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Una publicación de la asociación SER
Fotógrafo documental, interesado en construcción de archivo fotográfico, género, migraciones, informalidad, educación y desigualdad social.

Grave situación de defensores y defensoras de DDHH en Guatemala

Foto: Facebook Radio Victoria, la voz de los pueblos

Al finalizar el año 2018 La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 391 agresiones contra personas que defienden los derechos humanos en su país y expertos de las Naciones Unidas han alertado sobre el aumento de homicidios, ataques y otros actos de intimidación contra estos mismos grupos de la sociedad guatemalteca. Noticia SER conversó con Leiria Vay, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino – CODECA y Cristina Ardón, presidenta del comité campesino del altiplano CCDA – Guatemala, sobre las dificultades que enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos.

“En Guatemala, los niveles de corrupción son altos y también los niveles de represión a la defensa de los derechos humanos. En lugar de hacer justicia, nos criminalizan” dice Leiria Vay quien denuncia que entre el 2018 y 2019 han asesinado a 14 miembros de su organización (12 hombres y 2 mujeres). "En el 2018 han asesinado a 6 y en el 2019 ya van 8 asesinatos" dice Leiria.

Los defensores y defensoras de CODECA, viven en constante hostigamiento por parte del Estado quien ha implementado una campaña de desprestigio y persecución contra sus dirigentes, acusándolos sin sustento de robar energía eléctrica. Incluso se ha instalado todo un sistema legal para criminalizarlos, lo que les ha permitido iniciar un proceso penal a 2700 miembros de la organización.

Otro de los intentos del Estado por frenar la articulación y acción de CODECA es declaración del estado de sitio en diversos departamento, actualmente son 5 departamentos los que se encuentran bajo esta orden de inmovilización. “Tanto el gobierno pasado como actual, han dicho de manera pública que las organizaciones somos un mal, y que deben erradicarnos” finaliza Leiria Vay.

Por otro lado, Cristina considera que esta criminalización “pasa por distintas esferas desde lo político, vínculos con el narcotráfico, grupos paralelos de seguridad e intereses de industrialización del área rural”.   En el 2018 asesinaron a 9 defensores, y ese mismo año 15 de sus compañeros estuvieron en la cárcel.

En 1985 el Estado de Guatemala planteó una ley de áreas protegidas, y con ello inició una campaña de amedrentamiento con el propósito de desalojar a las familias campesinas que habían vivido años en esos territorios, acusándolas además de usurpadores de la tierra e invasores de esos predios. Ese mismo argumento se replica hasta el día de hoy para hostigar a los defensores de la tierra. “Nosotros hemos demostrado que no es así, lo que existen son intereses industriales que quieren aprovechar esos territorios para explotar sus recursos” explica Cristina.

“Uno de los casos más emblemáticos es el del territorio de la comunidad de Santa Helena San Manzana, en el que nosotros le ganamos al Estado por medio de un litigio estratégico que se trata de replantear el proceso histórico donde se evidencia que nuestros compañeros si han vivido en esos territorios por mucho tiempo. La Municipalidad del distrito ocultó la información que comprobaba que sí eran habitantes y a partir de este mismo caso existieron muchos conflictos con otras comunidades aledañas influenciadas por grupos paralelos que les daban armas para que puedan amenazarnos. Esta versión esta comprobada ya que los campesinos en esta zona difícilmente tienen para un día de alimento, viven con uno o dos dólares diarios y por lo tanto es imposible que puedan adquirir armas. Como consecuencia de los tantos enfrentamientos entre nuestras comunidades hemos tenido fallecidos, heridos, familias desaparecidas y una compañera que hasta hoy tiene una bala alojada en la cabeza. A pesar de haber denunciado estos ataques ante las autoridades muchos de nuestros compañeros han sido acusados injustamente de asesinar a un guardia de seguridad y están con orden de captura.” detalla Ardón.

La presidenta del comité campesino considera que el Estado solo protege el derecho de la propiedad privada y “lo que el gobierno actual pretende es extraer minerales como el oro, construir una carretera y oleoductos para saquear los bienes naturales”. Ante estas medidas del gobierno Cristina junto a miembros del comité campesino y especialistas han elaborado un mapa cartográfico para demostrar que el Estado pretende saquear la propiedad de vivienda de ciudadanos y ciudadanas indígenas campesinos.

Ambas dirigentes ofrecieron estas declaraciones en el marco del X Foro de la Tierra América Latina y el Caribe 2019 que reunió a más de 200 representantes de organizaciones e instituciones vinculadas a la gobernanza de la tierra de diversos países de la región en el que se debatieron temas en torno a la gobernanza de la tierra tras medio siglo de aplicación de reformas agrarias en América Latina. El foro fue desarrollado en Lima – Perú el pasado 25 y 26 de septiembre organizado por la ILC ALC y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.

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