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Una publicación de la asociación SER

Corrupción en las próximas elecciones: el otro ‘boom’ de la construcción

El escándalo de corrupción más emblemático de los últimos tiempos en América Latina conocido como el caso Lava Jato trajo consigo consecuencias políticas severas, así como la oportunidad para reflexionar sobre los efectos de la corrupción en distintos niveles. La constructora brasileña Odebrecht admitió haber realizado pagos por 29 millones de dólares en el Perú entre el 2005 y el 2014 para lograr la adjudicación de obras de infraestructura de diversa índole. Este periodo involucra a políticos y ex presidentes, así como gestores de políticas públicas y funcionarios de menor rango por igual. Asimismo, deja entrever cómo opera la corrupción en unos de los rubros más susceptible a ella: las obras públicas.

Este año se realizaron las elecciones regionales y municipales, y ello nos lleva a la necesidad de repensar cómo reducir los riesgos de corrupción y la mejor manera de monitorear el gasto público. Casi la mitad del presupuesto nacional del presente año fue otorgado a los gobiernos subnacionales, y en  gran parte, destinado a obras públicas. Sin embargo, América Latina tiene la brecha de infraestructura más grande del mundo, solo superada por África subsahariana. Además de revelar una oportunidad única para autoridades en busca de enriquecimiento ilícito, también demuestra la necesidad de desarrollar grandes vías de interconexión y el mejoramiento de condiciones de vida de las personas en zonas rurales de nuestro país.

No sorprende que este tipo de obras sean las preferidas de nuestras autoridades locales puesto que producen réditos inmediatos en términos de popularidad. Placas recordatorias, grandes inauguraciones, colores distintivos de los partidos, y hasta monumentos conmemorativos desde los más modestos hasta los más colosales como el ‘Cristo del Pacífico’ (financiado en su mayoría por Odebrecht, y por el entonces presidente Alan García). Es decir, los efectos de la inversión en infraestructura tienen efectos tangibles en corto tiempo, a diferencia de sectores como educación o salud, además de ser utilizados con fines proselitistas por las autoridades.

Las oportunidades que trae consigo la ejecución de una obra pública son diversas. Si se trata de la ejecución directa de determinada municipalidad, hay posibilidad de dilaciones o sobrecostos. En el caso de tercerización a empresas ejecutoras, los riesgos empiezan desde los mecanismos de selección, que de acuerdo a la legislación vigente pueden ser cuatro: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía. En el caso de los dos primeros, se subastan a los postores con la mejor oferta, mientras que en los dos últimos, se deja a discrecionalidad de la entidad edil. Cabe mencionar que no todos los costos en obras públicas son producto de la corrupción. En algunos casos, también se debe a la ineficiencia propia de las instituciones, lo cual supone un tratamiento diferente al monitoreo, y más bien orientado al fortalecimiento de capacidades.

En un estudio realizado por Paul Lagunes (2017) con el apoyo de Proética y la Contraloría General de la República del Perú, se seleccionaron 200 gobiernos. Los municipios se dividieron en dos grupos donde el primero recibiría cartas señalando que las obras públicas estaban siendo monitoreadas, y el otro no. Las obras sujetas a monitoreo fueron pistas, veredas, mercados y lozas deportivas dentro del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. El uso de experimentos en el campo de la corrupción no es nuevo, pero dejan importantes lecciones. Los resultados demuestran que, pese el tiempo que tomaron en ejecutarse las obras fue relativamente el mismo, existen diferencias sustanciales en lo que costaron finalmente las monitoreadas y sin monitorear. De acuerdo a los hallazgos del estudio, el Estado peruano ahorró 24 millones de soles, o 243 mil soles por obra monitoreada.

Uno de los elementos claves en la lucha contra la corrupción es encontrar maneras efectivas para el monitoreo y sanción de individuos abusando de sus cargos públicos. La conformación de alianzas entre entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia es una nueva vía que vale explorar en la lucha anti-corrupción. Por un lado, la capacidad de sancionar por parte del Estado y la posibilidad de llevar a cabo un monitoreo y seguimiento en diferentes localidades a través de organizaciones no gubernamentales, así como el diseño e implementación de metodologías experimentales a cargo de investigadores académicos se traducen en oportunidades para fortalecer los mecanismos orientados a reducir los riesgos de corrupción a nivel nacional.

 

Denisse Rodríguez pertenece a la Plataforma Comadre, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.