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Una publicación de la asociación SER

Al uniforme se le respeta

La polémica delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar, tuvo como resultado la emisión de las leyes N°30335 y 30336; la primera, para normar en las materias administrativa, económica y financiera, y la segunda, para incidir en asuntos de seguridad ciudadana, entre otros temas. La demanda de mayor y mejor seguridad al Estado ha sido una constante que se ido intensificando, una necesidad prioritaria y una garantía que se reclama a un Estado de Derecho. 

Las deficiencias que presenta la Policía Nacional del Perú se reflejan en la poca capacidad operativa que tiene la institución para brindar seguridad. Basta con echar un vistazo a algún puesto policial para notar las carencias que allí se padecen: Los equipos son obsoletos, se sigue llevando el registro de denuncias en grandes libros y el software es lento. Este lamentable panorama y los bajos sueldos hacen que los oficiales, en sus días de franco, brinden sus servicios de seguridad a empresas privadas.

Se quiso poner fin a esta situación; que nuestra Policía Nacional dejara de ser ninguneada, recuperarla de la débil imagen institucional que tiene, así como de la poca legitimidad de la que goza, y de la escasa identificación que con ella tienen sus integrantes. Con ánimo de rectificar este escenario y con la finalidad de garantizar la seguridad en el Estado, se emitieron diferentes Decretos Legislativos. No en vano, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló públicamente: “Ya no vamos a tener guachimanes de chifa con uniforme policial…el uniforme representa autoridad y esa autoridad se la da el Estado”. Tales palabras demostraron lo que ha venido siendo la PNP y lo que se quiere que sea: La representación de la autoridad más cercana a la gente.

Evidentemente estas medidas no son suficientes para solucionar el problema de fondo, ni mucho menos para mejorar la imagen de esta institución. Hay más factores que deben ser analizados, y sobre todo, hay que pensar en los efectos que ellas tendrán en la ciudadanía.

La exclusividad de la Policía es para los ciudadanos

El Decreto Legislativo N°1213[ii], que derogó a la Ley N°28879, regula los servicios de seguridad privada en nuestro país. Este Decreto Legislativo se caracteriza principalmente por dos aspectos: Por la categorización de estos servicios como preventivos y complementarios a la función de la Policía, para coadyuvar a la seguridad ciudadana, y por la prohibición que hace a los integrantes de las Fuerzas Armadas o Policiales, en actividad o disponibilidad, de efectuar este servicio. 

Estas modificaciones son respuesta a una urgencia, pues se necesita recuperar la exclusividad de la función policial para mejorar el servicio de seguridad ciudadana. Ello significa la proscripción, en algunos casos, de la jornada laboral 24 x 24, que permitía a los efectivos brindar servicios a empresas. 

Esta medida ha sido cuestionada por los integrantes de la PNP, pues los pagos que recibían por los servicios de seguridad privada que brindaban, ayudaban a su manutención y a la de sus familias, aunque implicaban un descuido en su función pública. La defensa de la sociedad y las personas, permitiendo el desarrollo en el marco de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos sigue siendo un deseo antes que una realidad.

En definitiva, necesitamos una mejor Policía, libre de corrupción, capacitada, que pueda garantizar el orden, proteger a la población y combatir la delincuencia. En mérito a ello, habrá que preguntarse si la emisión de estos decretos soluciona el problema real. Especulando sobre algunos posibles resultados de la aplicación de este Decreto Legislativo y afines, se cree que puede haber un aumento de sanciones a los policías que transgredan la norma o que ilícitamente brinden el servicio, empujados por la necesidad (desesperación) de obtener mayores ingresos. También se presume la aparición de nuevas empresas del rubro que no contarán con personal calificado, o el funcionamiento de ellas sin estar inscritas en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC. La peor de las posibilidades es que se mantengan los mismos problemas de seguridad ciudadana.

El orden de los factores sí altera el resultado

La tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo ha señalado la creación de una comisión multisectorial para la elaboración del reglamento, documento que deberá publicarse a fines de enero de 2016. Hasta entonces, los servicios de seguridad privada serán llevados a cabo de acuerdo a la anterior ley y a su reglamento, salvo el extremo de la participación de policías y militares en situaciones de seguridad privada. La prohibición es inmediata.

Esta es otra de las tantas medidas incompletas que redacta el gobierno. Legisla sobre el “problema”, indicando qué es lo que no se debe hacer, pero no dice cómo hacerlo, ni cómo evitar posibles efectos adversos. La prohibición de la participación de la Policía ya se ha efectuado, pero el incremento de sus sueldos no será posible hasta el próximo año. Mientras tanto, ¿de qué forma cubrirán sus deudas o la manutención de sus hogares?  

Las medidas correctivas parecen haberse efectuado al revés, pues en este caso, el orden de los factores, sí altera el producto. Debió crearse un sistema progresivo de aumento de sueldos, y paulatinamente, ir disminuyendo las horas en las que los efectivos policiales podían brindar el servicio de seguridad privada. De esta forma, no sería necesario buscar otras salidas, a veces incluso ilícitas o sujetas a sanciones. Necesitamos policías comprometidos, que sientan que su institución y el gobierno les da posibilidades de una mejor calidad de vida. Sin embargo, sucede todo lo contrario: La legislación ha sido dada  de espaldas a la media noche.

Se espera, por otro lado, que los reglamentos y demás acciones sean efectuados en los plazos señalados y con la debida diligencia. De lo contrario, se tendrá un alto nivel de estrés en nuestra Policía, situación que afectará a la institución y también a la ciudadanía. Esperemos, pues, que no vuelvan a generarse los paros policiales. Esa sería la máxima debacle.

[i]                  Publicado el 23 de setiembre de 2015.