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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Criminalización y crisis de gobernabilidad

Desde la época del gobierno de Fujimori hasta la actualidad se han venido aplicando diversos mecanismos legales que judicializan la protesta que realizan los sectores sociales como forma de reclamar la solución a sus demandas reivindicativas o de rechazar decisiones de gobierno que consideran atentatorias contra sus derechos. Últimamente, uno de los casos emblemáticos es el conflicto de Tía María con paralización de actividades productivas, movilización, bloqueo de carreteras, enfrentamientos con la policía, entre otros.  El caso más actual es el de la sentencia dictada por el Poder Judicial al Gobernador de Puno Walter Aduviri, como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el “Aymarazo”. A ello hay que añadir una lista de líderes sociales y autoridades municipales acusados o en proceso de serlo por causas similares.

Actos como destruir propiedades, afectar vidas humanas e impedir el libre tránsito de las personas son cuestionables, y por ello se llega a situaciones de judicialización y sanción a los que los cometen. Sin embargo, lo señalado no explica las razones ni el contexto en que ocurren. Se puede partir de expresar el rechazo o molestia por los actos ya mencionados, por los efectos que generan en las personas, muchas de ellas ajenas a la protesta e incluso en quienes están involucradas en las mismas. Todos y todas deseamos vivir en paz, tranquilidad y seguridad plenas. De lo que se trata es de intentar comprender y explicar porque se dan y se incrementan estas formas de acción que promueven hombres y mujeres de la sociedad civil, y que para la estructura oficial del Estado significan  actos que trasgreden el Estado de Derecho. Si se trata de poner orden en el país y reglas de juego iguales para todos, también habría que ubicar y judicializar las diversas manifestaciones que alteran o trasgreden las condiciones más elementales para que podamos vivir en una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Desde esa mirada se hace evidente que no solo los actos cuestionados en Tía María o en Puno merecerían ser judicializados sino que también deberían serlo diversas manifestaciones propias de otros actores y sectores sociales, como veremos a continuación.

El Estado de derecho es un ejercicio que puede ser definido y sostenido con más firmeza mientras sus bases sean más consensuadas y legitimadas por la mayoría de los actores sociales, políticos y económicos. No es un dogma sin contenido ajeno a la realidad de cada país. Sino no se discutiría como manejan el Estado de Derecho países como China, Rusia, India, Estados Unidos, y otros donde se conculcan libertades básicas de las mujeres o de las personas con orientación sexual diferente. Por lo tanto hay una directa relación entre gobernabilidad y Estado de Derecho. A más crisis de gobernabilidad, a más déficit de ciudadanía, a menos capacidad institucional de los gobiernos, el ejercicio del Estado de Derecho se verá seriamente menguado.

Surgen en torno a esta realidad por lo menos dos preguntas:

En primer lugar, sin justificar diversos actos de protesta o los extremos a los que llegan algunos de ellos, ¿Qué otros mecanismos de reclamos sociales han resultado favorables para que los diversos actores en conflicto se reúnan a conversar y negociar? ¿Cómo se ejercen formas de diálogo o negociación entre actores con notorias relaciones asimétricas de poder? Los que tenemos años de vivencias sociopolíticas podemos notar cambios en el comportamiento de los actores desfavorecidos con las acciones de los gobiernos y empresas, principalmente extractivas. Antes se percibía un largo y tedioso procedimiento de reclamos escritos ninguneados persistentemente por autoridades insensibles o mejor dicho solo sensibles a ciertos grupos de poder, para luego, como ahora, el casi abandono de estas formas “respetuosas” e inefectivas, para trascender a lo que son estas medidas de protestas criminalizadas y que, a diferencia de las anteriores, ahora si dan resultados prácticos, y hacen que hasta las máximas autoridades del país se hagan presentes casi de inmediato para intentar atender el conflicto aunque no necesariamente resolverlo. ¿Quién o quienes tienen la mayor responsabilidad de estas situaciones de conflictividad y de los efectos que generan en la vida y propiedad de las personas? Lo evidente es que las autoridades gubernamentales o los sectores empresariales en la gran mayoría de casos llegan a acuerdos con las poblaciones en conflicto solo después que se recurrió a las medidas de presión sujetas de criminalización.

