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Una publicación de la asociación SER

Andahuaylas y las Reformas Borbónicas

Ubicado en la sierra del Perú, entre Cuzco y Ayacucho, desde su fundación en 1533 y a lo largo del siglo XVI y XVII  el partido de Andahuaylas se constituyó en el principal granero de la administración virreinal y una de las poblaciones leales a la corona. Sus valles fértiles concentraron inicialmente las encomiendas y posteriormente las haciendas más productivas dedicadas al cultivo de maíz, trigo, quinua y la caña de azúcar. Concentraba a la mayor población blanca y era la segunda provincia más poblada de indígenas. ¿En qué momento un sector de la población andahuaylina dejó el  realismo y empezó a rechazar a las autoridades virreinales?

El quiebre se produjo con las Reformas Borbónicas del siglo XVIII que buscaban centralizar el poder y aprovechar mejor los beneficios económicos de sus territorios afectando un estilo de vida basado en privilegios y alianzas entre los españoles e indígenas. En las doctrinas y las parroquias las autoridades, poniendo en cumplimiento las ordenanzas, priorizaron cobrar los impuestos y poner al día  las deudas.

En 1787 los indígenas, mestizos y españoles del pueblo de Tavalera del partido de Andahuaylas se quejaron del alcalde don Ignacio Ramón de Martín de Echevers por sus abusivos arrestos, cobros indebidos, maltratos y encarcelamientos.[1]

El alcalde de Talavera había saqueado las propiedades de los faltantes a la faena comunal. Miguel Flores dijo: “vino a mi pobre casa estando ausente de ella y quebrando la puerta dentro (entró) a saquear todo mis trastes”. Bernardo González denunció que aprovechando su ausencia y estando sólo su esposa entró el alcalde y le “quito una hacha castellana, una manta floreada, otra manta llana y media lana de bayeta de Castilla dorada”. Del mismo modo, los pobladores testificaron que el alcalde “le había quitado tres barriles de aguardiente (a Felipe Alarcón) que le costó 8 pesos la arroba”.[2]

Los que se resistieron a la expropiación sufrieron los mayores daños: catorce personas fueron encarceladas y multadas con elevadas sumas: Francisco Cevallos fue encarcelado y multado con 40 pesos y 6 reales. Una veintena de personas acusaron al alcalde por agravio: Juan Quito había sido azotado cruelmente y multado con 12 pesos.

Por otro lado, como informaron los vecinos, viendo el incremento de los encarcelados “el día domingo 24 de diciembre después de misa mandó dicho alcalde publicar en la plaza de este pueblo un bando en nombre del señor gobernador intendente diciendo que su señoría mandaba que todos los vecinos contribuyesen con un tanto de plata sellada para fabricar un cárcel en este pueblo y nos dio a tres sujetos listas para cobrar al que menos un peso en plata de modo que sumará la cantidad más de tres mil pesos”.

Los pobladores rechazaron a las multas, a los encarcelamientos y a la construcción de una cárcel considerando que bastaba con la de Andahuaylas.

La actitud violenta de las autoridades fue creando desconfianza. Un vecino enfatizó: “no sabemos si las órdenes que nos reparten son mandados por el señor gobernador intendente o únicamente del alcalde”. Las autoridades borbónicas en vez de mantener y priorizar la buena convivencia crearon inestabilidad social, rechazo y los pobladores se quedaron sin la protección de sus autoridades. Toribio Salazar vecino de Talavera indicaba: “en este pueblo así los españoles como los indios en nuestras personas y bienes (vivimos) sin saber dónde hallar remedio ni a quien quejarnos…”.[3]

Los ajustes económicos de las autoridades borbónicas fueron desintegrando la buena relación de las autoridades virreinales y sus vasallos. En los años siguientes se fue generalizando la expresión unánime: “viva el rey, muera el mal gobierno” y poco a poco fue emergiendo el proceso independentista. 

 


[1]                     ARAY. Intendencia: Causas criminales, Leg. 18, 1787, f. 2. 

[2]                     Ibíd., 1787, f. 2v.

[3]                     Ibíd., 1787, f. 2.