Cuando la vida significa muerte

La noticia de la violación durante años, de una niña, por hombres adultos en la selva peruana, es tristísima; y que resultado de esta violación se haya producido el embarazo de la pequeña de 11 años, es poco menos que indignante. Las precarias condiciones de su entorno familiar hicieron que las autoridades estatales retiraran a su madre, mujer en condición de extrema pobreza, analfabeta y víctima de violencia familiar, la custodia de sus demás hijos. Este contexto no es materia de reflexión en los discursos eclesiales que a continuación vamos a comentar. El interés está más bien en condenar por qué la niña no llevó a fin el embarazo y dio a luz a un hijo de su violador. Según cifras oficiales, en el Perú, ocurren 55 violaciones sexuales por día y en seis meses se ha registrado 364 partos de niñas violadas entre 11 y 14 años, sin que hasta ahora se les haya permitido decidir si querían o no ser madres. El caso de “Mila” es la excepción y no la regla.

Ante la decisión de practicar un aborto terapéutico a la menor, la Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, señora Jáuregui de Aguayo, jefa de la iglesia “La Casa del Padre”, reaccionó en contra, diciendo que el aborto terapéutico sólo permite el sacrificio de un peruano en el vientre, cuando peligra la vida de la madre y el concebido. Qué más peligro señalar que una niña tiene cuatro veces más posibilidades de muerte materna que una mujer adulta. Si analizamos lo subrayado, la retórica de la señora Jáuregui es propia de quienes quieren incursionan en la política como “mensajeros de Dios” para prescribir pautas morales, no para dirigirse a ciudadanos con derechos sino a siervos de una iglesia que a la que deben obedecer, a riesgo de cometer blasfemia. Se nos habla también de “un peruano”, recurriendo al valor sagrado de la patria. La asimilación de las ideas religiosas a las patrióticas, como fundamento de este discurso manipulador, nos trae el recuerdo de las peores crisis de la democracia occidental en que regímenes totalitarios uniendo religión y política -el fascismo en Italia y franquismo en España- dominaron el Estado. En los últimos años, el mundo gira hacia ese rumbo y el Perú no es una excepción, todo lo contrario, siempre ha sido un Estado débil donde la democracia y los derechos humanos no han logrado proteger a sus ciudadanos. El que la Comisión de la Mujer esté presidida por una persona contraria a los derechos de la mujer o del niño/a como sujetos autónomos, y a que estos puedan ser protegidos hasta de la violencia de sus familias, es prueba de que la crisis está instalada en el poder. A este discurso de raíz eclesial, se suma el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, que coincide con Jáuregui Aguayo en calificar de “cultura de la muerte” e “injusticia”, la interrupción del embarazo de Mila, la niña violada por su padrastro. Como un lapsus, aparece la frase “el embarazo de la pequeña niña Mila, ha consternado a todo el país, por tratarse de un hecho inédito…”. En realidad, lo inédito es que nuestro maltrecho Estado, como pocas veces en su historia, haya respondido ante el caso con criterios distintos a los religiosos.

Las iglesias equiparan al concebido con una persona -“en un embarazo por violación existen tres personas, el violador, la víctima y un inocente”- le otorgan calificativos como “niño”, “inocente”, o “asesinado” al que hay que privilegiar por encima de todo, pues se trata de defender la vida ante la “cultura de muerte”, estigmatizando a quien argumente en contrario. Aluden a la Constitución o a la ley para sustentar que el que está por nacer está protegido para todo lo que lo favorece. Si están en lo cierto, ¿por qué nos encontraríamos con absurdos como que, se abolió la norma que permitía el perdón del delito mediante el matrimonio entre la violada y el violador, y ahora bajo su razonamiento, la violada debería tener un hijo del violador? Algo anda mal.

El Código penal vigente protege la libertad sexual de las personas, que nadie puede violentar. Pero ¿qué ocurre con las violaciones seguidas por embarazos? ¿Cómo se protege, ya no la libertad sexual sino la capacidad reproductiva de una persona que es tomada a la fuerza? ¿Y cómo nos protegemos también del uso indiscriminado de parte de los varones de esa capacidad reproductiva? La falta de regulación de la capacidad reproductiva hace que hoy en día, se pretenda que la violada no se case con el violador, sino que esté obligada a tener un hijo suyo si la embarazó. La iglesia católica argumenta a favor de esta violencia, advirtiendo que el caso “Mila” no debe servir de antecedente para “manipular la ley”, “intentando crear así el precedente para todos los casos de embarazo por violación”.

Si la Constitución protege la vida del que está por nacer, lo hace imaginando un contexto donde los derechos se alinean, no un contexto donde la “vida” va a ser instrumentalizada contra otro ser humano o contra un pueblo entero. El embarazo por violación es una conocida estrategia para llevar adelante genocidios. Ocurrió en los años 90, contra el pueblo bosnio. La Francia ocupada durante la Primera Guerra Mundial, afrontó ese dilema constitucional al querer evitar los hijos del invasor. Las normas del derecho forman un todo, no pueden ser interpretadas aisladamente. La capacidad reproductiva debe ser enmarcada dentro de ciertas regulaciones y conjugada con otros derechos. De lo contrario, ¿el embarazo por violación va a reemplazar al contrato (acuerdo de ambas partes) matrimonial? ¿El incesto va a ser la nueva piedra fundante de la familia? ¿La procreación masculina “en nombre de la vida” no tiene límites? Este año, la justicia de Países Bajos obligó a dejar de donar esperma a un hombre que ya habría engendrado más de 550 niños en todo el mundo por riesgo de endogamia. La capacidad de dar vida de hombres y mujeres, es también sagrada y por ello, no puede ser usada ni violentada abusivamente. De lo contrario, bajo las banderas de la vida y la manipulación moral, sí estaremos propiciando la cultura de la muerte.