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Una publicación de la asociación SER

La soberanía nacional en el Acuerdo de Escazú: perspectiva jurídica

Foto: Minam

Alexander Antialón Conde. Doctorando en Derecho y Ciencia Política, con especialidad en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Raúl Ferrero Rebagliati, en su libro Ciencia Política (2000: p. 119) ha señalado que “Al poder del Estado se le llama soberanía, del punto de vista jurídico, o sea en cuanto a la facultad que tiene para trazar la conducta de los gobernados y la de los propios gobernantes. La voz soberanía indica supremacía, o sea poder superior a todo otro dentro del territorio nacional”.

En consonancia con esta definición, el artículo 3° del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú, establece que cada Estado Parte se guiará, entre otros principios, por la buena fe, el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados.

En ninguna parte del tratado he hallado indicios que hagan peligrar la soberanía del Perú y mucho menos que se entregue territorio, lo que me hace suponer que dichas afirmaciones recaen en la “nueva normalidad” de las fake news a la criolla. Tampoco es cierto que el Acuerdo de Escazú establezca que los litigios nacionales tendrán como última instancia la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.

Nuestra soberanía no está en riesgo

Haciendo un esfuerzo por tratar de comprender tales afirmaciones, me lleva a suponer que se viene confundiendo y relacionando indebidamente el contenido del artículo 8° (acceso a la justicia en asuntos ambientales) con el contenido del artículo 19° (solución de controversias).

El artículo 8° (acceso a la justicia en asuntos ambientales) es muy claro al señalar que “1. Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. 2. Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento…”.

En ninguna parte de este artículo, se establece que de agotar las instancias nacionales, se puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia o a la justicia supranacional. Por el contrario, al final de dicho artículo se establece que cada Parte promoverá mecanismos alternativos a los judiciales, como medios de solución de controversias. Es decir, si alguien tiene un reclamo judicializable, agotará, como corresponde, las instancias administrativas pertinentes y de no encontrar satisfacción a su reclamo, podrá optar por otras vías como la medicación o la conciliación, y, asimismo, tiene siempre la posibilidad de presentar su demanda ante los tribunales nacionales. De ninguna manera se internacionaliza el litigio.

Respecto al artículo 19° (Solución de controversias), este señala que si surgiere una controversia entre dos o más Partes (Estados) respecto de la interpretación o de la aplicación del Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio pacífico de solución de controversias que consideren aceptable (es decir, los buenos oficios, la mediación y la conciliación). De no resolver el problema mediante dichos mecanismos, sí se resolverá  en la Corte Internacional de Justicia o mediante el Arbitraje que establezca la Conferencia de las Partes.

De modo que solo es internacionalizable el problema, en caso de existir un desacuerdo sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo de Escazú, entre dos o más Estados Parte. Es natural, que si hay un desacuerdo insuperable entre Estados, se recurra a los mecanismos de solución pacífica de controversias que prevé el derecho internacional: la negociación, los buenos oficios, la mediación, la conciliación y, por supuesto, la judicialización ante la CIJ. Lo establecido en el artículo 19° aplica sólo para los Estados Parte. No es aplicable para individuos, comunidades ni ONG, etc. Además que el propio Estatuto de la CIJ no lo permitiría y, por ende, se declararía incompetente para resolver. El artículo 34° del Estatuto de la Corte, dispone: “l. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte”.

La protección de defensores de derechos humanos y nuestro ordenamiento jurídico

Por otro lado, respecto a la protección de los defensores de derechos humanos, se ha señalado que al tratarse de un acuerdo vinculante, generaría obligación internacional y por ende responsabilidad internacional del Estado en caso de incumplimiento y/o no implementación del Acuerdo.

Al respecto, es necesario citar ad integrum el artículo 9° (Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales): “1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo”.

Como podemos apreciar, estas garantías a los derechos a la vida y a la libertad en general, ya están previstos en la Constitución Política del Perú. Cito solo sus dos primeros artículos: “Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar….”.

Lo propio establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3°: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Esos mismos derechos son consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que además señala que los Estados Parte se comprometen a garantizar su libre y pleno ejercicio: Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Asimismo, cabe citar el Informe Técnico-Legal del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación: “Sobre el particular, cabe indicar que el Ministerio Público, no ha desarrollado un Programa específico de protección a los defensores de derechos humanos, sin embargo, es preciso señalar que de acuerdo a las funciones que han sido establecidas en la Norma Constitucional y la Ley Orgánica de la Institución, las Fiscalías Penales atienden sin distinción alguna a toda persona víctima de un ilícito penal (incluidos los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales); y de ameritarlo el caso se les brinda protección a través de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos”.

Por tanto, estos derechos del artículo 9° ya están previstos, reconocidos y garantizados por el Estado peruano, no solo para los defensores de derechos humanos sino para toda persona en general. Para el caso específico del Acuerdo de Escazú, la única manera en que se podría configurar una responsabilidad internacional del Estado sería cuando premeditadamente se incumpla con la obligación de proteger y se exponga al peligro a los defensores de derechos humanos. Y, en tal hipotético caso, tampoco sería justiciable ante la CIJ, pues allí solo litigan de Estado a Estado, como ya hemos explicado. En tal hipotético caso, se seguiría la vía procedimental prevista para la protección de los derechos humanos en general.

¿Es posible la denuncia del Acuerdo?

Finalmente, si bien el Acuerdo de Escazú no admite Reservas –lo cual, en cierta medida podría ser comprensible por sus 26 cortos artículos y además por regular derechos específicos ya previstos- sí contempla la figura de Denuncia del tratado. Por tanto, en el supuesto que el Perú (u otro Estado) llegase a considerar que el Acuerdo, en lugar de generarle progresos, le trae perjuicios; luego de transcurridos 3 años de la entrada en vigor, puede denunciar el tratado, lo que se haría efectivo al año siguiente.