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Una publicación de la asociación SER
Abogado y politólogo, integrante del comité editorial de Noticias SER

Abogados del diablo: a propósito de los asesores de la comunidad de Fuerabamba

Hace algunas semanas, Alicia Abanto, experta en medio ambiente y pueblos indígenas, comentaba que en un video elaborado hace unos años por la Presidencia del Consejo de Ministros para explicar la conflictividad social y la relación entre comunidades, empresas y Estado, se incluyó un personaje que jugaba un rol determinante en el curso de los acontecimientos como agitador del conflicto: el diablo (https://www.youtube.com/watch?v=5_4m74GOLLA). 

Al observar la actuación de este personaje en el video, llama mucho la atención que este sólo le habla a la oreja a los dirigentes o a la población movilizada. El diablo no se acerca nunca a hablarles a los empresarios ni a los funcionarios públicos, sino que únicamente aparece en el lado de la comunidad, influyendo en el comportamiento de las personas que protestan, quienes se vuelven desconfiadas y violentas luego de escucharlo.

De esta manera, la explicación de la conflictividad social vinculada a las industrias extractivas, siendo tan compleja y multidimensional, es reducida a una cuestión de divergencias entre los buenos que no informan bien y los manipulados por el diablo. Siguiendo esta perspectiva, todo se solucionaría superando los problemas de desinformación causados por “el enemigo de la inversión” personificado por el diablo de color rojo.

Además, desde esta misma lógica, los abogados y asesores de las comunidades vendrían a ser los diablos que influyen negativamente los representantes comunales e impiden la solución de los conflictos. Por tanto, cualquier medida tendiente a alejar a los “malos” abogados y asesores no sólo es bienvenida, sino imprescindible.

En realidad, el diablo no existe y por tanto tampoco habla. Y en cualquier caso, si se hiciera presente en los conflictos, lo más probable es que también les hablaría a las empresas y los funcionarios públicos, pero esa es otra historia.

Por ahora, un aspecto central que no ha sido atendido en la gestión de los conflictos en el país es, en palabras de Abanto, “la necesidad de garantizar una adecuada asesoría a las comunidades que entablan negociaciones con las empresas y el Estado, como mecanismo para reducir la asimetría de poder que existe en la actualidad”.

La experiencia nos demuestra que las relaciones entre las comunidades y las empresas que buscan desarrollar inversiones en sus territorios no son equilibradas y suelen traer como resultado acuerdos poco favorables para las primeras, que se ven obligadas a negociar sin contar con una asesoría especializada a nivel legal, político y económico. A ello se suma que en muchas ocasiones el Estado no está presente y cuando está, es para ponerse más cerca de la empresa que de las comunidades. Esta situación tiene que cambiar.

Las comunidades deben tener la capacidad de defender sus derechos mediante mecanismos legales efectivos. Ellas deben usar mecanismos no violentos de legítima defensa en caso sufran vulneraciones a sus derechos que les permitan alcanzar justicia y obtener la reparación correspondiente. Asimismo, no está de más recalcar que les asiste el derecho a la protesta pacífica. Y desde luego, tienen derecho a contar con sus propios asesores jurídicos y recibir los servicios de organizaciones que les brinden acompañamiento con equipos multidisciplinarios. Así, las comunidades podrán sentirse más seguras y sobre todo estarán en mejor posición para negociar con las empresas. 

Debemos ser conscientes que el Estado y los sectores corporativos desconfían e incluso tienen una mirada peyorativa sobre el rol de las personas que asesoran y defienden a las comunidades. Y ante casos probados de extorsión, el Estado se ha limitado a denunciar judicialmente los hechos sin atender el problema de fondo que es la precaria situación de defensa de los derechos de las comunidades.

Se requiere adoptar una mirada diferente para superar el actual enfoque de los conflictos sociales. En tal sentido, una medida que debería ser evaluada es el establecimiento de un fondo público – privado para facilitar el financiamiento de la asesoría jurídica y técnica que necesitan las comunidades. Como bien indica Alicia Abanto, “las comunidades necesitan tener de su lado a los mejores profesionales del país”.