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Una publicación de la asociación SER

Concesiones mineras, un modelo insostenible

El actual modelo de otorgamiento de concesiones mineras es insostenible. Si el gobierno peruano quiere garantizar que la industria minera se desarrolle de forma responsable, no puede seguir actuando como si no hubiera ningún problema, y, sobre todo, debe dejar de prestar atención a quienes, desde el sector minero (público y privado), inciden en ocultar los defectos del sistema de concesiones, cuando señalan que “una concesión minera no significa nada”[1].

En efecto, a decir de estos actores, la concesión minera no pasa de ser una mera “expectativa”, que no tiene mayor efecto ni consecuencias. Por tanto, las preocupaciones de la población sobre el alto número de concesiones mineras, su superposición sobre tierras de propiedad de comunidades y de otras personas, así como con otros tipos de concesiones de recursos naturales (por ejemplo, las forestales), y en torno a la necesidad de modificar el actual modelo de otorgamiento de derechos mineros, no tienen ningún sentido. Sin embargo, en el país, tenemos bastantes ejemplos que demuestran que es imprescindible modernizar el sistema de otorgamiento de concesiones. Para muestra unos pocos ejemplos.

Uno

Hace algunos días, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, informó que la empresa Bear Creek Mining Corporation había suspendido el proyecto minero Corani, ubicado en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Carabaya (Puno), a esperas del resultado de la demanda que planteó contra el Estado Peruano por la derogatoria de su autorización a adquirir la concesión minera del proyecto Santa Ana, el año 2011[2].

Como se recuerda, las protestas realizadas por la población del sur de la región de Puno llevaron al gobierno de Alan García a emitir el D.S. N°032-2011, que derogó el D.S. N°083-2007-EM, dispositivo que permitía a Bear Creek adquirir y poseer concesiones dentro de los 50 kilómetros de la frontera. La respuesta de la empresa, luego de algunos años de negociación con el Estado, ha sido recurrir al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en virtud del TLC Perú-Canadá[3], exigiendo una indemnización estimada en US$1200 millones[4].

Al respecto, una primera pregunta que surge es si una demanda de este tipo podría ser planteada si es que, efectivamente, la concesión no significara nada, como señalan sus defensores. La actuación de empresas como Brear Creek, que alega una supuesta  “expropiación”[5] de la concesión, demuestra que ello no es así.

Por otro lado, si esta empresa ganara su demanda y hubiera que pagar la millonaria reparación que exige, ¿tienen previstos el ministerio de Energía y Minas y el INGEMMET los recursos necesarios o, por lo menos, han establecido algún tipo de fondo de contingencias? Y en otro nivel de cosas, ¿es razonable un sistema de concesiones que pone al Estado en situación de afrontar demandas por miles de millones de dólares?[6].

Dos

El proceso de formalización de la minería informal en el país es uno de los grandes temas pendientes de resolver por parte del gobierno. Iniciado a presión de los gremios mineros y con el rol protagónico de los “responsables” ambientalistas gubernamentales, el proceso ha llegado a un punto muerto. Los operadores mineros que han iniciado procesos de formalización no pueden avanzar ya que las áreas en las que operan están concesionadas a terceros.

El problema es de tal naturaleza que, según cifras contenidas en un informe de la Defensoría del Pueblo, de las 77723 personas que solicitaron iniciar el proceso de formalización desde el año 2012, sólo han logrado acreditar que cuentan con un derecho de concesión 3234, mientras otras 787 pudieron suscribir contratos mineros de cesión o de explotación con los titulares[7].

Dicho en otras palabras, la mayoría de mineros informales no podrán formalizarse en tanto no se modifiquen los requisitos de vigencia de una concesión minera.  Frente a ello, y como el gobierno no quiere admitir la necesidad de una reforma legal, la única medida que ha implementado ha sido la conformación de mesas de negociación entre concesionarios mineros y mineros informales. Sin embargo, estas no han tenido mayor éxito, ante la mayoritaria negativa de los titulares de la concesión a ceder sus derechos o llegar algún tipo de acuerdo sobre estos.

