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Una publicación de la asociación SER
Abogado y politólogo, integrante del comité editorial de Noticias SER

Richard Arce: “No tiene sentido tratar a los comuneros como si fueran una banda de secuestradores y extorsionadores”

El conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas ha entrado a una fase de tensa calma, donde si bien se ha instalado el diálogo existe una condición previa puesta por los comuneros: la amnistía a los comuneros, dirigentes y asesores procesados por los conflictos ocurridos en la zona en los últimos años. Por ello Noticias Ser entrevistó al congresista Richard Arce, quien ha sido uno de los pocos parlamentarios de la región Apurímac que han buscado una solución a las diversas aristas del conflicto. Sobre el diálogo y su compromiso de presentar un proyecto de ley que responda a la demanda de amnistía, conversó con Paulo Vilca, miembro de nuestro comité editorial

¿Cuál ha sido su compromiso y el de los demás actores, con relación a la propuesta de amnistía en el caso de Las Bambas?

El pasado miércoles, con la presencia del Ministro de Justicia, el jefe de la OCMA y los dirigentes de las comunidades del ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas se constituyó la mesa temática de Derechos Humanos como primer compromiso después del inicio del diálogo. Se requiere generar confianza con la población comunera y eso no puede hacerse si tienen que afrontar procesos judiciales en su contra. No hay que olvidar que el conflicto es una consecuencia de la ausencia del Estado en el acompañamiento a las comunidades pese a que estas han estado de acuerdo con el proyecto. Desde que Las Bambas empezó en el año 2004, se han producido paros y movilizaciones en el 2011, 2015, 2016, 2017 y 2019 con muertos y heridos. La gente desconfía más porque ahora hay normas que llegan a considerar a una comunidad campesina como una organización criminal. Los comuneros dicen: “no somos delincuentes, nosotros nos hemos levantado reclamando derechos legítimos a consecuencia de los impactos sociales ambientales y económicos del proyecto minero”.

¿Por eso plantean el pedido de amnistía?

Uno de los acuerdos de la mesa fue la presentación de un proyecto de ley que declare la amnistía en todos estos casos o sino el archivamiento de las denuncias. Este último aspecto tiene otro enfoque porque le corresponde a una instancia jurisdiccional del Ministerio Público o el Poder Judicial. Ahí ni nosotros en el Congreso ni el Poder Ejecutivo tienen mayor injerencia para que se archive un proceso.

¿Cuáles serían los alcances de un proyecto de ley de amnistía? ¿Qué delitos y qué periodo de tiempo se considerarían en la propuesta que presentará?

En el caso de la amnistía reconozco que hay serias objeciones y es un tema bastante delicado porque seguramente se prestaría a un juego perverso de algunos sectores que buscarán incluir a personas que no son parte de las comunidades campesinas, lo cual debe evitarse. Por otro lado, una amnistía implica un reconocimiento de los delitos y a los comuneros se les acusa por extorsión y organización criminal, lo que quiere decir que eventualmente tendrían que aceptar estos delitos.

¿Es decir que no es una solución a los problemas?

Así es, por ello analizando estos factores, el día jueves vamos a presentar tres proyectos: el de amnistía, uno segundo que tendrá como objetivo terminar con las normas que criminalizan la protesta y la consideran como delito de extorsión; y el segundo estará dirigido a evitar que se consideren a las comunidades campesinas como organizaciones criminales.

¿A quiénes alcanzaría la amnistía que propondrá?

Específicamente a los miembros de las comunidades campesinas del ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas que han sido denunciados a raíz de las movilizaciones y protestas. No entrarían los abogados Chávez Sotelo ni ningún otro comunero que haya cometido un delito común. Vamos a precisar quiénes serían lo que podrían ser incluidos en la amnistía y seremos cuidadosos para que el proyecto no sea considerado inconstitucional, debiendo recordar que las leyes tienen un alcance nacional y no pueden restringirse sólo a algunas personas.

¿Cómo toma la postura de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el sentido de que un proceso de diálogo debe darse sin condiciones entre las partes, lo que no ocurriría en este caso con la propuesta de amnistía?

Es una vergüenza lo que ha manifestado la Sociedad Nacional de Minería. Ellos deberían pedir disculpas con humildad a los comuneros por todas las afectaciones que se han generado, así como por las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas que fueron hechas a conveniencia de la minera y en contra de las comunidades. Ellos están evadiendo su responsabilidad frente a las comunidades.

¿Las modificaciones que menciona se han realizado de forma irregular?

Tenemos que continuar con la investigación. Aquí ha funcionado muy bien la silla giratoria porque los funcionarios que han impulsado estos cambios y autorizaciones irregulares, después han aparecido como funcionarios o asesores de empresas mineras. Estamos frente a actos de corrupción.

¿Qué medidas tomará al respecto?

Estamos haciendo la investigación para realizar las denuncias respectivas. Tenemos datos que involucran a ministros que han aprobado distintas medidas a favor de la empresa minera, y estas son las que han generado estos conflictos sociales. Toda esta situación nos ha llevado a un punto bien complicado de no retorno.

¿Qué pasa si el Congreso no aprueba la ley de amnistía?

Probablemente no vaya a aprobarla, soy consciente de ello. He escuchado lo que opinan los fujimoristas que tienen mayoría y un sector de la prensa, pero más me ha extrañado la posición del gobierno que evade su responsabilidad y el compromiso que ha asumido. Si no llegamos a un consenso, los comuneros no van a dialogar y este no es un acto de extorsión, es un planteamiento real: si uno desea sentarse a una mesa debe haber respeto y cumplimiento de lo acordado.

¿A qué se debe esta postura del gobierno?

Pienso que es producto de la corriente de opinión que distorsiona la información, cuando ya se explicó que la amnistía en este caso es una respuesta para un problema específico que no soluciona el problema de fondo. Por eso es que queremos modificar sustancialmente las leyes que criminalizan la protesta.

¿Qué debería hacer el gobierno?

A corto plazo, la Procuraduría del Ministerio del Interior debería retirar las denuncias que ha entablado contra los comuneros, y lo mismo debe ocurrir en el caso de la empresa minera. Asimismo, el Ministerio de Justicia puede plantear un acuerdo plenario de la Corte Suprema para hacer una revisión de la tipificación de los delitos que criminalizan la protesta, como se ha hecho en el caso de las rondas campesinas, para evitar que los ronderos sean procesados por los delitos de secuestro, tortura o privación de la libertad y se dispone que los jueces ponderen estas acciones desde una perspectiva intercultural. Finalmente, los fiscales no deberían actuar de paporreta cuando ocurre un conflicto social. No tiene sentido tratar a los comuneros como si fueran una banda de secuestradores y extorsionadores que incluso cuenta con sicarios. Una comunidad campesinas no es una organización criminal.