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Morir o matar: He ahí la cuestión

Enviado el 31/10/2012

Mar Pérez

La imagen de ese policía derribado de su caballo, arrastrado por el suelo, machacado a pedradas en la cabeza, seguramente permanecerá en nuestras retinas por mucho tiempo. Al pie de esta foto, un coro de voces airadas responsabiliza del linchamiento a las organizaciones de derechos humanos, que “tienen a los policías atados de manos”.

De esta forma se pretende aprovechar la indignación colectiva para desregular aún más el uso policial de las armas. Lo que planteamos aquí es que una cuestión tan grave no debería decidirse con el hígado en la mano. Habría más bien que preguntarse si es deseable para los ciudadanos que la policía pueda usar las armas sin ningún límite ni control, y si ésta sería la única forma de abordar la delincuencia y la protesta social (dos fenómenos que no deben confundirse).

¿El gatillo fácil es la solución?

La regulación internacional del uso de la fuerza se subsume en un principio bastante razonable: “Sólo está permitido segar una vida para proteger otra vida”. Por ello, nadie en su sano juicio podría sostener que un policía en peligro de muerte carece del elemental derecho a proteger su vida. Los policías también pueden proteger su integridad usando la fuerza en forma proporcional a la agresión.

Fuera de los casos en que la vida misma se encuentra en peligro, la policía puede mantener el orden sin necesidad de matar a nadie. Por ejemplo, para el control de los disturbios se pueden usar balas de goma, gases lacrimógenos, agua a presión. Lo que resulta inaceptable es que la policía salga a controlar una movilización estudiantil con ametralladoras,como ocurrió en Huancavelica en junio del 2011; que se dispare a los manifestantes por la espalda (Sechura, Cajamarca); o que las armas se utilicen indiscriminadamente, afectando a personasdesarmadas o que nada tienen que ver, inclusive niños (Paita, Celendín).

La efectividad de las operaciones policiales no se garantiza con el gatillo fácil, sino con operativos adecuadamente planificados, policías bien entrenados y equipados, coordinación  entre las autoridades competentes, políticas anticorrupción y condiciones laborales justas para los uniformados.

¿Atados de manos?

A pesar de estar “atados de manos” en lo que va de gobierno de Ollanta Humala los policías han matado por lo menos a 20 personas en situaciones de protesta social. Dos de ellos eran niños. Varios recibieron impactos de bala por la espalda. Otras personas han sobrevivido pero deberán pasar el resto de sus vidas en una silla de ruedas, han perdido un ojo o una pierna, y ya no podrán mantener nunca más a sus hijos. Algunos de los muertos participaban en movilizaciones. Otros simplemente tuvieron la mala suerte de pasar por el lugar equivocado o de vivir por allá.

Vemos así que el uso descontrolado de la fuerza se convierte en un factor más de inseguridad ciudadana, en vez de contribuir a la solución del problema. Si todo esto ocurre ahora que hay ciertas normas que regulan el uso policial de la fuerza, ¿qué pasaría si se les otorga “licencia para matar” como pretende la iniciativa impulsada por el partido fujimorista?

Con la desregulación del uso policial de las armas, además, le estamos dando poder sobre nuestra vida a una institución percibida por los ciudadanos como la segunda más corrupta del país. Está bien que los policías usen las armas para proteger la vida, pero debe haber normas que nos protejan de los abusos.

 

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