Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Bienvenidos los intérpretes

Luis Andrade Ciudad
Lingüista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Treinta hablantes de seis lenguas indígenas han concluido hace pocos días, en Lima, una capacitación organizada por el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, para desempeñarse como intérpretes oficiales en los procesos de consulta previa que lleve a cabo el Estado en el futuro. Es una buena noticia que no debe perderse de vista, pues por primera vez el Estado asume la responsabilidad de emprender acciones para comunicarse con los hablantes de seis idiomas nativos en sus propias lenguas, en aquellos territorios en que constituyan la mayoría de la población, para discutir las medidas legislativas y administrativas que los afecten directamente.

No se trata de una dádiva del Estado sino de un derecho ciudadano y de una exigencia política de larga data. Por un lado, el uso de la lengua materna es un derecho constitucional que hoy se encuentra explícitamente expresado en la “Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú” (Ley 29735), pero esta exigencia es aún mayor si se trata de la discusión de iniciativas relacionadas con los derechos de los propios pueblos indígenas, como se reconoce en la recientemente aprobada “Ley de Consulta Previa” (Ley 29785).

Asumir esta responsabilidad constituye también una deuda política para el Estado. Los peruanos hemos sido testigos, en los años recientes, de lo corrosivo que puede ser para la democracia y la gobernabilidad el desprecio por las visiones de desarrollo, las formas de vida y los idiomas de los pueblos indígenas, desprecio que muchas veces ha sido ejercido desde las más altas esferas gubernamentales. No es casual que, en nuestro país, la existencia de ciudadanías de segunda clase haya sido acompañada por la concepción de que algunas lenguas indígenas pueden ser consideradas “dialectos”, es decir, entidades lingüísticas de segunda categoría.

Por eso es importante que la capacitación haya reunido a hablantes de asháninka, awajún, aimara, machiguenga, quechua y shipibo-konibo, y que el viceministerio plantee incluir otras lenguas amazónicas —como el shawi, el yine y el achuar— en la próxima versión de la experiencia. También hay que resaltar que, además de lograr una paridad de género entre los participantes, se haya buscado convocar a hablantes de diferentes variedades de la familia lingüística quechua, y no solo de las que gozan de mayor prestigio o tradición, como la cuzqueña y la ayacuchana. Para elegir a los treinta intérpretes seleccionados, no se ha tomado en cuenta solamente la fluidez en la lengua indígena y en el castellano, sino también el considerarse miembro de un pueblo indígena, participando de las prácticas sociales y culturales que lo definen.

Sin embargo, existen claros desafíos para que la capacitación realizada termine dando los frutos esperados para el proceso de democratización y la búsqueda de un país más justo, progresivamente alejado de las sombras de Conga y Espinar. En el terreno individual, además de las capacidades expresivas y cognitivas que la interpretación-traducción siempre exige, en un país diverso y desigual como el nuestro, ser intérprete-traductor en lengua indígena y castellano supondrá muchas veces una fina mediación entre maneras distintas de ver el mundo, y entre valores y modos de vida no siempre fáciles de conectar, porque, además de ser distintos, están fuertemente jerarquizados. El carácter intercultural de la interpretación y la traducción constituirá, pues, un reto permanente para los nuevos profesionales.

A ello debe sumarse un reto propiamente lingüístico. En buena parte de su trabajo, los traductores-intérpretes deberán vérselas con términos de jergas especializadas del castellano: palabras jurídicas, empresariales, ingenieriles que deberán verter al idioma indígena tratando de evitar préstamos innecesarios, pero también neologismos forzados basados en un purismo paralizante. Paralelamente, supondrá también un exigente trabajo traducir conceptos claves y complejos de las culturas indígenas, muchas veces expresados a través de una sola palabra, al castellano. Tareas como estas requerirán una coordinación que vaya aprovechando las experiencias aisladas para contar con una base terminológica útil en cada nuevo ejercicio profesional. Acompañar adecuadamente la labor de los intérpretes supondrá, pues, ajustes institucionales si lo que se busca es enriquecer la tradición de las lenguas indígenas, favoreciendo su uso y valoración. Así, se podrá vincular, en el futuro, el ejercicio de los nuevos intérpretes con las aún inexistentes políticas nacionales de lenguas originarias a las que se refiere la Ley 29735.

