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Una publicación de la asociación SER

Gustavo Guerra García: “El gobierno tiene que aprobar un programa sanitario exigente para el transporte”

Foto: Perú21

Omar Rosel

De acuerdo a lo informado por el gobierno, el próximo 25 de mayo continuará la reactivación gradual de los sectores económicos en nuestro país, siendo uno de ellos el de transporte público, estimándose que en las siguientes semanas ocurrirá lo mismo con el transporte interprovincial y en unos meses con el aéreo. Sin embargo, estos servicios deberán cumplir previamente una serie de requisitos de carácter sanitario, lo que constituye un reto para las empresas de un sector signado por la informalidad pero también para las instancias gubernamentales encargadas del control. Además, este escenario se complejiza con la habilitación de taxis colectivo, aprobada por el Parlamento. Para analizar este contexto Noticias SER conversó con Gustavo Guerra García, ex Vice Ministro de Transportes y ex Presidente del Directorio de Protransporte.

 

¿Qué opina sobre el futuro reordenamiento del transporte urbano, interprovincial y nacional en un escenario de pandemia por el Covid-19?

Lo primero que hay que tener claro es cómo se va a desarrollar este proceso gradual de autorizaciones de salida de diferentes actividades económicas en función de los cumplimientos de protocolos sanitarios. Entre junio de este año y marzo del 2021 habrá un proceso gradual de desmontaje de la cuarentena en actividades como turismo, educación y las de ocio y cultura: se pasará de la circulación del 20% de la población económicamente activa (PEA) a un 100% a marzo del 2021. Entonces la pregunta a responder es ¿cómo debe funcionar el transporte en un contexto de gradual ampliación de actividades y de mayor porcentaje de la PEA saliendo a trabajar? Y ello tiene que cruzarse con la existencia de los programas sanitarios.

¿Cómo es la relación actual entre salud y transporte?

El primer programa sanitario del gobierno fue simple, que salga el 50% de los vehículos de transporte público, pero hubo restricciones que generaron que la demanda cayera a un 10% o 20%. Hay una suerte de crisis en el sector del transporte urbano como consecuencia de esa brecha porque se está operando con una oferta del 50% pero la demanda es bastante inferior. El municipio de Lima ha establecido un plan de compensación para sostener la operación de los corredores complementarios del Metropolitano, donde hubo bastante control para mantener el 50% de la oferta, pero el impacto de la demanda cayó más o menos 14%.

¿Los lineamientos aprobados por el gobierno son suficientes para brindar los diferentes servicios de transporte urbano e interprovincial?

Para que más gente salga sin perjudicar su salud, entonces el gobierno tiene que aprobar un programa sanitario exigente para el transporte. Precisamente, el 7 de mayo se ha publicado un programa sanitario que establece que sólo la mitad de personas que van sentadas pueden ocupar el asiento de un bus y no debe ir gente parada. Esto genera desafíos mayores en el corto plazo, mientras la pandemia está en curso. Creo que lo principal es que el gobierno pueda generalizar el programa de desinfección que se lleva a cabo en Lima Metropolitana con la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao, y que también pueda universalizar las compensaciones como las que ha implementado el municipio de Lima para los corredores complementarios del Metropolitano. Estos me parecen los desafíos principales e inmediatos.

¿Y cuáles serían esos desafíos a largo plazo?

Los desafíos posteriores es que desde hoy tenemos que pensar en un nuevo modelo de transporte urbano. No podemos seguir teniendo el 60% de la flota de transporte urbano cubierto por combis. Primero, debido a la ineficiencia energética, se pierde mucho combustible y se saturan las calles transportando personas en vehículos tan pequeños. Segundo, las combis no son eficientes para contener virus como el Covid-19 y si queremos fidelizar a la gente en el uso del transporte público en las ciudades, necesitamos contar con vehículos de mayor tamaño. Por otro lado, como consecuencia de la crisis financiera, un efecto indirecto es que en este momento los transportistas no están en situación de pagar las deudas que han adquirido para modernizar las flotas. Será todo un reto encontrar la manera de ampliar la flota de las empresas privadas de transporte urbano en un contexto en que el sistema financiero está en rojo.

¿Cuál debe ser el rol del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (AUT) y los gobiernos locales?

El desafío del MTC es volverse un ente rector sólido que brinde apoyo a los gobiernos de las ciudades en los procesos de reforma del transporte. Por ejemplo, es importante que en Arequipa haya un proceso de reforma que está en plena implementación y que ha logrado concesionar -con contrato y compromisos de modernización de flota- el 100% de sus rutas. Es una de las ciudades más avanzadas en materia de la reforma del transporte urbano, aún más que Lima, y está preparando con el MTC un proyecto de tranvía. En ese caso, el gobierno provincial es el que conduce la reforma y el MTC es el que puede ayudar con la asistencia técnica y los recursos para que se tenga éxito. También hay ciudades como Trujillo que están emprendiendo reformas, aunque con muchas idas y venidas, pero tienen la pretensión de establecer una red como el Metropolitano. Y también se tiene la reforma de todas las rutas para implementar un sistema de recaudo privado de tarjeta única para toda la ciudad. En el caso de la AUT de Lima y Callao, tiene un conjunto de iniciativas cómo promover las ciclovías, que está en preparación y pronto a ser implementada. En realidad, hay un enorme dinamismo en todo el país en relación en lo que son los procesos de cambio en el transporte urbano.

¿En qué medida la reciente ley de los “taxi-colectivo” aprobada por el Congreso de la República pone en riesgo lo avanzado?

Me parece que es una norma muy peligrosa. Primero, es una norma discriminatoria porque a Lima se la trata con respeto y se exceptúa que hayan taxis-colectivo, pero se perturba y perjudica los esfuerzos de reforma en Arequipa, Trujillo Piura y Cusco. Es sumamente injusto que los reformadores de transporte de las ciudades del interior tengan que ver socavados sus esfuerzos por una decisión populista del Congreso. En segundo lugar, el taxi colectivo tiene un cheque en blanco para actuar en las rutas interprovinciales fuera de Lima. Esto socava todos los esfuerzos del MTC para implementar un programa sanitario y en este tipo de transporte es imposible mantener la distancia social. La decisión del Congreso va a generar un aumento de la propagación del Covid-19, en un momento en que necesitamos programas sanitarios más exigentes para contrapesar el mayor número de personas que saldrá a circular. Lo otro es la epidemia de accidentes de tránsito que nos convierten en uno de los países con los índices más altos del mundo. Y los accidentes se producen con mucha más frecuencia en los colectivos que en el transporte público interprovincial formal.

¿Y qué opina del futuro del transporte aéreo para operar manteniendo el distanciamiento social en los aviones?

Es complicado porque van a tener que ajustarse a los programas sanitarios si no quieren quedarse sin operar. A mí me parece que se tendrá que pasar a modificar la estructura interna de los aviones para evitar el mínimo contagio. Se tienen que organizar los asientos dando la espalda o mantener un asiento libre. Lo mismo tendrá que hacerse en el transporte interprovincial e incluso en el transporte urbano.

¿Pero eso genera mayores costos y habrá resistencia de las empresas de transporte?

Es importante que las empresas de transporte entiendan que no pueden seguir trabajando de cualquier manera y se tiene que generar una nueva normalidad. Por lo menos hasta marzo del próximo año tendrán que haber medidas extraordinarias para que operen con menor rentabilidad, porque toda la sociedad necesita contener la propagación del virus. Si las empresas no están dispuestas a operar en esta forma, entonces perderán mucho más dinero en el pago de gastos fijos y tendrán que esperar hasta abril del próximo año para poder operar.