señala blancos más altos que el comandante Prado: el general Álvarez y el ex vice ministro Iván Vega, ficha de Nadine.

Pero el asunto cobró alto vuelo cuando llegó a la televisión. El domingo 31, “Cuarto Poder” lanza un informe de veinte minutos sobre un grupo de “presuntos asesinos que hacían de la inseguridad ciudadana su particular negocio de sangre y galones… [cuando] un solo muerto injustamente es inaceptable”. El impacto fue tremendo. La reacción del flamante Ministro fue rápida –tal vez porque vivimos en tiempos de videocracia y se cree que sólo existe lo que sale en la tele-. Llamó al programa y dijo que al día siguiente se instalaba una comisión que en diez días le presentaría un informe.

Como integrante de ese Grupo de Trabajo fue nombrado el general Montoya, pero renunció luego de una semana de trabajo ¿Por qué? Según él, Basombrío se había apresurado y había saltado a conclusiones temerarias. De la misma opinión que Montoya fue el ex ministro Hernani “No entiendo por qué adelantarse, o nos queremos sustentarnos en el cargo haciendo acusaciones fáciles contra la Policía, no pues. No desprestigiemos a la Policía, porque la gente habla de ‘escuadrones de la muerte’, no puede ser que antes de tiempo se haga ese tipo de acusaciones”, declaró cuatro días después a Ideéle Radio. En la primera semana en el despacho el ministro había perdido a dos de sus principales colaboradores.

Efectivamente, ese mismo lunes 8 el ministro, según Inforegión, dijo: “hay 96 policías involucrados en escuadrón de la muerte”. Y añadió: “Tengo indicios muy fuertes de que lo divulgado en los medios de comunicación es muy sólido”, pero informa que su despacho sólo ha dispuesto que actúe el Grupo de Trabajo, pues, “… Entiendo que los principales responsables fueron pasados a disposición de recursos humanos. Es decir, han sido sacados de los lugares donde trabajaban. No es una sanción, sino una forma de evitar que estén en su unidad. Hay 96 policías involucrados, pero la cifra podría ampliarse”. Estaba destapando la caja de Pandora y, sin embargo, no estaba atrapando a nadie. Esas declaraciones deben de haber subido el stress policial a altos decibeles, tanto que antes de presentar el informe a la prensa (para qué comprometerse a eso? ) visitó la SUAT para poner paños fríos porque el descontento y la indignación eran crecientes. Allí los policías le dijeron sentirse “vapuleados por la prensa”, sin haber tenido el respaldo del ministerio que esperaban.

El Grupo de Trabajo descubrió un recoveco del infierno en este mundo: 11 de los muertos ni siquiera tenían antecedentes policiales, mientras la investigación se había quedado paralizada por diez meses en el Tribunal de Disciplina Policial. Llamó a los ex ministros, vice ministros, directores, generales, coroneles y comandantes, pero al parecer, el principal acusado, comandante Prado Ravines, no acudió.

Perderse en definiciones ahora no tiene sentido, pues hablar de un escuadrón de la muerte o un grupo irregular no cambia los hechos: grupos operativos recibían soplos de inteligencia para “sorprender” a bandas de malhechores, a quienes liquidaban a tiros en supuestos enfrentamientos. Enseguida venían las fotos, las conferencias de prensa, las felicitaciones, la buena imagen policial y los ascensos. Pero no hay que marearse: hay muertes injustificables a manos de la policía en operativos muy cuestionables, por decir lo menos, poco profesionales, sin que se sigan procedimientos previstos y que más responderían más bien al clima social creado de librarse a como dé lugar de la delincuencia, aplicando la ley del Talión a inocentes.

Gustavo Gorriti, que es un especialista en el sector, dice que si bien los hechos son gravísimos, “es un imposible lógico” que haya un escuadrón de la muerte; que el ministro y su viceministro adelantaron juicios; que las investigaciones expresan las pugnas internas de grupos de policías y percibe intencionalidad contra el general Alvarez; y finalmente, aludiendo al ministro, que “la arrogancia es mala consejera”.

Lo más grave es que esta situación no es nueva ni se remonta al 2012. En la ciudad de Trujillo, entre el 2005 y el 2007 ocurrieron 46 muertes en circunstancias similares, aunque allí sí quedó meridianamente establecido que los operativos eran planificados y comandados por el comandante y después coronel Elidio Espinoza. El periodista Ricardo Uceda publicó un largo informe en la revista Poder del 16 de noviembre del 2009en el que señaló que de las 23 investigaciones en contra de Espinoza realizadas por el Ministerio Público, 16 fueron archivadas y 6 sobreseídas en la instancia judicial. Queda pendiente el Caso 5682-2007, donde la fiscal Rosa Vega Luján solicita cadena perpetua para el coronel Elidio Espinoza y otros 9 policías por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Secuestro Agravado y Abuso de Autoridad enagravio de cuatro presuntos delincuentes. “En la ciudad [de Trujillo] se asume con naturalidad que hubo una eliminación sistemática de maleantes. En privado, la mayoría lo aprueba”, escribe Uceda y añade: “no es un secreto que el coronel goza del respaldo de todos los principales líderes del Partido Aprista de Trujillo”. También es conocida su amistad con el ex general Octavio Salazar y hoy reelecto congresista fujimorista. Más aún, en el 2014, llegó a ganar la alcaldía de la Trujillo con el apoyo de PPK. Como se lee.

El asunto, entonces, es grave y complejo y los buenos elementos de la Policía no pueden afirmar su autoridad sobre los malos. Una de las causas, según Uceda, es que la mayoría de investigaciones han sido archivadas por fiscales y jueces gracias al Decreto Legislativo 982, de julio del 2007, que exime de responsabilidad penal a los policías que “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causen lesiones o muerte.” ¿Se atreverá la mayoría fujimorista a cambiar esta ley del gobierno aprista? El problema es que la mentalidad del “ojo por ojo y diente por diente” tiene respaldo en sectores del Poder Judicial, de la fiscalía, del periodismo y entre las gentes comunes y silvestres.

Ha pasado recién un mes de su gestión y Basombrío está enredado y empantanado, tal como lo querían sus detractores, sin capacidad para imponer disciplina y sin haber sancionado a uno solo de los malos policías. Sin embargo, este hombremerece tener éxito, más allá del programa de recompensas por los más buscados, no por el gobierno ni por las posiciones ideológicas que defiende, sino porque todos los peruanos nos merecemos ciudades seguras y una policía confiable, que sea garante de la ley y no una máquina deshumanizada y sin control. Merece el éxito para dar alguna esperanza a las familias de los 73 asesinados, merece el éxito para recuperar la confianza en la institución policial.

Parece que presionado por el ritmo infernal que impone el cargo, Basombrío ha olvidado las enseñanzas de su profesor del Colegio La Recoleta, el respetado padre Hubert Lanssiers. A él le gustaba repetir el pasaje del evangelio de Mateo: “Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas”

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