Por otro lado, cabe mencionar que el intérprete asume siempre un lugar especial, basado en la confianza entre partes que necesitan comunicarse. Esta confianza, que siempre es relativa, puede resquebrajarse gravemente en momentos de conflicto. El ejercicio ético del oficio debe fortalecer progresivamente las bases de esa confianza, pero, nuevamente, esto no solo tiene una cara individual sino también institucional: tratándose de intérpretes del Estado, habría que preguntarse cuál será el lugar que estos profesionales tendrán desde el punto de vista laboral, pensando con fineza cuáles serán los mejores incentivos institucionales para promover un desempeño apropiado del oficio, más allá de la trayectoria personal de cada traductor-intérprete. A este respecto, debería recordarse que los profesionales capacitados, al pasar a ser intérpretes oficiales, están aportando —y arriesgando— el capital social que han ganado a través de su propia trayectoria comunitaria. Los responsables de la formulación de políticas no deberían perder de vista esta contribución que ellos y ellas, desde ya, están haciendo al Estado.

Un reto que puede representar la experiencia en el nivel comunitario reside en el hecho de que el rol del intérprete supone una posición nueva para aquellos profesionales indígenas con una tradición de liderazgo y de identificación con su propia comunidad. Esta nueva posición no significa que dejen de ser miembros de sus propios pueblos ni que abandonen las agendas que habían enarbolado antes, pero tomar conciencia del nuevo papel y pensar detalladamente las exigencias que este implica constituye una necesidad que no debería pasarse por alto, y que debería trabajarse con el apoyo de facilitadores especializados en psicología y ciencias sociales. Tampoco se busca, claro está, formar una clase privilegiada de profesionales desvinculados de sus antiguos pueblos por el estatus que supondría el nuevo cargo.

Tras reconocer esta diversidad de retos, que seguramente no son los únicos, quisiera resaltar el que, a mi modo de ver, constituye el desafío mayor para la nueva experiencia. Este atañe centralmente al Estado y al modelo de desarrollo vigente. En este terreno, una pregunta legítima es cuál será el sentido que cobrará la participación de los intérpretes-traductores en la discusión de medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas por estar asociadas con las agendas de la empresa privada. En un modelo en el que las políticas estatales relacionadas con los recursos naturales se han entendido como una simple traducción de los proyectos empresariales, algunos actores políticos han planteado que el problema es que el Estado no ha sabido comunicar las ventajas y potencialidades de dichos proyectos, mostrándose incapaz de persuadir a los pueblos indígenas de las promesas del desarrollo.

Desde este punto de vista, en el que existe una sola vía para el desarrollo, aquella que proponen las empresas extractivas y los gobiernos que las han acompañado, no tiene sentido escuchar voces que planteen caminos alternativos. Así, mucho de lo que podrían proponer los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, no podría ni debería tener un lugar en la discusión pública. Desde un enfoque como este, bien se podría pensar que los intérpretes oficiales están allí simplemente para traducir de la mejor manera posible esa visión hegemónica, y no para hacer llegar al Estado las posturas discordantes o simplemente diferentes. Este punto de vista negaría, de plano, la oportunidad que supone este momento para escuchar seriamente no solo otras lenguas, que podrían ser tomadas como meras piezas decorativas en un escenario moderno y supuestamente democrático, sino lo que tienen que decirnos, a través de sus propios idiomas, y por medio de los flamantes intérpretes, ciudadanos y ciudadanas cada vez más conscientes de sus derechos.

Para quienes piensen de esta manera, no estará de más recordar el sentido de la consulta previa, establecido por la propia Ley 29785: “La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios […] a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”. Es en este espíritu, que apunta al respeto de los pueblos indígenas y a su participación informada en la toma de las grandes decisiones, que debe entenderse el rol de los nuevos intérpretes y traductores oficiales, y es en este marco que debe dárseles la bienvenida