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Una publicación de la asociación SER
Licenciado en Filosofía por la PUCP. Especialista en conflictos sociales con interés en temas de reconocimiento, filosofía política e interculturalidad. Melómano.

Crisis de autoridad

Foto: El Comercio

La coyuntura me conmina a escribir algo distinto a lo que había prometido en la última colaboración que hice a Noticias SER hace casi un mes. En este tiempo en que en el Perú pueden suceder decenas de situaciones a una velocidad de vértigo, una idea de artículo puede pasar de moda tan solo en cuestión de horas.

Sin embargo, lo que no pasa de moda, es la crisis de legitimidad de nuestras autoridades. Esta que va profundizándose tanto que ya muchos piensan si aquellas tienen algún tipo de poder o despiertan el respeto necesario sobre el orden de las cosas que deben regir a toda sociedad que pretende ser civilizada.

Por ejemplo, el Congreso de acuerdo a la encuesta de GFK del 23 de septiembre pasado solo tiene 6% de aprobación y una desaprobación del 90%. Y todo indica que seguirá descendiendo. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, cuyo máximo representante no es aceptado por un 73% de los encuestados. O sea, está en cuestión su rol como Fiscal de la Nación. Y esto no es poca cosa. ¿No es motivo para preguntarnos por la fortaleza de nuestras autoridades?

Y también lo vemos en los distintos conflictos sociales de nuestro país. Por ejemplo, la toma de carreteras, la retención de funcionarios, la quema de locales o instituciones públicas, la clausura violenta de municipios son desafíos claros a eso que llamamos el orden legal. En resumen, esto sería el reflejo de una actitud desdeñosa hacia la autoridad.

Siempre se dice que “el diálogo es el camino para resolver los conflictos sociales”. Pero esto queda en el mero deseo si no se toma en cuenta las necesarias condiciones para que los oponentes dialoguen. Sobre todo cuando son casos que involucran a agentes del Estado que es representado por funcionarios o autoridades. Y una de las condiciones necesarias es que exista un necesario reconocimiento y respeto de los roles a todos los actores involucrados.

¿Qué ha sucedido cuando el diálogo no ha prosperado? Normalmente las relaciones se rompen, se generan climas tensos entre la ciudadanía y los actores en conflicto, etc. Y, a veces, el Estado presionado para “hacer sentir su autoridad” usa la fuerza intentando así contener las protestas o movimientos sociales.

Hannah Arendt decía que «se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa (...) cuando se utilizan los argumentos, la autoridad permanece en situación latente». Sobran ejemplos en la historia de los conflictos sociales, pero también en nuestra vida cotidiana en que el fracaso de la autoridad ha conllevado a violentar al otro para así imponer sus principios. Y también los beneficios cuando se ejerce la autoridad.

Pero no solo hablamos de la “fuerza” entendida como el uso de las armas o de procedimientos  policiacos. También se expresa en el uso del insulto, la descalificación o del ninguneo. O aquello que se impone desde el griterío cuya estridencia suele beneficiar a quien lo usa ya que las partes antagónicas que lo aborrecen o en el afán de calmar situaciones tensas ceden ante la prepotencia del ruido.

No podemos estar ajenos y no reconocer que nuestras relaciones sociales se están conduciendo por la vía de confundir “autoridad” con “uso de la fuerza” prescindiendo del consenso o del ejercicio de la democracia. Las autoridades que necesitamos deben hacer descansa su “fuerza” en “el prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia” tal como lo señala la DRAE.

De acuerdo a esta última acepción, ¿cuántas autoridades peruanas calzarían en esa descripción? ¿Cuántos congresistas se destacan por persuadir, convencer entusiasmar con argumentos razonables o con actitudes propositivas? ¿Acaso, sobre todo este congreso, no han ejercido su mandato usando la fuerza que le confiere el número o la mayoría?

Lo mismo podemos decir de las otras autoridades o funcionarios en el resto del país. Han perdido respeto y legitimidad entre nosotros los ciudadanos. Es verdad que también entre estos existen quienes no están dispuestos a obedecer a la ley. Pero estos adquieren fuerza porque las malas autoridades contribuyen al descrédito.

Por ejemplo, en los conflictos sociales cuando los actores en protesta rechazan a “autoridades intermedias” no es por necedad, ni porque no conozcan los límites del funcionario o de la ley. Esto sucede porque este tipo de autoridades no se han manejado respetando compromisos y a las propias normas del Estado. Y la legitimidad de quien ejerce la autoridad descansa en la capacidad de ejercer obediencia desde quienes reconocen en él “que es correcto obedecerle”.

Necesitamos recuperar el valor de nuestras autoridades, no podemos prescindir de ellas. Lo lamentable es que por ahora existe la idea extendida de desapego a ellos. Por esto es importante que quienes aspiren o ejerzan la autoridad lo hagan para fortalecerla y no para debilitar esta institución.