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Una publicación de la asociación SER

Familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad alertan sobre las consecuencias del fallo del TC sobre Morales Bermúdez

Foto: La República

Harold Moreno

Más de treinta años después de la ejecución de 33 personas en Cayara, Ayacucho, el caso se encuentra hoy en juicio oral. Como este caso, hay muchos que no han sido resueltos judicialmente por variados motivos: juicios que empezaron de nuevo, leguleyadas de los investigados y sus abogados, dificultades en el hallazgo de restos, entre otros.

La justicia, largamente esperada, puede sufrir un grave revés con una reciente sentencia del Tribunal constitucional (TC) que libra al expresidente Morales Bermúdez –que gobernó el Perú entre 1975 y 1980- de una investigación por delitos de lesa humanidad por haber, se aduce, prescrito la acción penal. El exmandatario es acusado del secuestro, envío a Argentina y posterior deportación a México y Europa de 13 opositores en 1978, como parte del proyecto de apoyo entre gobiernos dictatoriales de la región conocido como “Plan Cóndor”.

Procesados o condenados por ejecuciones extrajudiciales, secuestro, violación y otros delitos ocurridos durante los años del conflicto armado interno podrían ensayar estrategias legales al amparo de este fallo. Familiares de víctimas advierten la gravísima afectación a la justicia que ha generado el TC.

Fallo escandaloso

El 15 de setiembre, el TC falló a favor de un hábeas corpus presentado por Morales Bermúdez para no ser investigado por los crímenes de la “Operación Cóndor”, ya que son anteriores al 2003, que es cuando Perú se adhiere a la convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Ello, a pesar de que la convención precisa que estos crímenes no prescriben.

Fundamentan la sentencia indicando que “Recién el 2003 (25 años después), el Congreso de la República aprobó, mediante Resolución Legislativa 27998, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas. Sin embargo, tal aprobación la hizo efectuando estricta y expresa reserva sobre su carácter retroactivo, por lo que este no aplica para el Perú”.

Sin embargo el Congreso no tiene la capacidad de modificar un acuerdo internacional. De hecho, la reserva del carácter retroactivo efectuada por el congreso fue declarada inconstitucional por el mismo TC en 2011.

Justicia en peligro

“Es preocupante para el caso Cayara y también para otros, como Accomarca, caso Cabitos, Raccaya. En el caso Cayara, después de 32 años estamos en el juicio oral. La preocupación de nosotros también es que tranquilamente pueden prescribirlo y de nada serviría todo el sacrificio de los familiares”, lamenta María Luisa Ccayo, presidenta de la Asociación de Víctimas y Familiares de Cayara (Asfavitadec).

El crimen ocurrió en 1988. El general EP José Valdivia Dueñas, en respuesta a un ataque terrorista, diseño el plan “Persecución”. Unas 39 personas de las comunidades de Cayara, Erusco y zonas aledañas fueron asesinadas y desaparecidas extrajudicialmente por militares con hachas, machetes y martillos, frente a sus familias.

Aunque Valdivia sigue negando su responsabilidad en la mascare, la semana pasada, en el marco del juicio oral del proceso, el exfiscal Carlos Escobar, que visitó la zona tras el crimen, brindó testimonio y aseguró que todos los testimonios que recibió apuntaban al Ejército, no a terroristas.

También se pronunció sobre el fallo la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). A través de un comunicado, la asociación ayacuchana que agrupa a familiares de víctimas de casos como Cabitos, expresó su rechazo y preocupación.

Para Anfasep, lo que ha hecho el TC “constituye uno de los más graves retrocesos en materia de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de Lesa Humanidad”, y alertó que “se está logrando establecer una interpretación distorsionada y contraria a los principios de derechos internacional, que solo garantizaría la impunidad en este y otros crímenes anteriores al 2003 que se han perpetrado en el Perú”.

Retroceso en materia de derechos humanos

Otro caso emblemático es el de la masacre de La Cantuta, por el que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009. Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, una de las víctimas, deploró la decisión del TC.

“A mí me parece una decisión contradictoria con toda la jurisprudencia que ya existe del propio TC sobre este tipo de pedidos. Algunos miembros del grupo Colina y otros violadores de derechos humanos acudieron al TC argumentando lo mismo, que sus casos eran cosa juzgada o el hecho de que la Convención se firmó posteriormente a la comisión de los delitos. El TC falló en el sentido de la obligación que tiene el Estado de garantizar la justicia para las víctimas, que en caso de derechos humanos no hay prescriptibilidad ni tampoco [la justicia puede] abstraerse de la investigación.

Ortiz indicó que el fallo es insultante, y añade un peso adicional a todos los familiares de víctimas. “Tenemos que estar ahora doblemente atentos porque nos quieren arrebatar los derechos que vamos conquistando con movilización y participación. Es indignante. No hay descanso para los familiares”, lamentó.

Puerta a la impunidad

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en declaraciones a los medios han advertido  que el fallo a favor de Morales Bermúdez contradice sentencias anteriores del propio tribunal, hace una interpretación libre de la convención y abre las puertas a la impunidad en otros casos.

Aunque los delitos de lesa humanidad no prescriben, este fallo del TC no garantiza la justicia en los muchos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en los ochenta y noventa. ¿Vale ello la pena solo para beneficiar a un hombre mayor, que ya tiene sobre sus hombros una cadena perpetua?

El fallo se dictó, además, con solo tres de siete votos, pues la presidenta del TC, Marianella Ledesma, se abstuvo de votar debido a que su padre fue una de las personas deportadas durante la dictadura de Morales Bermúdez, y el voto dirimente (hubo un empate inicial) quedó a cargo del vicepresidente, Augusto Ferrero.

Evidentemente, el TC no puede ni debe actuar contra tratados internacionales y atentar contra la búsqueda de justicia. Las familias esperan respuestas y soluciones, no más trabas.