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Una publicación de la asociación SER

Jorge Bracamonte: “Un grupo organizado por el Estado para violar derechos humanos no puede continuar”

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

La forma como Manuel Merino llegó a la Presidencia de la República motivo que la ciudadanía se movilice masivamente, pero la represión policial contra esta manifestación ha sido violenta y desmedida, generando dos muertes, cientos de personas heridas, así como detenciones irregulares y secuestros. Estos hechos constituyen violaciones contra los derechos humanos, cuyos responsables no sólo son las fuerzas policiales, sino los responsables políticos como Manuel Merino y Antero Flores Araoz. Noticias SER entrevistó a Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobe el actuar de la policía.    

¿Cuáles son las principales violaciones a derechos humanos que se registraron en las movilizaciones de esta última semana?

Todos estos días se han producido hechos absolutamente irregulares. Hemos tenido detenciones arbitrarias de los manifestantes sin presencia de la fiscalía que fueron conducidos a las comisarías.  También los abogados de las personas detenidas han sido obstruidos en el cumplimiento de sus funciones, e incluso uno de nuestros abogados fue detenido y otra abogada ha recibido amenazas telefónicas. Otro elemento preocupante es el uso excesivo de  la fuerza, absolutamente irracional e irresponsable que ha producido más de 200 heridos producto de diversos tipos de proyectiles, que van desde perdigones hasta otros aún no determinados, lo que lamentablemente ha conducido a la muerte de dos personas, situación que es absolutamente condenable. No hay nada que permita justificar la respuesta agresiva, desproporcionada y violenta de la policía. Por ello debe investigarse puntualmente la responsabilidad no sólo de quienes participaron directamente de los operativos sino también de los responsable políticos de estos hechos.

¿Se ha determinado cuántas personas han sido objeto de secuestros?

Aún está por determinarse el número total de personas que fueron sometidas a este tipo de situaciones de secuestro. Sucede que hubo personas no habidas o desaparecidas, que durante las manifestaciones han debido esconderse por el toque de queda y aquellas que han sido detenidas de forma irregular donde han participado elementos del Grupo Terna.

¿Cuál ha sido el factor que generó una repuesta violenta de las fuerzas policiales contra la protestas ciudadana?

Formalmente la policía no reconoce que haya habido tal respuesta agresiva, desproporcionada y violenta, al margen de los estándares internacionales sobre el uso de la de la fuerza,  ​​principios que están contemplados en el manual de los derechos humanos de la policía. Es preocupante, no solo por la violencia durante las manifestaciones, sino porque se han aplicado procedimientos absolutamente irregulares y al margen de la ley. Lo que creemos que hay grupos que actúan la interior de la policía, sin responder a los principios normativos de la institución.

Considerando estas vulneraciones de derechos humanos ¿Qué deberíamos esperar del gobierno de Francisco Sagasti?

El gobierno no puede voltear la página. Lo que ha acontecido es muy delicado, porque no sólo se ha roto el estado de derecho, sino se ha quebrado la confianza de la ciudadanía hacia el Estado y sus instituciones, sus miembros y autoridades. Este vínculo tiene que ser restaurado. Lo primero que se tiene que hacer es reconocer la gravedad de los hechos, para esto hay que hacer una investigación profunda e independiente, donde participen expertos internacionales que determinen con libertad las causas de los hechos, así como determinar las responsabilidades que alcanzarían, de acuerdo a la denuncia penal hecha por las y los abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a Manuel Merino, a Antero Flores Araoz, a Gastón Rodríguez y otros altos mandos y funcionarios. La ciudadanía tiene el derecho a saber la verdad.

Hay jóvenes que están en riesgo de quedar paralíticos o tiene comprometida la vista ¿Qué responsabilidad debe asumir el Estado con respecto a estas víctimas?

Vinculado al tema de la verdad, está el tema de la justicia y la reparación hacia las víctimas. Hay más de 200 personas impactadas por diverso tipo de proyectiles que tienen que ser acompañadas para que puedan volver a una vida  normal y sin traumas. Y aquellos que han sufrido lesiones graves, que les va a dificultar su vida, tienen que ser reparados, porque no se puede malograr la vida de la gente y no asumir ninguna responsabilidad. Tiene que haber un plan integral que repare a estas personas y sus familias.

¿Considera que la policía requiere una reforma, porque no es la primera vez que hay muertes por el uso desmedido de la fuerza policial?

Desde el año 2003 hasta la actualidad, casi doscientos civiles han muerto en el marco de las manifestaciones en conflictos sociales a manos de agentes del Estado. Y no hay elementos de la policía que estén pagando por este delito. Esta situación de impunidad es lo que hemos vivido estos días en las calles de Lima. Esta situación, supone que el nuevo gobierno tiene que producir  las reformas necesarias y atender algunas exigencias como aquellos que planteamos desde la sociedad civil. Creemos que se tiene que desactivar el Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, un grupo organizado por el Estado para violar derechos humanos no puede continuar. Se debe realizar una profunda reforma de la Policía Nacional del Perú.

¿Será posible sancionar penalmente a Manuel Merino y Antero Flores Aráoz, porque en casos anteriores los responsables políticos de muertes de civiles han quedado impunes?

Por eso decimos que son importantes las investigaciones. Recordemos que un conjunto de instituciones de derechos humanos de la comunidad internacional se pronunciaron sobre el uso de la fuerza policial durante la manifestación del día jueves. Sin embargo,  al día siguiente, el Premier Antero Flores Aráoz fue a felicitar este comportamiento irregular y violento de la policía sobre la población civil. En ese sentido, la responsabilidad de estos hechos, alcanzan a quienes ejercieron la autoridad de Estados durante los días del golpe de estado.