Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Mariano Castro: “El Acuerdo de Escazú establece el principio de soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales”

Omar Rosel

El Acuerdo de Escazú, instrumento que garantiza a los ciudadanos los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, fue suscrito por el Perú en el 2018, estando pendiente su ratificación por el Congreso de la República. Durante las últimas semanas, algunos sectores han iniciado una campaña de oposición a la ratificación, señalando supuestos perjuicios a la soberanía nacional. Para analizar esta situación, Noticias SER conversó con Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y ex Vicepresidente de la Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente, UNEA-1.

 

¿Cuál es el estado actual de ratificación del acuerdo de Escazú?

A la fecha tenemos 22 países que han firmado del acuerdo y un total de 9 ya lo han ratificado. En el caso del Perú, el gobierno ya remitió el proyecto de resolución legislativa al Congreso de la República, acompañando al expediente de las opiniones favorables de todos los sectores del Poder Ejecutivo, así como también de otras instancias del Estado.

¿Tienen sentido las críticas surgidas en las últimas semanas, que buscan impedir que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú?

Son observaciones, a mí juicio, totalmente infundadas. Pareciera que estuviesen comentando un texto que no es el Acuerdo de Escazú, porque este instrumento no contiene las cuestiones que observan. Dicen que el Estado peruano perderá la soberanía sobre la Amazonía, lo cual es falso, porque este documento  no se refiere a la Amazonía y tampoco a ninguna parte del territorio. Es más, el Acuerdo de Escazú establece el principio de soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales. El artículo 3 lo dice con claridad y el artículo 13 señala que todas las partes (los países) deben establecer, de acuerdo a sus prioridades nacionales, las actividades que realizarán para el cumplimiento del Acuerdo.

Respecto a la resolución de controversias en el marco del Acuerdo de Escazú ¿se establece una instancia supranacional, como señalan los críticos?

Eso es falso. Para empezar, la máxima instancia del Acuerdo de Escazú es la Conferencia de las Partes que está conformada por los mismos estados y son ellos los que toman las decisiones relativas a este instrumento. Además, como sucede en todos los acuerdos internacionales, existe un mecanismo de resolución de controversias entre los estados que son parte, el cual establece que se debe buscar una solución amigable de las controversias. Y con respecto a las controversias, estas tienen que ver con la aplicación del instrumento  y no tienen nada que ver con el manejo de recursos. Ahora, si no hay acuerdos entre los estados, recién se abre la opción de acudir a la Corte de la Haya, pero para ello las partes tienen que estar de acuerdo en recurrir a dicha instancia. No es obligatorio y por tanto el Perú puede decir no y no irá a la Corte de la Haya.

¿Qué opina sobre esta campaña de oposición? ¿A qué intereses obedecen?

Esta es una campaña basada en la desinformación. Como señalé, lo que se observa o cuestiona, no tiene nada que ver con el Acuerdo de Escazú. Hay varios pronunciamientos de diferentes organizaciones que señalan que este no implica en absoluto la pérdida de soberanía sobre los recursos, tampoco implica ceder a instancias internacionales la resolución de controversias, y por supuesto no implica para nada una parálisis de la economía o que el Estado sea reemplazado en la toma de decisiones. Al contrario, lo que se busca beneficiar a las los diversos sectores y también a los empresarios, a las actividades económicas y a las comunidades, porque es fundamental el acceso a la información, el acceso a la participación y acceso a la justicia. De eso trata el Acuerdo de Escazú.

¿Cuál ha sido la posición del gobierno? ¿Se podría hablar de una postura uniforme o hay sectores que están en desacuerdo?

El proyecto de resolución  legislativa contiene los informes favorables de todos los sectores. El expediente está ahí y eso es lo que tiene el Congreso de la República. No hubo ningún cambio y recientemente la Ministra del Ambiente ha declarado que la Cancillería mantiene la misma posición a favor de la ratificación. Hay una carta del Canciller que responde a un pedido de opinión sobre un artículo del Acuerdo y esta ha sido malinterpretada, porque en ninguna parte de esa comunicación se señala que hay un desacuerdo con la ratificación del Acuerdo.

¿Cuál es la posición de las empresas, en especial del sector extractivo? Por ejemplo, hace un tiempo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía remitió una carta al Ministro de Relaciones Exteriores cuestionando la inclusión de un artículo vinculado a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Creo que fue una comunicación del 2017, cuando se estaba en pleno proceso de negociación, lo cual revela que este gremio estaba al tanto del proceso de negociación e inclusive participó de los foros se realizaron. Además, su preocupación sobre un artículo fue comunicada a la Cancillería, ejerciendo su derecho de participación y opinión sobre un tema relevante. Lo cierto es que el Acuerdo de Escazú reconoce por primera vez en un acuerdo internacional, la figura del defensor ambiental. En el texto se establece claramente que como personas afectadas en sus derechos ambientales, lo que se busca es salvaguardar esos derechos. El Estado debe tener una preocupación especial por ese tipo de personas, salvaguardando su seguridad, su integridad y su rol de defensores ambientales. Y no se trata de que estas personas ejerzan su derecho de forma violenta, eso está proscrito. No se reconoce el ejercicio violento, sino más bien la participación en el marco de la ley. Yo confío, como está ocurriendo en el resto de los países de América Latina y el Caribe, que el Perú se concrete una ratificación por unanimidad y con la participación favorable del sector empresarial.

¿Las bancadas del Congreso del República están sintonizados sobre la importancia de ratificación del Acuerdo de Escazú?

Deben tomar en cuenta que el Acuerdo de Escazú es muy útil porque beneficia a todas las personas y busca facilitar la participación de todos para la obtención de resultados ambientales, reforzando la implementación del principio décimo de la Declaración de Río de 1992. El objetivo es lograr la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Finalmente y teniendo en cuenta el proceso de reactivación económica ¿cree que esto podría llevar el riesgo de reducir los estándares ambientales?

Debemos reflexionar a partir de lo que está ocurriendo en otros lugares. Por ejemplo, en la Unión Europea se ha planteado que la reactivación económica debe tener un contenido climático y de cuidado de la naturaleza, porque un aspecto que refleja la situación actual es que hemos traspasado los límites ambientales en el manejo de hábitat y ello es una causa de la pandemia. En nuestro país, la reactivación no puede dejar de lado un contenido ambiental y un contenido climático. No hacerlo, significaría que no hemos aprendido la lección. Por ello, en este momento, hay que estar muy atentos a las decisiones tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico.