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Una publicación de la asociación SER

Apurímac: ¿Región agro-minera-turística?

“Ya está encaminada la hoja de ruta que consolidara a Apurímac como una región agro-minera-turística y esa será la base de nuestro trabajo técnico”.
Elías Segovia, presidente regional de Apurímac [2] .

“No conocemos qué es. Hemos escuchado que se habla, pero no sabemos qué significa región agro-minero-turística...”
Dirigente de la FERCCAPA [3] .

Apurímac es una de las regiones que históricamente ha tenido poca visibilidad en el imaginario colectivo nacional. A través de la mayoría de los medios de comunicación limeños de cobertura nacional, solo ha estado presente, la mayoría de las veces, básicamente con hechos de violencia como el Andahuaylazo (2005) o el Abanquinazo (2009), representándola así, generalmente, como ‘violenta’ o ‘conflictiva’. En los últimos años, sin embargo, el imaginario sobre la población de Apurímac viene haciéndose más complejo. A la vigencia de esa representación de violentos o “primitivos que adoran al Apu” (como lo dijera despectivamente Alan García), se empieza a sumar hoy una nueva forma de presentarla o representarla. Pero no entendiéndola como la región “más diversa y de todas las sangres”, sino como la próxima región despensa de la minería y por tanto como bastión económico del Perú para los siguientes quinquenios.

Ante este escenario vale preguntarse entonces: ¿Cuál será el significado de Apurímac durante los próximos años para el Perú y más precisamente para el Estado? [4] . Difícil decirlo con certeza. Pero visto en estos años el rol del Estado  central frente a la minería, con tenues avances en el campo normativo, pero con prácticas de vulneración de derechos en regiones como Cajamarca o Cusco, consideramos que Apurímac solo será entendida en términos estrictamente economicistas. Es decir, como uno de los escenarios de sustento del modelo económico nacional extractivista. Dicho de otro modo, no como escenario de políticas arguedianas de inclusión sociopolítica y cultural que ayuden a superar visiones primitivistas como la de Alan García, sino como terreno en el cual se dará continuidad al modelo económico extractivista-y depredador-donde, parafraseando a José De Echave, la vulneración de derechos de comunidades, estallido de conflictos socio-ambientales, contaminación del ambiente,  criminalización y la transformación violenta de equilibrios culturales y geográficos estarán a la orden del día [5].

Sin embargo, lo enormemente preocupante no es solo la continuidad de este modelo desde el poder central, sino la aplicación de la misma desde el poder político regional. Así, pese a no haber tenido un peso gravitante en el ‘debate’ de las últimas elecciones regionales 2010, pero en la cual ya se advertía el peso sustantivo de esta actividad, dos años más tarde el electo gobierno regional de Poder Popular Andino (PPA), con Elías Segovia a la cabeza, declararon a Apurímac como “región agro-minero-turística”. Esta declaración, no consultada ni debatida, es decir impuesta, es consecuencia y resultado de la caracterización hecha de Apurímac como potencialmente minera a lo largo de la última década. En efecto, es resultado de la ‘mineralización’ de la región como consecuencia de: a) las concesiones que en los últimos diez años llegaron a multiplicarse convirtiendo a Apurímacen la región, a nivel nacional, con mayor territorio concesionado (64.8%) [6] , b) el despliegue de la millonaria inversión con proyectos y empresas grandes como: Las Bambas de Glencore-Xstrata, con 5,200 millones; Hierro Apurímac de Apurímac Ferrum, con 2,700 millones; Los Chancas de Southern Perú Cooper Corporation, con 1,560 millones; y Haquira de Minera Antares Perú con 2,800 millones [7] ,  c) y por el auge de la minería artesanal, informal e ilegal.

Ahora bien, ¿en qué consiste la región agro-minero-turística? No existe documento que explique los objetivos y estrategias de esta apuesta, pero según Segovia “… significa que tenemos que trabajar nuestra propuesta de desarrollo sobre estos tres espacios, de modo que su convivencia pueda aprovechar la riqueza que genere la minería para el desarrollo agropecuario y turístico, obviamente con un trabajo ambiental y técnicamente bien llevado. Esto significa como objetivo supremo, el mejoramiento de la calidad de vida de todo apurimeño, mediante la consolidación de la familia competitiva” [8]. De la  declaración citada se infiere que la intención de Segovia es implementar una visión de desarrollo en la cual la minería y su millonaria inversión serán la base económica de la actividad agropecuaria y el turismo. Es decir, la minería como sustento de las otras. Sin embargo, no se conoce la estrategia para implementarla. Menos aún se conoce propuesta alguna –y tampoco se propone debate-sobre cómo hacer sostenible estas dos últimas cuando la actividad minera se agote en un futuro no muy lejano.

No obstante, apelando nuevamente a lo expresado por Segovia en las notas de prensa de su gobierno o en la citada revista MinerAndina y Sociedad, se pueden leer una lista de iniciativas u obras que se proponen implementar para llevar adelante esta apuesta como la construcción del teleférico de Choquequirao, el aeropuerto de Abancay, fortalecer los corredores económicos, el proyecto vial Abancay-Cotabambas, la hidroeléctrica de Abancay; las cuales resultan poco claras e insuficientemente conexas para implementar la propuesta de región agro-minero-turística. De hecho, no hay mención a la histórica necesidad de contar con un plan vial regional que trascienda la conectividad entre los proyectos mineros de la región y la costa o Cusco –donde se procesara los minerales-, y menos aún existe mención a la necesidad de construir mercado interno regional que dinamice la economía pos-minería.

