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Una publicación de la asociación SER

Indira Huilca: “espero que el nuevo Congreso no utilice el dolor de las mujeres para levantar agendas demagógicas"

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

Una entrevista de Omar Rosel

A poco de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, consideramos oportuno comentar las diversas brechas de género que persisten en nuestro país, así como analizar la respuesta del Estado a los problemas que enfrentan las mujeres, principalmente el más urgente, el de la violencia. Para este análisis, Noticias SER entrevistó a Indira Huilca Flores, socióloga, ex Congresista e integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la República.

 

A pocos días del Día internacional de la Mujer ¿Cuál es la agenda pendiente?

Es necesario mirar cómo en estos últimos años ha ido cambiando la legislación y  cómo se ha ido adoptando un enfoque sobre todo en situaciones donde lo que se requiere es acceso a la justicia. Diría en primer lugar entonces que hay responsabilidad de varios actores para hacer cumplir la normativa y las políticas existentes, que son muchas, y no solo acerca de los mecanismos de sanción, sino sobre todo de acceso a la justicia. En segundo lugar, diría que es necesario ver más allá de lo urgente, más allá de las situaciones de emergencia y ver cuánto se ha avanzado o no para superar brechas de desigualdad en el ámbito educativo, en el económico, en el acceso laboral y allí donde todavía persisten desigualdades. Una de las más importantes, por ejemplo, tiene que ver con las políticas de cuidados y el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres.

¿Cuál es la razón que explica que las normas no se implementen?

Es sobre todo falta de voluntad política para luchar contra la violencia. En los últimos años, por los casos de violencia, hemos puesto el foco y la exigencia en el Ministerio de la Mujer, pero no todo le compete legalmente ni todo se agota en este sector. Los otros sectores no quieren cumplir la norma y adecuarse, tampoco quieren destinar o redistribuir presupuesto. Aquí hablo en primer lugar del Ministerio del Interior, que tiene a su cargo la policía, que necesita adecuarse porque la ley le asigna una responsabilidad. La policía debe adecuar su estructura para atender las diferentes formas de violencia que llegan a su instancia, pero los policías actualmente no hacen ese trabajo. En el caso del Ministerio Público y el Poder Judicial, se han ido adecuado y al menos cuentan con instancias especializadas. Han pasado más de dos años desde que el Presidente de la República anunció la creación de un sistema especializado de respuesta a la violencia contra las mujeres, que obliga a todo el sistema de Justicia a adecuarse a la lógica de atención especializada.

¿Considera que existe resistencia de actores clave en la gestión pública con respecto a transversalizar el enfoque de género?

Hay mucha resistencia. El reclamo es que las leyes y mecanismos existentes sean una política transversal, pero algunos sectores del aparato estatal tienen otras agendas y otras prioridades. En el caso de la policía, es obvio que su prioridad es la seguridad ciudadana, pero en su definición de seguridad ciudadana no están incorporando la seguridad de la mitad de la población que somos las mujeres.

A nivel de los gobiernos regionales y locales ¿están asumiendo su responsabilidad de responder a esta problemática?

La ley de lucha contra la violencia hacia la mujer, ley 30364, asigna a los gobiernos locales un conjunto de responsabilidades muy específicas en esta materia. Pero sólo algunos gobiernos provinciales están adecuándose para responder a estas responsabilidades. Por ejemplo, las casas refugio y hogares temporales para mujeres violentadas son su responsabilidad, pero son pocos los gobiernos locales y regionales que las implementan. El Ministerio de la Mujer sólo otorga la metodología y los profesionales. Desde su planificación y acciones de política ya deberían resolver cómo cumplir con esta responsabilidad que les asigna la norma. Habría que poner en marcha algunos incentivos, como se hizo con las DEMUNAS, que muchos gobiernos locales priorizaron porque se dieron fondos de incentivos municipales. Así deberían hacerse respecto a cumplir todo lo que la ley 30364 establece como responsabilidad municipal en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En las políticas sobre violencia contra la mujer ¿Cree que se ha priorizado más acciones sobre protección de víctimas que acciones de prevención?

Es muy probable, porque ante la situación de alarma ante la cantidad de casos de violencia, el Ministerio de la Mujer tiende a asumir una respuesta tipo bombero, de apagar el incendio. Habrá que evaluar si esa ha sido la mejor manera. El incremento del presupuesto en los últimos años en este ministerio se ha ido a los Centros de Emergencia Mujer, que son justamente la manguera para apagar el incendio. Allí se ha contratado psicólogos, abogados y trabajadoras sociales para ir desconcentrando puntos de contacto con las víctimas, pero no necesariamente como espacios de prevención. Uno de los programas emblemáticos del Ministerio de la Mujer es el Programa Nacional de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual que ahora se denomina Programa Aurora, que tiene el mayor presupuesto de este ministerio, pero no necesariamente funciona como un programa de carácter territorial para prevenir la violencia.

¿El incremento de casos de feminicidio podría relacionarse con una mala intervención de la política pública?

Más que incremento, lo que sucede es que se está sincerando la cifra, había un subregistro, por ejemplo porque en vez de denunciar por feminicidio, los fiscales preferían denunciar por homicidio agravado u otras figuras legales que permitían llegar fácilmente a sentencias. Otro factor es que la prioridad de la intervención del estado ha sido apagar el incendio, antes que trabajar en romper los círculos de violencia cuando aún se puede evitar la situación extrema, el feminicidio. Sabemos que un buen porcentaje de mujeres víctimas de feminicidio, antes ya habían denunciado agresiones de sus parejas en una comisaría o alguna otra instancia. Necesitamos una respuesta o acción por círculos de gravedad, porque los casos son distintos, no es lo mismo el caso de una tentativa de feminicidio que el de una mujer que reporta una primera agresión. No tenemos un diseño de política que considere cada tipo específico.

¿Qué esperar del nuevo Congreso? ¿Cuál es su agenda pendiente con respecto a la problemática de la mujer?

Primero, se debe priorizar la colaboración para impulsar políticas para prevenir. Luego, y quiero ser enfática en esto, espero que el nuevo Congreso no utilice el dolor de las mujeres para levantar agendas demagógicas ni populistas. Ya algunos están pretendiendo volver a propuestas como la pena de muerte, que sabemos que no corrige el problema de fondo, no es la salida. Recurrir a estas medidas es no entender el problema.