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Una publicación de la asociación SER
Sociólogo de profesión y actual coordinador de la oficina regional en Cajamarca de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Julio Arbizu: No es cierto que estemos ante una explosión creciente o singular en relación a las prisiones preventivas

Foto: Exitosa

Luego del suicidio de Alan García y la prisión preventiva dictada en contra de Pedro Pablo Kuczynski, se ha empezado a cuestionar nuevamente la figura de la prisión preventiva y la detención preliminar. El propio presidente Martín Vizcarra ha hecho un llamado al Ministerio Público a reflexionar sobre su uso, mientras que desde la bancada aprista en el Congreso se alista un proyecto de ley que busca restringir estas medidas. Por otro lado, esta semana se reinició el interrogatorio al ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y se espera que sus declaraciones corroboren las hipótesis de la fiscalía para seguir ahondando en los casos de corrupción en los que se encuentra involucrada la empresa brasileña. Para analizar esta coyuntura, Noticias SER entrevistó a Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción y socio del Estudio Jurídico Arbizu & Gamarra.

¿Cómo evalúa el rol de los fiscales? ¿Es cierto que lo excepcional se ha vuelto la norma?

El tema de las prisiones preventivas y las detenciones preliminares no ha sido parte de la discusión actual en el debate judicial peruano, pero sí es una realidad vigente en los últimos años. Lo que no me resulta extraño, sino antojadizo, interesado y materia de suspicacia, es que el tema se vuelva un debate central cuando hay un subsistema anticorrupción que está funcionando, cuando se está tratando de luchar contra la impunidad. No creo que haga mal a nadie que se debata permanentemente sobre los presupuestos de las detenciones preliminares o prisiones preventivas, pero cuando eso se convierte en un pretexto para atentar contra la lucha anticorrupción, me parece que es inmoral.

¿Se deben modificar las normas para la prisión preventiva y detención preliminar o como dice Daniel Salaverry, se trata más bien de un tema de interpretación?

Modificarse no. Me parece que la ley es muy clara y hay una serie de elementos que tienen que concurrir para que se sustente una detención preliminar o prisión preventiva. Además, existen interpretaciones tanto del Poder Judicial como del propio Tribunal Constitucional sobre esta materia.  Por otro lado, solo el uno por ciento del universo total de investigados o procesados por delitos de corrupción tienen algún tipo de medida de esta magnitud. Entonces, no es cierto que estemos ante una explosión creciente o singular en relación a las prisiones preventivas.

¿Qué opina sobre las declaraciones del Presidente Vizcarra y del Primer Ministro Del Solar al respecto? ¿Estamos ante un cambio del Poder Ejecutivo?

Hay un poco de retroceso en el discurso de apoyo total y pleno al ejercicio de la persecución penal contra los corruptos. No le conviene al gobierno hacer eco de algunos actores interesados y oportunistas que sostienen que se está actuando de manera irregular, cuando en realidad lo que buscan es tirarse abajo la lucha anticorrupción.

¿Los organismos internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre el uso excesivo de las medidas restrictivas de la libertad en el Perú, como sostienen algunos de los críticos?

En el Perú particularmente no. Hay países en la región cuya normatividad es mucho más severa en cuanto a la imposición de medidas preventivas o limitativas de los derechos en general. En algunos países, por ejemplo, la sola apertura de instrucción en ciertos delitos supone la prisión preventiva para el imputado. Ese no es el caso de Perú. Sin embargo, de manera genérica, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que obviamente las restricciones a la libertad deben ser excepcionales y estar sujetas a una serie de parámetros. Creo que en algunos casos, esto no ha sido interpretado correctamente por los jueces de nuestro país, pero repito, este es un asunto que tiene muchos años y está lejos de relacionarse exclusivamente a la justicia anticorrupción.

¿Existe un tratamiento diferenciado de los fiscales en relación a los casos de Susana Villarán y Miguel Castro?

No. El caso de Castro no lo conozco muy bien, pero me parece que en el caso de la señora Villarán se han recogido elementos de convicción importantes en el último tiempo. Creo que hay elementos de juicio relevantes para sostener las imputaciones, pero para la imposición de medidas preventivas se requiere de más peligro procesal y, como en el caso de Kuczynski, mi opinión es que no se ha justificado adecuadamente el riesgo procesal para la imposición de la medida de detención preliminar. Con Susana Villarán, aparentemente no se cumplen necesariamente los requisitos, sin embargo, esto tendría que ser evaluado por el Ministerio Público y seguramente a la luz de las nuevas declaraciones de Barata, puede ser que aumente el riesgo de que se ordene una detención preliminar o prisión preventiva.

¿Se puede continuar con las indagaciones sobre el ex presidente Alan García?

Alan García no puede ser imputado por la comisión de delitos, no puede ser encontrado culpable porque ya no está, pero cualquier tipo de indagación alrededor de los actos de García sí es importante para indagar sobre la responsabilidad penal de otras personas. Ahora se sabe que las entregas de dinero y la razón para que estas se hayan realizado a los señores Nava y Atala están vinculadas con el pago de coimas al propio García, de otra manera no se entendería el móvil de la comisión del delito. Por otro lado, todos los bienes de origen ilícito que haya podido obtener García pueden ser sometidos al procedimiento de pérdida de dominio para que, si se prueba el origen ilícito, puedan regresar al Estado.