Incluso observando algunas políticas implementadas por Segovia, como la denominada “revolución productiva” para potenciar la actividad agropecuaria, llama la atención el enfoque economicista y empresarial que le viene imprimiendo a dicha política. No porque este enfoque sea malo en sí mismo. No. Sino porque al centrarse exclusivamente en ella se enfatiza en la promoción del asociativismo empresarial entre las familias comuneras, desdeñándose y hasta agravándose la ya menoscabada institucionalidad comunal que fue destruida durante la violencia política y que hoy se ve afectada también por la minería informal e ilegal. Como dijera el dirigente de la Federación Regional de comunidades campesinas y productores agrarios de Apurimac (FERCCAPA), “al presidente solo le interesa las asociaciones productivas; para ellos hay incentivos, créditos, pero no se da cuenta que está debilitando más a la comunidad porque a cada asociación le da personería jurídica y todos los comuneros solo quieren eso y ya no les interesa mucho la comunidad”. Quizá considerando que, según Segovia, “la comunidad campesina es una organización concebida para la defensa de sus intereses comunes y no está hecha para desarrollarse [y que] desde la cosmovisión que heredan, el rechazo es natural a todo lo que signifique cambio y violación de su cultura y sus costumbres” [9] , se entienda la puesta en práctica de esta política y su enfoque unidimensional que desdeña valoraciones y visiones de desarrollo propios de las comunidades [10].

Sin embargo, lo sustancialmente preocupante de esta apuesta liderada por Segovia tiene que ver con su desvinculación y menosprecio frente a otras agendas igual de importantes para la región. Además de su desdén hacia las comunidades campesinas, lo primero que resalta es que su apuesta no se inscribe con seriedad en el marco de la visión inscrita en el Plan de Desarrollo Concertado Regional al 2021, debatida y consensuada por parte de la población el 2010 y que señala: “Apurímac al 2021 es una región integrada y descentralizada, con identidad regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quienes han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde su producción agroecológica, pecuaria, de sus potenciales turísticas y el uso responsable de sus recursos naturales, en una sociedad con paz, buen gobierno, justa y solidaria, que promueve el desarrollo humano sostenible”. Asimismo, en la Comisión Ambiental Regional (CAR) y sus grupos técnicos, no solo apenas se conoce esta propuesta y menos aún se debate, sino que la participación e involucramiento de la autoridad regional y funcionarios del Estado es precaria o nula, pese a que en estos meses se viene trabajando técnicamente en los lineamientos de política del Sistema Regional Ambiental (SIREGA).

En la misma línea, y esto resulta hasta peligroso, preocupa el ‘negacionismo’ de Segovia frente a la existencia de conflictos sociales y su inexistente compromiso con los derechos humanos. Sobre lo primero, llama la atención su reduccionismo de denominar como “conflictos económicos" [11]  a los 23 conflictos, entre ellos 16 socio-ambientales, que se registran en Apurímac según la Defensoría del Pueblo. Bajo esta lectura, pareciera que los conflictos se resolverían solo por acuerdos monetarios entre las partes involucradas. Si bien pueden haber casos excepcionales que se resuelvan de este modo, no puede perderse de vista las preocupaciones y valoraciones culturalesy ambientales que juegan un papel central, sobre todo desdela perspectiva de las comunidades en la resolución de los conflictos. Lo propio sucede con los derechos humanos. Sobre este particular uno puede inferir que habiendo estado tres años en el poder y no haber implementado absolutamente nada sustantivo en el marco de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pese haber firmado un compromiso con las organizaciones de afectados el 2010, en un escenario convulso donde la vulneración de derechos individuales (criminalización) y colectivos se complejice como en Cajamarca o Cusco, la preocupación de Segovia para atenderlas o apoyarlas será la misma que tiene Humala desde el poder central. Señalamos esto porque para Segovia, “en Apurímac ya no hay cabida para el discurso medioambiental porque es superficial, porque siempre hubo cambios medioambientales en el país. Incluso ha devenido argumento para el discurso político y, aún más, para el aprovechamiento político” [12].

Es así que si bien la apuesta de la región agro-minero-turística, en palabras de un periodista local, puede estar bien intencionada, está debe reevaluarse, trabajarse y mejorarse integralmente en dialogo con el pueblo, las comunidades y las organizaciones sociales para dejar de ser solo un bonito cliché. No trabajarlo en esa perspectiva, y repitiendo a rajatabla los vicios del modelo dominante extractivista, nos ubicara en escenarios convulsos como los vividos en regiones hermanas en los últimos años.

Notas:

1. Agradezco a José Abilio Guillén en la búsqueda de información cuantitativa y aportes al artículo.
2. Ver presentación de la revista Luz en los Andes del Gobierno Regional de Apurímac. Abancay, abril 2013.
3. Federación Regional de Comunidades Campesinas Agrarios y Productores de Apurímac.
4. La pregunta fue planteada por Raphael Hoetmer en conversatorio desarrollado en Abancay 2013.
5. Para una comprensión más completa de la minería y sus impactos véase “Apurímac; la gestión del territorio y minería”. José De Echave, Cusco, setiembre 2012.
6. En provincias como Cotabambasla concesión llega al 79% y en otras como Antabamba y Aymaraes, bordean el 70%.
7. MEM, 2013, Cartera estimada de Proyectos de Inversión en Apurímac.
8. Revista MinerAndina y Sociedad, volumen 10, No 36, setiembre 2012.
9. Ibid.
10. Cabe agregar, además, que las comunidades si han buscado su desarrollo desde siglos atrás. Numerosos estudios antropológicos e históricos dan cuenta de ello. De hecho la toma de tierras se hizo bajo ese marco.
11. Véase “Visión general de la conflictividad social asociada a actividades extractivas; el caso de Apurímac” de Elias Segovia. En Buscando Salidas a la Conflictividad Social, DESCO, Lima 2013.
12. Ibid.