Frente a tamaño problema, ¿qué harán el ministerio del Ambiente y el ministerio de Energía y Minas para solucionar un conflicto que afecta a miles de concesiones ocupadas por mineros informales que no pueden formalizarse?, ¿serán capaces de “destrabar” el proceso de formalización, modificando las características jurídicas de la concesión minera? Y dado que existen derechos adquiridos, ¿cuántas nuevas demandas contra el Estado se producirán por los concesionarios que aleguen estar afectados, como lo hace ahora Bear Creek?

Tres

Como sabemos, año a año aumenta el número de concesiones en el país. Según un informe de Propuesta Ciudadana, en 1990 existían 6900 concesiones, que pasaron a ser 11858 el 2002, 51892 el 2012, 57388 el 2013 y 59926 a mayo del 2014. Es decir, un incremento, en 15 años, de casi un 900%.

Aunque Propuesta Ciudadana precisa que “sólo en el 6.07% de los derechos mineros otorgados se realizan actividades de exploración y explotación minera, lo que significa que en el restante 94% de ellos no se registra ningún tipo de actividad”[8] (esta cifra debe ser matizada, ya que hay que sumar el porcentaje de concesiones utilizadas por los mineros informales), estamos hablando de miles de solicitantes que año a año gestionan el otorgamiento de nuevas concesiones o realizan el pago anual para conservar las que ya tienen.

Este entusiasmo del Estado para entregar concesiones mineras y el interés desmedido de las personas naturales y jurídicas que las solicitan y pagan anualmente la tasa para mantenerlas, ha traído como consecuencia un aumento de la conflictividad social, con los perjuicios personales y materiales que ya conocemos. Frente a un escenario de esta naturaleza, ¿qué beneficio obtiene el Estado Peruano al otorgar miles de concesiones mineras, si no está preparado para controlar la conflictividad social que éstas generan? ¿Acaso los beneficios son tan altos como para superar a los daños y perjuicios causados por la conflictividad social y legal que va en aumento?, ¿por qué el gobierno se niega a realizar una revisión del sistema de concesión minera? O, en todo caso, ¿por qué no sustenta públicamente las razones de su proceder?

Lo cierto es que la problemática provocada por la política de concesiones mineras ha llevado al país a un escenario de desorden, especulación e incertidumbre. Continuar por un camino que permite el crecimiento exponencial de las concesiones sin planificación alguna, que pone al Estado en riesgo de ser demandado por sumas millonarias, que frena procesos de formalización y, además, ha llegado a generar temor en la población, por el incremento sin justificación ni racionalidad de los territorios concesionados, no tiene ningún sentido.


[1]Declaración del ex viceministro de Minas y actual candidato presidencial Rómulo Mucho, recogidas por el periodista Gilmer Inquilla.

[2]Mina de Corani no podrá ejecutarse por demanda por mina Santa Ana.

http://www.losandes.com.pe/Nacional/20150610/89180.html

[3] Bear Creek Mining Corporation v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/14/21)

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC5432_En&caseId=C3745

[4]Demanda de Bear Creek le costaría US$1.200 millones al Perú

http://elcomercio.pe/economia/peru/demanda-bear-creek-le-costaria-us1200-millones-al-peru-noticia-1708056

[5] “In the arbitration proceeding, Bear Creek seeks full reparation resulting from, among other things, the expropriation of the Santa Ana project and Peru's violations of the TPA and international law.”

http://www.bearcreekmining.com/s/santa-ana.asp?ReportID=619757.

[6]Dicho sea de paso, con el planteamiento de la demanda hecha por Bear Creek, el CIADI ha solicitado a ambas partes un depósito adelantado de 200 mil dólares como pago por los honorarios, es decir una suma similar a la que recibe el Estado por los derechos anuales de casi 70 mil hectáreas entregadas en concesión. ¿Vale la pena llegar a este extremo sólo por cobrar US$ 3.00 dólares al año por hectárea concesionada?

[7]Defensoría del Pueblo (2014). Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú. 2012-2014 Supervisión a las entidades de alcance nacional y regional. Informe Defensorial N° 167.

[8]Grupo Propuesta Ciudadana (2014). Concesiones Mineras en el Perú. Análisis y Propuestas de Política.

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/REPORTE CONCESIONES MINERAS.pdf