Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Romy García: "Hay que acabar con la idea que lleva a encubrir a los violadores por temor a romper a la familia"

El asesinato de Jimenita, una niña de 11 años luego de ser secuestrada y violada, nuevamente ha colocado en discusión las dificultades para hacer frente a las violaciones sexuales a menores de edad en el país, aunque, parece ser que la situación se escapa permanentemente de las manos e incluso desde ciertos sectores se ha pedido la implementación de penas más severas como la pena de muerte. Sobre el asunto, Noticias SER conversó con Romy García Orbegoso, socia del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS y especialista en el tema.

Somos un país con un alto número de violaciones, ¿qué nos pasa?

Hay un sistema que constantemente se refuerza, lo que conocemos como machismo. Tenemos masculinidades construidas a partir de roles tradicionales, de exacerbación de la sexualidad de varones, creyendo que la virilidad se expresa a través del dominio de los cuerpos de las mujeres y de seres humanos. Hablamos de una cultura, lamentablemente de violencia sexual, de violación a menores, tan arraigada en nuestras mentes. Esta situación debe cambiar pero implica un cambio cultural muy grande.

Producto de este lamentable hecho se ha vuelto a hablar sobre la pena de muerte, pero ¿es una salida?

Para nada. Estamos completamente en desacuerdo por su uso político. Los políticos casi siempre se provechan de esta situación para exacerbar pero no han hecho nada. Es una salida populista que no resuelve el problema pues las soluciones son varias y multisectoriales. No vamos a lograr nada si no hacemos programas adecuados de educación sexual integral, sino aplicamos adecuadamente el aborto terapéutico o dotamos de presupuesto a las políticas públicas. Asimismo, el sistema de justicia es el que tiene que funcionar con celeridad, condenando más. Según el Poder Judicial, en el 2017 se emitieron 406 condenas por delitos de violación sexual y 60 cadenas perpetuas. Está bien, pero es muy bajo para la cantidad de denuncias. La Fiscalía nos dice que fueron 25 mil casos por violencia sexual en el 2017.

Partiendo de que siguen las trabas en instancias estatales ¿cómo ve la tarea en el Congreso en cuánto a medidas legislativas para hacerles frente?

Muy lento, no están aprobando las normas. Tenemos la Ley 30364 que requiere ser fortalecida por otras normas para poder llevarse a la realidad, pero no se ha hecho. En el caso de niñas que producto de violaciones han salido embarazadas tampoco se ha hecho nada, así como tenemos durmiendo un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual. Estamos pidiendo que se trabaje en el registro de denuncias y de violaciones y debe aprobarse el registro único de víctimas y agresores que es una herramienta de la Ley 30364. En la Comisión de la Mujer también hay 4 proyectos sobre el tema. Esas leyes deben prontamente ser aprobadas, dotando de recursos a las instituciones públicas para su actuación rápida.

¿Qué otras tareas le corresponde al Estado teniendo en cuenta que no funciona correctamente ante estas situaciones?

Que se resuelvan los casos rápidamente en el Poder Judicial y apoyo a las víctimas desde su defensa hasta la cuestión psicológica. En el caso de la Fiscalía, se requiere una eficiente investigación, respeto a las víctimas, implementación de las cámaras Gesell para las entrevistas únicas a menores y mujeres adultas. En cuanto al Ejecutivo, tenemos un trabajo muy fuerte. Se tienen que fortalecer los programas de prevención y la actuación conjunta de los ministerios. El ministro de Educación se ha reunido con la ministra de la Mujer para hablar de medidas y está bien que se piense en la implementación de la educación sexual integral porque es básica para la prevención, además es básico el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes con conocimiento del enfoque de género.

A partir de estos hechos se habla del papel de la familia y de la sociedad ¿Qué les corresponde para hacer frente a estas situaciones?

Conversar sobre estos temas. Uno de los datos es que los principales agresores son personas conocidas y cercanas de las víctimas y ahí lo que tenemos que hacer es romper el silencio, dar confianza, hay que acabar con la idea que lleva a encubrir a los violadores por temor a romper a la familia. También hay que apoyar y acompañar a las víctimas con el respaldo de las instituciones públicas pues muchas denunciantes quedan en estado de vulnerabilidad. En cuanto a medios de comunicación, estamos en contra de que se le quite el peso al agresor diciéndole “monstruo de tal”. El agresor es un asesino, un delincuente que tiene que ser llamado por su nombre, tampoco aferrarse a la idea de que es un enfermo mental porque va en contra de la propia víctima en los procesos judiciales.

Sin embargo, cuando se suceden estos lamentables hechos, muchas personas buscan la culpa en la propia víctima y en las familias.

Así es. Un periodista de ATV entrevistaba a la mamá de Jimenita y hacía preguntas realmente intimidantes y culpabilizadoras. El periodismo tiene que ser cuidadoso y prepararse para las entrevistas porque no hay respeto a la dignidad de las víctimas y de sus familiares. La víctima no provoca su violencia, porque el único culpable es el asesino, el agresor, el violador. A veces nos quedamos en la parte superficial y no vamos a las casusas de la violencia que es lo que tenemos que modificar.

La premier Mercedes Aráoz se refirió recientemente a estos hechos, señalando que la violencia viene de espacios en los que los integrantes tienen anemia o no se han alimentado bien ¿qué opinión le merece estas declaraciones?

Son lamentables. Escapa a todo análisis profundo y serio del problema. Es increíble que aunque sea no haya aplicado un pequeño curso de género o leer bien y darse cuenta que eso no es así. La violencia cruza clase sociales o niveles educativos porque hay causas estructurales, sistemas de género, sistemas culturales que provocan la violencia. Sus declaraciones no contribuyen a dar una solución real, porque según su relación lógica necesitamos alimentar bien a todos para acabar la violencia.

¿Qué otras medidas hay que tomar?

El MEF está pasando desapercibido y quisiéramos que se realice una interpelación y se diga cuántos recursos está proporcionando al sector mujer, a programas con niños y niñas, a programas de prevención y atención de violencia y ahí nos daremos cuenta que todas estas declaraciones son solamente de política populista. La Ley 30364 necesita presupuesto. Como DEMUS, desde hace 4 o 5 años, hemos pasado 18 medidas para el acceso a la justicia de víctimas y muy pocas se han implementado. Entre algunas de las medidas tenemos la implementación de cámaras Gesell; la formación en género para magistrados y magistradas porque están llenos de prejuicios y estereotipos. También los observatorios nacionales de la violencia de género; el registro de agresores; asimismo, el incremento de defensoras y defensores públicos; además, que haya actuaciones conjuntas intersectorialmente. Todas están sustentadas en leyes y documentos, pero necesitamos voluntad política y presupuesto real.