Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Consulta hora cero

Al parecer en los próximos días se conocerá el texto del reglamento de la Ley de Consulta Previa aprobado por el Ejecutivo. El proceso de elaboración y construcción de consensos sobre sus principales contenidos ha sido más largo y accidentado de lo pensado. Esperemos que los responsables de dar la luz verde al texto no hayan hecho cambios que confirmen las  razones por las que un grupo de líderes indígenas y rurales  decidieron retirarse del proceso.

Y es que, al final, algunas de las principales organizaciones que fueron las que lograron en su momento, forzar el reconocimiento de este derecho, decidieron dar un paso al costado y retirarse del proceso. Mención especial merece AIDESEP;  porque fue la lucha indígena que lideró esta organización, en los años 2008 y 2009, la que creó las condiciones políticas para que el Estado no tuviera más remedio que aceptar la validez de la Consulta.

La demanda principal de AIDESEP y CONACAMI de revisar la Ley de Consulta aprobada por el Congreso, responde, en mi opinión, a una evaluación equivocada del momento político y de la correlación de fuerzas existente alrededor de los temas indígenas. Es penoso decirlo, pero cualquier intento de revisión de la norma podría producir cambios que representen más bien un retroceso en lo aprobado durante la primera legislatura presidida por el congresista Abugattas. Es poco probable que este Congreso aprobara, por ejemplo, el derecho a veto, tal como lo conciben estas organizaciones, por más respaldo que busquen en los contenidos de  los convenios internacionales que ha suscrito el Perú.

Sin embargo, sería un error que desde el Ejecutivo creyeran que tienen las condiciones a su favor para cuestionar el derecho de los indígenas andinos o para desconocer la representación de las organizaciones que consiguieron la aprobación de la ley o para cerrar los ojos a aquellas situaciones en las que sí o sí, se requiere el consentimiento de los pueblos indígenas. 

Y es que pretender esto, sería desconocer los procesos que se vienen desarrollando desde ya hace un buen tiempo: recuperación y fortalecimiento de identidades indígenas, poblaciones que demandan ser consultadas ante la posibilidad de ser reasentadas por grandes proyectos, organizaciones que muestran capacidad de convocatoria y movilización en momentos en los que las poblaciones indígenas y rurales sienten que sus medios de vida se hallan en peligro.

Si el gobierno cometiera ese error, además de empujar afuera a las organizaciones que hasta el momento apoyaron el proceso, debilitaría un instrumento que podría ayudar a canalizar las demandas indígenas y alimentaría la conflictividad social que, sin duda, se reactivará en los próximos meses.