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Una publicación de la asociación SER

Zulema Burneo: La gobernanza de la tierra depende de que todos puedan sentarse en la mesa en igualdad de condiciones

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

En América del Sur y el Caribe, los gobiernos están priorizando políticas que tienen como consecuencia una concentración de tierras en pocas manos, lo que genera situaciones de vulneración de derechos colectivos de poblaciones indígenas y campesinas sobre la tierra y el territorio. Los pocos avances en la institucionalidad y normas para el acceso a tierras de las poblaciones indígenas han sido desmantelados, o encarpetados por falta de voluntad política. En este contexto, en la región también se han registrado alarmantes cifras de asesinatos de Defensores de la Tierra. Para analizar este contexto complicado, Noticias SER conversó con la antropóloga Zulema Burneo, Coordinadora para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) en el marco del X Foro de la Tierra que se viene realizando en nuestra capital.

 

¿Cuál es la situación actual de la problemática de la tierra y el acceso a este derecho para las poblaciones indígenas en América del Sur y el Caribe?

En la región se vive un contexto desfavorable para los derechos sobre la tierra de la población campesina indígena, así como para el desarrollo de la agricultura familiar. También es un momento de regresión de los derechos ciudadanos básicos, muy difícil para la participación ciudadana, y para el diálogo entre sociedad y gobierno sobre políticas públicas. En general, vivimos un momento complejo para la gobernanza de la tierra en todo el continente, tanto en Centro América, la zona andina, o el cono sur. Hay una tendencia al aumento de la desigualdad y de la concentración de la propiedad en pocas manos, lo que trae consecuencias muy nocivas, para la población que vive en la tierra y de la tierra.

Respecto a la problemática de la tierra, ¿hay diferencias entre países con gobiernos de derecha o de izquierda?

Los gobiernos de tendencia progresista no han logrado cambiar las políticas extractivistas. Entonces, así sean gobiernos de derecha o izquierda, nos encontramos en una situación de afectación de derechos de poblaciones rurales. Dicho esto, tampoco podemos equipararlos ya que países como Brasil, Guatemala y Colombia registran índices mucho más altos de violencia, criminalización y persecución hacia los líderes que luchan por los derechos a la tierra y por el medio ambiente. También en Argentina, hace poco el gobierno desmanteló toda la institucionalidad encargada de atender el tema agrario, la agricultura familiar, tierras, con la consiguiente reducción de presupuestos. Otro ejemplo es Guatemala donde hay un debilitamiento muy serio de toda la institucionalidad que se encarga de atender la conflictividad agraria. La situación ahí es gravísima y sin embargo no hay una instancia fuerte que se encargue de atender los miles de conflictos y los casos de dirigentes que están perseguidos, encarcelados.

Esta situación desfavorable sobre los derechos a la tierra, ¿ se expresa en una afectación diferenciada entre hombres y mujeres?

Las mujeres por lo general son las más afectadas y hay mucha evidencia de que son las que menos tierras tienen. Cuando hay programas de acceso a tierra, logran acceder a las tierras de peor calidad y siempre se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, a lo que se suman otros problemas como el reparto de herencias o la violencia familiar. Es una situación que se da tanto donde hay tenencia individual, como en espacios donde hay tenencia colectiva de la tierra, por ejemplo, al interior de comunidades campesinas, las mujeres todavía no participan de sus asambleas o juntas directivas en igual calidad que los hombres de la comunidad y eso también genera desigualdades. En las asambleas se abordan temas importantes como la distribución de la tierra, pero las mujeres quedan a un lado de esa discusión. También en la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos vinculados a la tierra, a los recursos naturales y medio ambiente, existe una invisibilización de la situación que viven las mujeres, afectadas ellas mismas directamente y muchas veces también cuando a la pareja es criminalizada o asesinada, como ocurre en Guatemala y Honduras, es la mujer quien se queda con la carga familiar.

