Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

24 años. Ni olvido, ni perdón.

“Era las diez de la noche y celebrábamos una pollada pro fondos para las mejoras de la quinta. Entonces, media hora después, ingresaron abruptamente un grupo de uniformados, con dos que dirigían, usaban pasamontañas. Nos insultaron y tuvimos que tirarnos al suelo porque así lo ordenaron. Al señor Tomás Livias lo golpearon en su pecho y espalda con la culata del arma, y lo tiraron al suelo. Saltó otro señor que dijo: ‘Yo soy el que organiza esto y conmigo háganlo’. A él lo acribillaron a balazos. Le metieron ráfagas de balas y cayó desplomado. Pasaron al lado derecho, que había un cuarto donde atendían dos chicas. Fueron y lo remataron, a balazos, y volvieron contra nosotros cuando estábamos en el suelo. Y empezó la matanza. O sea, ráfagas.”

(CVR. Audiencia Pública de Casos en Lima. Caso 17.Tercera sesión, 22 de junio de 2002. Testimonio de Alfonso Rodas Alvitres, sobreviviente de la masacre.)

Image removed.

El 3 de noviembre de 1991, en una quinta ubicada en el Jr. Huanta, en Barrios Altos, un grupo paramilitar llamado “Colina”, adscrito al Servicio de Inteligencia del Ejército y liderado por el mayor Santiago Martín Rivas, asesinó a quemarropa a 15 personas inocentes (consta en el fallo impuesto por el tribunal el 7 de abril del 2009 a Fujimori que ninguna de las personas presentes en la pollada tenía vinculación alguna con Sendero Luminoso o el MRTA); entre ellas, un niño de ocho años, quien, lejos de ser víctima de una mera confusión, fue perseguido y acribillado. En el lugar de los hechos se hallaron 130 casquillos de bala, y uno de los responsables del crimen, acogido a la Ley de Colaboración Eficaz para la Criminalidad Organizada, confirmó el uso de armas con silenciadores.

Días después de la matanza, el Congreso de la República formó una comisión de investigación de los hechos, cuyo trabajo fue interrumpido por el autogolpe del 5 de abril de 1992. Tal decisión de Alberto Fujimori disolvió el Congreso para poner en su lugar al Congreso Constituyente Democrático, grupo que no sólo no continuó la investigación, sino que, además, probó las leyes N°26479 y 26492, que otorgaron amnistía general a todos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado sujetos de denuncia, investigación, juicio, detención, o que estuvieran recluidos por delitos contra los derechos humanos cometidos luego del mes de mayo de 1980.

La investigación fue reabierta y las leyes derogadas, luego de que fueran recuperadas la democracia y el Estado de derecho en nuestro país, en el año 2000. Sin embargo, ninguna acción de justicia posterior a los hechos podrá resarcir el daño. Nada le devolverá la vida a un inocente de tan sólo ocho años.

La misma indignación y temor de hace 24 años sigue presente y se acrecienta de tan sólo pensar que la historia pueda repetirse a manos de la señora Keiko Fujimori y que las violaciones de derechos humanos puedan volver a teñir de sangre e impunidad nuestras calles y todos los rincones de nuestro Perú. Indigna también la ignorancia de las nuevas generaciones y la terca insistencia de los que ya no somos tan jóvenes. Leer y escuchar comentarios absurdos de aprobación y de poca sensibilidad ante la muerte de 15 inocentes y de un pequeño niño no sólo asusta: Aniquila las pocas esperanzas de un futuro mejor.

Ningún Estado tiene justificación ni perdón cuando arrebata vidas y reprime derechos fundamentales; y así como la violencia y la inseguridad no pueden combatirse con más violencia, la historia no debe olvidarse, ni los errores deben repetirse.

Si vivimos en un país donde el voto es obligatorio, entonces cumplamos esta tarea a cabalidad. No permitamos que las muertes, la corrupción y el robo a los que ya nos tienen acostumbrados la familia Fujimori y el señor Alan García, se repitan. En nuestras manos está.