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Una publicación de la asociación SER

Acuerdo de Escazú: temores infundados

Carol Mora Paniagua. Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Abogada por la PUCP. Ambientalista.

Aproximadamente desde el año 2012 nuestro país fue parte del proceso preparatorio y de negociación de unos de los instrumentos regionales ambientales más importantes de la historia de América Latina y El Caribe - ALAC. En el 2018, en la sede de las Naciones Unidas, el Perú y 22 países de ALAC suscribieron el Acuerdo de Escazú.[1] El acuerdo materializa el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y regula el reconocimiento e implementación de los derechos de acceso en materia ambiental; esto son el derecho de acceso a la información pública, a la participación ciudadana en los procesos de tomas de decisiones y el derecho de acceder a la justicia ambiental. ¿Por qué estos derechos se denominan derechos de acceso? pues porque en ellos reposa un carácter instrumental en tanto permiten el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a un ambiente sano y equilibrado para la vida y el derecho a la salud pública. A su vez estos derechos son esenciales per se porque la democracia en un pilar de nuestra construcción social y lo ambiental resulta impostergable en el balance de las decisiones públicas. La democracia potencia el diseño e implementación de la política pública, en su dimensión ambiental, la democracia a su vez legitima procesos y permite el reconocimiento y defensa de derechos humanos.

El Acuerdo de Escazú entrará en vigor luego de 11 ratificaciones por parte de los países suscriptores de este. Hasta el momento 9 países lo han ratificado y cuando el Perú estaba encaminado en un exitoso proceso de ratificación, luego de haber liderado el proceso de negociación y haber adoptado una posición promotora y proactiva para impulsar la redacción del acuerdo, el debate se transformó sustancialmente en el Congreso de la República y hoy nos encontramos en una contienda. Esperamos que esta discusión no quede zanjada, sino que por el contrario dé lugar a que ideológicamente transitemos como sociedad peruana hacia una nueva forma de entender lo ambiental.

¿Qué puede hacer el Acuerdo de Escazú en una sociedad como la nuestra?

Deberíamos esperar un consenso inevitable cuando hablamos de elevar estándares ambientales, de mejorar los procesos de transparencia y rendición de cuentas, de sustantivar la participación ciudadana y de especializar la justicia ambiental nacional; sin embargo, ello no ha sido tomado así por algunos grupos de poder, ciertos gremios empresariales y determinados grupos políticos. En estos últimos 5 meses podemos decir que, el asunto se ha polarizado tanto que no hemos podido detenernos a reflexionar sobre lo que el Acuerdo de Escazú puede hacer por nosotras y nosotros para disminuir niveles de corrupción, mejorar la participación en los procesos de certificación ambiental, elevar la transparencia sobre las inversiones en los territorios así como respecto de la distribución de la riqueza, crear canales reales para la intervención de la ciudadanía en las decisiones que nos impactan y lograr un acceso universal y efectivo a la justicia ambiental en escenarios de afectación e ilegalidad. El Acuerdo además es innovador porque reconoce como mecanismo de implementación la cooperación entre los Estados propiciando un orden común regional, además permite y promueve la negociación entre los países no desde la contienda o lo punitivo sino desde de la colaboración.

Aunque el Perú tiene importantes avances regulatorios en materia de participación pública ambiental, la brecha de implementación es una realidad.  Seamos conscientes del escenario de ilegalidad y delitos contra el ambiente que se vive en una serie de zonas de nuestro territorio, así como de las amenazas que permanentemente reciben las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Cómo decir entonces que Perú puede prescindir de un acuerdo de esta naturaleza ¿nos podemos dar el lujo de dejar pasar la incorporación del Acuerdo de Escazú en nuestro bloque de constitucionalidad?

Todo esto sin contar que, el Perú ha tenido una posición muy clara frente a la comunidad internacional a favor del Acuerdo de Escazú que se sustenta en 13 informes favorables de distintas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente. Por ello, son incomprensibles los argumentos que determinados grupos políticos del Congreso de la República vienen utilizando en contra del contenido del acuerdo.  

¿Por qué se ha generado una contra campaña contra el Acuerdo de Escazú? ¿Dónde se origina el temor?

El Acuerdo de Escazú va a generar una base y a partir de ello los Estados deberán regular hacia arriba siempre buscando elevar el estándar. Lo anterior implicará sin lugar a duda un mejor desempeño por parte de las diversas entidades del Estado a fin de asegurar la implementación de los derechos de acceso en cuestiones ambientales. De hecho, la mejora continua es ya un principio explícito de derecho ambiental contemplado en diversos dispositivos de nuestra legislación nacional.

Ha sido impresionante como más de seis años de debate técnico e informado, anticipado con un proceso de negociación transparente, ponderado, con representación formal del público y donde los gobiernos hicieron el intenso trabajo de documentar y analizar sus decisiones y posición país, se ha visto entrampado y reducido a una contienda polarizada donde se deben atender argumentos ideológicos que nada tienen que ver con el texto ni la interpretación del Acuerdo de Escazú. Se habla de pérdida de soberanía nacional, del acuerdo como obstáculo para la inversión y el desarrollo económico, del sometimiento a fueros internacionales, de la cesión de la Amazonía peruana, temas en absoluto abordados por el Acuerdo y que han sido seleccionados justamente para calar en colectivo, desde la desinformación, claro está.

Lo cierto es que la controversia que se ha desatado alrededor del Acuerdo de Escazú no es un caso aislado a lo que suele suceder cada vez que lo ambiental intenta potenciarse. La disputa a favor o en contra del Acuerdo de Escazú no hace más que ejemplificar la constante y absurda dicotomía de entender a lo ambiental como un elemento marginal y residual al desarrollo. Aún cuesta asumir que decisiones públicas que incorporan lo ambiental en el diseño y ejecución permiten decisiones sustentables, legítimas y representativas. Flexibilizar lo ambiental podrá acelerar algunos plazos, pero eso solo posterga un emergente conflicto socioambiental que no necesitamos como país.  

Consolidar la democracia en su dimensión ambiental es una tarea pendiente del Estado. Para avanzar en esta tarea como país, cuando hablamos de derechos humanos debemos aspirar a consensos más naturales entre los distintos actores sociales. El debate interno sobre el Acuerdo de Escazú que se ha generado en los últimos meses no es el problema, pero sí lo son los forzados y poco fundamentados argumentos que se vienen utilizando y que no permiten un diálogo alturado y responsable. Nuestra sociedad, en momentos críticos como estos, se merece que prioricemos la ratificación del Acuerdo de Escazú.

 

Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Carol Mora Paniagua. La Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

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[1] Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú