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Una publicación de la asociación SER

Eduardo Vega: "La Fiscalía del Caso Lava Jato ya debe formular las acusaciones"

Foto: Luisenrrique Becerra

Por: Omar Rosel

Hace unos días se hizo pública la denuncia hecha por la empresa Odebrecht en contra del Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), situación que fue aprovechada por algunos sectores interesados en cuestionar el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht y en sacar de carrera al equipo de fiscales liderados por Rafael Vela y Domingo Pérez. Para ahondar en el análisis sobre este tema y otros del contexto, Noticias SER conversó con Eduardo Vega, ex Defensor de Pueblo y Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

 

¿Cree que la demanda de Odebrecht al Estado peruano hecha ante el CIADI por el gasoducto afectará al proceso de colaboración eficaz de la empresa brasilera?

No debería afectarlo, porque los fiscales han estado haciendo un buen trabajo; pero, sin duda, la empresa muestra una actitud delincuencial, y no se puede confiar de ninguna manera en Odebrecht, porque han dado a cuentagotas la información y no han dicho todo lo que tenían que decir. Asimismo están tratando de beneficiarse en lo posible de estos acuerdos, así como de retrasar su cumplimiento de pago. A partir de todo lo que uno está viendo, creo que es importante presionar a esta empresa para que de una vez diga toda la verdad. Ahora bien, sobre el gasoducto sur ya Graña y Montero ha corroborado a través de la colaboración eficaz que ha existido corrupción en ese caso.

¿Fue correcta la postura del gobierno con respecto a Odebrecht y su concurrencia a la CIADI?

Quisiera hacer un llamado al CIADI a que rechace la demanda de manera rápida. Hay especialistas en arbitraje que señalan que puede tomar hasta dos o tres años, pero las posibilidades de que el Estado peruano gane son muy altas, porque tiene la razón y el proyecto está afectado por la corrupción. Pero, creo que la postura del Estado peruano debería ser más diligente para lograr que esto pueda concluir en el plazo más breve posible y afinar todos los mecanismos. El Estados peruano tiene que actuar con unidad frente a la demanda de Odebrecht ante el CIADI

Tras conocerse la demanda de Odebrecht ante el CIADI, algunos sectores han acusado a los fiscales Pérez y Vela de haber favorecido a ésta empresa con el acuerdo de colaboración eficaz ¿cómo interpretar este tipo de acciones?

Han hecho una labor importantísima y no se les puede evaluar por un solo tema. Creo que hay que evaluarlo en un contexto donde los ex presidentes del Perú están gravemente comprometidos en diversos casos de corrupción por el financiamiento de campañas políticas y si lo sabemos es gracias a la labor del equipo especial. Por eso hay que  tener cuidado con personajes como Aladino Gálvez  y otros que buscan descalificar a un equipo que ha estado haciendo bien su trabajo, pero que ha estado dependiendo mucho de la versión de los personajes de Odebrecht, como Jorge Barata, quienes han estado dando a cuenta gotas la información.

¿Se podría decir que es positivo el trabajo del equipo especial de fiscales liderado por Vela y Pérez?

Mirándolo en perspectiva, en una evaluación integral, creo que es un trabajo importante que hay que fortalecer. Lo que quiero resaltar es que el sistema anticorrupción en nuestro país, tanto en la fiscalía como el Poder Judicial, hay que fortalecerlo y protegerlo de los Cuellos Blancos y de todos aquellos que todavía permanecen instalados en algunos lugares del sistema de justicia , ese es el gran reto que tenemos en este momento. Se quiere desactivar el sistema especial, la fiscalía especializada y de jueces también, pero se ha dado un mensaje de unidad clara que no se va ceder.

Pero ¿considera que hay un retraso del equipo especial de fiscales para formalizar acusaciones en el caso de Lava Jato?

Sí, yo he venido diciendo desde fines del año pasado que la fiscalía del Caso LavaJato ya debe formular las acusaciones, porque hay casos que están avanzados. Hemos visto las estrategias legales que se vienen siguiendo, pero lo que se resalta son las prisiones preventivas, que en algunos casos son importantes, pero en general, también, pueden ir en contra de lo que se reclama, que es definir la situación de los procesados.

Hay la percepción de que el equipo Lava Jato le ha dado prioridad al caso de Keiko Fujimori ¿Es éste el principal caso de corrupción en el país?

Lamentablemente toda la clase política, nuestros Presidentes de la República y los candidatos, han tenido participación en estos casos. Creo que lo que se ha demostrado es que los partidos políticos recibieron financiamiento de empresas como Odebrecht y el gran reto es que se demuestre que hubo también lavado de activos. En todos esos casos, se ha visto que la fiscalía ha ido acopiando pruebas y en la mayoría de ellos hay pedidos de prisión preventiva, porque lo que pasa es que aún no se ha avanzado con la investigación y lo otro es que las pruebas están fuera del país.

¿Considera que es adecuado el uso del mecanismo de la prisión preventiva?

Desde mi experiencia como Defensor del Pueblo, siempre he planteado que la prisión preventiva tiene que ser un recurso muy excepcional. Lo que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso peruano, así como la propia Corte Suprema de Justicia es que la prisión preventiva era excepcional y restrictiva, y para su aplicación tenía que comprobarse en concreto, el peligro procesal y la obstrucción a la justicia. Creo que nos hemos desgastado en ese debate y corremos el riesgo, incluso, de precipitar los procesos principales. En el caso de Keiko Fujimori y de otros políticos ya se ha debido ir a juicio para resolver la situación jurídica de fondo.

¿Qué mecanismos se deben establecer para evitar casos como los del renunciante Ministro de Energía y Minas que fue anteriormente asesor de Odebrecht?

Lo primero es ser muy transparente al momento de asumir este tipo de cargos. Lo que queda claro es que el señor no informó de manera detallada, con la transparencia que requiere la declaración jurada, sobre las consultorías que había realizado. Creo que si lo hubiese hecho no podría haber asumido este cargo, porque estamos frente  a un caso de conflicto de interés, un típico caso de la “puerta giratoria”: hoy estoy aquí en la actividad privada, mañana estoy allá en la actividad pública y finalmente estoy favoreciendo determinados intereses particulares. Es un caso donde queda establecido cómo muchos altos funcionarios del Estado peruano no son conscientes del conflicto de interés que tienen cuando han realizado desde una entidad privada consultorías para determinadas empresas y, luego acceden a ocupar cargos públicos de alta importancia como el ser ministro y terminan tomando decisiones que pueden ir en contra de los intereses del Estado.

¿Cuál es su opinión sobre la separación de Jorge Ramírez del cargo de Procurador Público Ad Hoc del caso Lava Jato?

Creo que primero se debe aclarar esa situación donde Jorge Ramírez solicitó una reunión al exministro de Energía, Juan Carlos Liu, para atender a representantes de Odebrecht. Cuáles fueron las circunstancias en las que se dio, eso requiere explicación y mayor claridad. Lo que he escuchado es que el término de su función se debe a una pérdida de confianza, y que no hay un proceso de por medio.