Este debilitamiento de la institucionalidad y el desmantelamiento de algunas políticas sobre tierras ¿obedecen sólo a presiones de sectores económicos poderosos y poderes fácticos o hay otros factores?

Lo que está detrás de cualquier presión es el modelo mismo, y los procesos globales que impactan en todos los países de la región. Eso se expresa en la presión que hay por los recursos naturales que tiene consecuencias como el acaparamiento de tierras, los conflictos y vulneración de los derechos de los defensores.

En este este contexto tan desfavorable, ¿cuál podría ser el futuro de la agricultura familiar, especialmente la de subsistencia?

Estamos viviendo una situación bastante regresiva en términos de derechos y una ola conservadora que también afecta a los sectores rurales. La clave es generar alianzas a nivel nacional, regional y global, apoyándose en los instrumentos internacionales que han sido aprobados en los últimos años. Por ejemplo, recientemente las Naciones Unidas ha declarado el decenio de la agricultura familiar, entonces agencias como la FAO están impulsando una nueva agenda para el diseño e implementación de planes para la promoción de la agricultura familiar. Otra herramienta son los objetivos del desarrollo sostenible, que se puede usar para la incidencia y la accesibilidad, porque hay indicadores y metas que hablan específicamente del tema de tierras y de la agricultura familiar, y de la tierra para las mujeres. También está la declaración de los derechos de los campesinos, que se aprobó recientemente por Naciones Unidas.

A nivel de la región ¿los pueblos indígenas y campesinos están en la capacidad organizativa y de movilización para hacerle frente a esta adversidad sobre el acceso a sus derechos a la tierra y al territorio?

Creo que hay diferencias importantes entre los países, en algunos como Ecuador y Bolivia las organizaciones indígenas se han debilitado mucho; pero también hay organizaciones muy fuertes en Guatemala que hacen una defensa férrea contra el acaparamiento de tierras, defendiendo sus territorios, tratado de frenar la expansión agrícola y por esa razón son terriblemente criminalizados. Sólo este año hubo ocho asesinatos de miembros de ILC en Guatemala. La cifra es terrible, pero ellos dicen: “estamos dolidos, pero no vencidos”, por eso admiro muchísimo a los países en donde los niveles de violencia son muy altos, pero donde aún hay organizaciones y gente en el campo que sigue resistiendo y luchando por tener una vida digna. En estos tiempos, además las luchas campesinas e indígenas por la tierra y el medio ambiente debemos verlas como un aporte global, ya que ellos son los cuidadores de la diversidad, de los bosques, ellos están previniendo problemas mayores. Además se dedican a la agricultura y generan los alimentos para una población que crece y demanda cada vez más. En 50 años, la FAO prevé que si no cambiamos algo en el sistema de producción y consumo, no va haber alimentos para la población.

¿Cuáles son los desafíos pendientes para lograr una gobernanza de la tierra?

Son varios. Podemos pensar en algunos países, en cambios en las políticas públicas, es decir se requiere adoptar un mejor cuerpo normativo y, hay que reglamentar algunas leyes. Por ejemplo, en Argentina no hay un reglamento de agricultura familiar, y lo que falta es voluntad política. En Nicaragua, hace 10 años existe una ley que crea un fondo para el acceso a tierras de las mujeres rurales, pero no tiene recursos. Los gobiernos deben dar mayor apertura a los espacios de dialogo para promover la participación de las distintas organizaciones que viven de la tierra, porque la gobernanza de la tierra depende de que todos puedan sentarse en la mesa en igualdad de condiciones, en la cual se pueda conversar sobre las políticas de la tierra. Creo que estamos todavía muy lejos de eso, porque hay una resistencia fuerte a generar estos espacios de dialogo. Herramientas y leyes como la consulta previa se ven como negativas, por el freno al desarrollo, al crecimiento, cuando en realidad estamos hablando de herramientas que podrían contribuir a la gobernabilidad y a la paz social.