En segundo lugar, vale preguntar ¿Por qué no se criminalizan y van a prisión los responsables de otras situaciones más violentas para los derechos humanos o la vida de la gente y de la naturaleza como son los más de 6,000 pasivos ambientales dejados por la minería irresponsable, los derrames de petróleo y la degradación de ríos, mares y otros cuerpos de agua, la exportación de madera proveniente de la tala ilegal de bosques, el negociado de la minería ilegal de oro (y no a los pobres extractores de los recursos, sino a los poderes que actúan impunemente), la invasión y despojo a las comunidades nativas de sus territorios ancestrales? La existencia de una sociedad milenaria como la Awajun recién fue conocida por la mayoría de la población peruana luego del “Baguazo” en el que lamentablemente perdieron la vida más de treinta personas, mayormente policías, debido a la irresponsabilidad de un gobierno que no solo ignoraba los derechos de estas poblaciones sino que decidió subestimarlos. Una vez más, con también ocurrió en Bagua ¿se debería esperar estas circunstancias de violencia extrema para que las autoridades nacionales reaccionen y respondan con mayor tino y justicia?

A todos debiera preocupar los costos de reparación de los daños generados por las formas de protesta que son asumidos por el Estado o por los privados dependiendo del tipo de propiedad. Situaciones que podrían ser evitadas si tan solo se escuchara y se establecieran canales oportunos de diálogo. La Defensoría del Pueblo permanentemente nos advierte sobre la conflictividad y  pareciera que solo es considerada una vez que los problemas estallan. Pero, además de lo señalado, ¿a quién le preocupa quien cubre los perjuicios ocasionados por las empresas responsables de los pasivos ambientales, o de la degradación de bosques y de cuerpos de agua? Y son muy onerosos y pareciera irreparables. Esta realidad puede indicar como los actos de destrucción que realizan estas personas o empresas están por encima del interés público y del Estado de Derecho, acusación que unilateralmente solo le corresponde a las medidas de protesta.  Un aspecto de carácter estructural a considerar para otro momento de análisis es como la implementación de un modelo económico y social neoliberal en sí mismo es lo que genera la conflictividad social y ambiental.

Finalmente, es un hecho reiterativo el señalamiento por muchos medios de información que los actos de protesta criminalizada son generados para enfrentarse a la inversión privada y por lo tanto serian opuestos a los beneficios que genera la minería. No es correcto relacionar acciones contra la inversión extractiva minera con traba al progreso. Hay muchas formas de inversión pública y privada tan o más importantes que la minería como la agricultura, el turismo, la manufactura, y no parece que las manifestaciones de protesta se opongan a todas ellas, o en muchos casos ni siquiera a la minería en sí misma, sino al comportamiento de algunas empresas. Asimismo, no estamos lejos de lo que ha significado la vivencia de malas prácticas extractivas, no solo con sus pasivos ambientales sino con las agresiones a los derechos de las comunidades locales, y debieran ser las empresas modernas quienes muestren transparentemente que su práctica es responsable.

Igualmente, diversos medios de información sostienen que esos actos de protesta social se realizan para propiciar oportunidades para encaramarse en cargos políticos. Esta afirmación pareciera ser una verdad para cualquiera y no solo para algunos dirigentes sociales, sino veamos lo que ocurre en las demás esferas de poder donde se dan otras posibilidades de promoción política incluyendo el financiamiento a campañas y a periodistas por parte de grandes empresas como Oderbercht, OAS, Camargo Correa, Graña y Montero y el “club de la construcción”, que luego se cobrarán con creces los beneficios brindados. Por lo demás, con lo señalado y lo que se ha descubierto dramáticamente en el país en los últimos años, cada vez es más claro que la democracia no se expresa lícitamente en los procesos eleccionarios, como muchos pretenden señalar.

En conclusión, puede establecerse el señalamiento de los alcances o límites de los actos de protesta, y hasta establecer sanciones como las de la judicialización de aquellas que trasgredan ciertos parámetros o reglas. Sin embargo, más allá de estar de acuerdo con las mismas, la discusión y el análisis no puede darse sesgadamente, si no que deberíamos partir de la existencia de las condiciones adecuadas de gobernabilidad. Si esas condiciones ya no pueden darse, lo que queda es transitar a los nuevos desafíos de la gobernanza o de la efectiva participación organizada de la sociedad en la gestión del desarrollo a través de sus diversas redes y formas de acción. Mientras tanto, lo que corresponde es crear y fortalecer institucionalidad política y social que incluya estrategias más pertinentes de movilización ciudadana, así como una revisión y un mayor consenso de lo que significa el Estado de Derecho. Que no se restrinja a poner límites a los actores sociales sino que comprometa y determine reglas claras para todos y todas, incluyendo a quienes pueden sentirse beneficiados de un escenario muy lejano de la equidad, la inclusión y la justicia para la mayoría de la población. Aunque no guste a algunos sectores políticos y sus medios de expresión, muchas de las acciones de protesta social están contribuyendo a abrir nuevos espacios de diálogo y de canales de interlocución con los actores locales, de construcción de mecanismos ciudadanos, de creación de consensos hacia alternativas de gestión y planificación con un enfoque de desarrollo territorial.